La Mesa del Congreso de los Diputados ha dado este martes vía libre a una serie de preguntas que Izquierda Unida dirigió al Gobierno para saber si la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin, aparecen en la denominada lista Falciani, en la que se recogen los nombres de presuntos evasores fiscales, y si la noble alemana Corinna Sayn-Wittgenstein, a la que se atribuye una relación de amistad con el Rey, ha realizado tareas de asesoría para el Gobierno y si ha dispuesto de recursos públicos para su actividad. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el órgano de gobierno de la Cámara ha calificado sin problemas todas las cuestiones relacionadas con la Familia Real que registró el diputado de IU por Valencia Ricardo Sixto.
Sixto pretende que el Gobierno le informe de si tiene en su poder datos de que Cristina de Borbón, Iñaki Urdangarin o su exsocio Diego Torres aparecen en el listado facilitado por el informático italofrancés y extrabajador del banco HSBC en Ginebra, Hervé Falciani, que contiene el nombre de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del Banco HSBC en Ginebra. En otra de su preguntas, el diputado se interesa sobre si la cuenta bancaria 0251 206980 8 de Crédit Suisse, atribuida a Urdangarin, fue declarada a la Hacienda española y si en el Ministerio de Hacienda consta alguna cuenta bancaria en Suiza declarada por Urdangarin, su esposa o su exsocio.
Además, la Mesa ha dado su aval a las preguntas sobre Corinna Sayn-Wittgenstein que Sixto presentó tras publicarse que la noble germana asistió al Valencia Summit 2004, el primer evento que realizó el Instituto Nóos con fondos públicos y que está siendo investigado por la Justicia por el presunto desvío de parte de estos fondos por parte de Urdangarin y Torres.
Recursos del Estado
El parlamentario de IU reclama al Gobierno de Mariano Rajoy aclaraciones sobre el uso de recursos del Estado por parte de la noble alemana, como por ejemplo vivienda, parque móvil o servicios de secretaría y qué ministerios han asumido estos gastos. También busca que el Gobierno aclare con urgencia si Corinna Sayn-Wittgenstein es o ha sido asesora estratégica del Gobierno español, tal como afirmó el pasado 29 de septiembre en The New York Times, qué funciones ha desarrollado y en qué asuntos ha asesorado.
Asimismo, quiere que datos sobre si la empresa Apollonia Associates o la empresa de armas Boss&Co, a las cuales está vinculada la amiga del jefe del Estado, o la empresa en la que el príncipe Alwaleed bin Talal y Urdangarin son socios, han recibido adjudicaciones o han facturado a alguna administración pública, o más concretamente al Ministerio de Defensa o a cualquiera de sus organismos, entes o empresas públicas.
Preguntas vetadas
El pasado mes de abril la Mesa del Congreso vetó otra serie de preguntas relativas a la noble alemana, cuestiones que su autor, Gaspar Llamazares optó por remitir directamente al Palacio de la Zarzuela. En aquella ocasión, el órgano de gobierno de la Cámara no calificó estas cuestiones al entender que versaban sobre la vida privada de Don Juan Carlos, su familia o sobre temas ajenos a la incumbencia del Gobierno. El diputado sostenía que Corinna fue presentada como "representante de su Majestad el Rey Juan Carlos de España" en un encuentro en 2007 con un príncipe saudí, vive en un chalet en El Pardo cerca de la Zarzuela y organiza cacerías en África "para nobles y multimillonarios".
Por todo ello, preguntaba al Gobierno si ha autorizado los nombramientos de Corina y las gestiones que esta ciudadana alemana ha realizado en nombre de Don Juan Carlos. "¿Quién ha nombrado a doña Corina Representante de su Majestad el Rey Juan Carlos de España?, ¿Quién la nombró 'Consejera Estratégica' de la Delegación oficial española conducida por el Rey, que fue recibida en abril de 2006 en Riad por el príncipe Al-Waleed de Arabia Saudí?", preguntó Llamazares. "¿Qué papel ha jugado doña Corinna en estos últimos años, y a título de qué, en relación con las inversiones españolas en Arabia Saudí y recíprocamente?, ¿qué gestiones ha realizado en nombre del monarca o en el seno de alguna delegación oficial española?, "¿conoce o ha autorizado el Gobierno dichos nombramientos?", eran otras de las cuestiones que no pasaron el filtro de la Mesa hace nueve meses.
