La Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (CAIB) ha solicitado una fianza de responsabilidad civil para Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres de 3.498.014,81 euros por los posibles daños pecuniarios ocasionados a la comunidad en el caso Nóos de presunta corrupción.
El escrito de la Abogacía, presentado ayer, solicita al juez instructor, José Castro, que dicte esta medida cautelar de naturaleza civil contra los principales imputados del caso Nóos, para cubrir posibles responsabilidades derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso, han informado a Efe fuentes jurídicas.
La reclamación de la comunidad autónoma se suma a la fianza ya solicitada el pasado 21 de noviembre por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del sindicato Manos Limpias de casi 8,2 millones de euros, en esta causa que investiga el supuesto desvío al Instituto Nóos, presidido por Urdangarin y posteriormente por Torres, de unos 6,1 millones de euros de dinero de las administraciones autonómicas balear y valenciana entre 2004 y 2007.
La cifra reclamada por la comunidad balear deriva de los convenios firmados por distintas entidades del gobierno insular con el Instituto Nóos y sociedades vinculadas a él durante la legislatura 2003-2007, por una cuantía total de 2.630.086 euros, ha confirmado a Efe el Govern.
A esa cifra de los convenios se añade un tercio de la cantidad, 867.900 euros, como es habitual en el cálculo de las responsabilidades civiles por posibles intereses y costas. La cantidad reclamada por la comunidad autónoma coincide con la solicitada por la Fiscalía y por Manos Limpias, aunque se limita al daño ocasionado a Baleares.
La petición del fiscal
En el escrito en el que reclamó la fianza, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach atribuye al duque de Palma y a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, "una actividad delictiva premeditada" dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunitat Valenciana.
Horrach sostiene que el duque de Palma y Torres deben resarcir a las arcas públicas por "la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos", lo cual asciende a los 8.189.448 de euros que pide para ellos como fianza civil.
De esa cantidad, 2.630.086 euros derivan de convenios del Instituto Nóos y entidades vinculadas a él con la Fundación Illesport y el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) del Govern balear para organizar los Illes Balears Forum de 2005 y 2006 y para cuestiones relacionadas con la promoción del equipo ciclista Illes Balears-Banesto.
Otros 3.512.000 euros proceden de contratos firmados por Nóos con la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau y la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, para organizar los congresos Valencia Summit.
El resto de la cuantía responde al incremento de un tercio sobre el total de los acuerdos firmados (por 2.147.362 euros). La acusación particular ejercida por el sindicato Manos Limpias también registró una solicitud de fianza por idéntica cuantía el mismo día que el fiscal.
El juez Castro anunció ayer que decidirá a partir del 15 de enero sobre las solicitudes de fianza de las acusaciones a Urdangarin y Torres. En un principio había dado un plazo de veinte días a los abogados de ambos para que pudieran presentar alegaciones, pero ha accedido a la petición de más tiempo por parte de la representación procesal de Torres.
Urdangarin declaró el pasado mes de febrero ante el juez y afirmó que su labor como presidente del Instituto Nóos se limitó "a la relación institucional de alto nivel", por lo que se hizo responsable de "sus acciones u omisiones", pero no de lo que hicieran sus subordinados.
