El magistrado Manuel García Castellón sigue viendo indicios de delito en el destrozo de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham. El instructor del caso Tándem mantiene que es necesario investigar los pormenores de este capítulo y aguardar las conclusiones de la Policía antes de zanjar esta línea de investigación que se sigue en el procedimiento. De hecho, sostiene que "la única explicación posible" con los indicios que cuenta en la actualidad es que la tarjeta se inutilizara mientras estuvo bajo el poder del exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias.
Así lo recoge en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que rechaza el recurso interpuesto por la que fuera asesora de Iglesias contra la providencia del pasado mes de febrero en la que reabría las actuaciones. El magistrado que indaga todos los encargos privados de Villarejo concluyó en octubre la investigación abierta en esta pieza décima de la causa relativa al robo de la tarjeta telefónica de Dina Bousselham y su posterior difusión en prensa. De este modo, propuso juzgar a Villarejo y otros dos periodistas más, a la par que envió una exposición razonada al Tribunal Supremo al sospechar que Iglesias tuvo algo que ver con el destrozo de la tarjeta SD.
Sin embargo, el alto tribunal, en sintonía con el criterio de la Fiscalía, consideró que no se habían recabado las pruebas suficientes para abrir causa contra Iglesias (en el momento de los hechos aforado) y devolvió las actuaciones a la Audiencia Nacional. En ese contexto, el magistrado reabrió la investigación y volvió a requerir a la Policía Científica para que informara si había alguna posibilidad para poder acceder al contenido del dispositivo, el cual, tras su presunta sustracción, acabó en manos del máximo responsable del Grupo Zeta, Antonio Asensio, que, a su vez, se lo dio a Iglesias ya en en enero de 2016.
Pendiente de la Científica
El hecho de que no devolviera la tarjeta a Bousselham hasta verano y que ésta la recibiera dañada lleva al juez a pensar que está detrás de los hechos. Una tesis que sigue manteniendo a día de hoy, tal y como plasma en el auto de este lunes en el que expone que el exlíder de Podemos pudo cometer delito de daños informáticos "toda vez que no consta que nadie más entrara en posesión de la tarjeta". "Podemos concluir que la única explicación posible para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del Sr. Iglesias, pues la micro tarjeta funcionaba en el momento en el que el Sr. Asensio se la entrega, y ya no lo hace cuando el Sr. Iglesias se la devuelve", reza.
Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 responde a la exasesora de Podemos en el Parlamento Europeo que le "resulta llamativo" que cierre la puerta a practicar más diligencias pese a que ella figura como perjudicada de estos hechos ocurridos en noviembre de 2015 cuando, según denunció, le robaron el teléfono mientras se encontraba con su pareja en un centro comercial. Según explicó en su declaración como perjudicada en marzo de 2019, la sustracción y posterior difusión en prensa de lo que contenía el dispositivo fue debido a una actuación de la "policía patriótica" que buscaba desacreditar a la formación morada. Villarejo, por su parte, se desentendió del robo y negó estar detrás de esa filtración.
Sin embargo, todas las miradas se pusieron en el comisario jubilado dado que encontraron parte de ese mismo material en los registros practicados en su domicilio tras su detención en noviembre de 2017. El avance de la causa propició un giro de 180 grados al sospechar los investigadores que Iglesias pudo tener algo que ver en que Bousselham no pudiera leer la SD cuando la recuperó. Aunque ambos han negado irregularidad alguna, ahora el magistrado se acoge al hecho de que intentaron arreglarla en una empresa fuera de España en aras a demostrar que estaba seriamente dañada. Además, recuerda que el propio Iglesias la examinó cuando la recibió del Grupo Zeta.
Daños internos de la tarjeta
También hace alusión a la declaración que prestó Dina hace ahora 13 meses cuando dijo que mandó recuperarla "en el mismo estado" en que la recibió. De nuevo el instructor apunta a "contradicciones" entre la versión prestada en 2019 y la de 2020, aunque insiste que, en lo que respecta a que no la leyó, "sus manifestaciones resultan contundentes". "Que la tarjeta no funciona se corrobora además por el envío del dispositivo a su recuperación. Cuesta imaginar otra razón para que Bousselham decidiera remitir la micro tarjeta SD a una empresa de recuperación de datos que no sea porque no puede acceder a su contenido. No se ha podido determinar en esta sede qué le pasó a la tarjeta", añade el auto.
Con todo, el instructor apunta que las periciales realizadas hasta el momento demuestran que estaba físicamente intacta cuando se entregó, pero que se detectó un lijado que podría haberse producido cuando Dina envió la tarjeta a la empresa Recuperación Express. Al respecto recurre al testimonio que prestó Arron James Evans en calidad de empleado de dicha firma el cual vino a corroborar que intentaron recuperarla sin éxito aplicando el protocolo de actuación y que, en consecuencia, se pudo haber dañado más. Por ese motivo el instructor considera clave aguardar al último análisis encargado a la Policía Científica en aras a determinar si proceder contra Iglesias en los juzgados ordinarios (dado que ha perdido su condición de aforado) o cerrar esta línea y actuar contra los procesados en esta pieza décima.
Se trata de un hecho al que se oponen los periodista Alberto Pozas y Luis Rendules, los cuáles han pedido la nulidad de las actuaciones y han denunciado un uso político de la investigación. Ambos se desligan de cualquier irregularidad en este asunto y apuntan que entregaron la SD a Iglesias sin publicar nada de su contenido y para que él se la diera a su legítima dueña. Igualmente alegaron que el perdón que manifestó Dina sobre Iglesias y que quiere volver a pronunciar en sede judicial en relación al delito de revelación de secretos, sería extensible a ellos también. Al respecto el magistrado -que le atribuyó también denuncia falsa y daños informáticos- recuerda que, para que se produzca este último, no es necesaria denuncia previa ni del ofendido.
