El último auto del juez José Castro en el caso Nóos no sólo le ha servido para fijar una fianza civil de 8,1 millones de euros para los dos principales acusados, Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, sino también para constatar que la posibilidad de que la causa terminé salpicando a un miembro directo de la Familia Real aún no está descartada. En su escrito, de 542 folios de extensión, el magistrado menciona en diecisiete ocasiones a la infanta Cristina, y aunque en varias de ellas sea simplemente para constatar su pertenencia a la junta directiva o al accionariado de tres empresas de la trama, en otras su nombre aparece en las declaraciones de varios testigos que reconocen expresamente que fueron contratados irregularmente como empleados de hogar para el matrimonio en presencia de la hija del rey. No obstante, el auto del juez Castro, en el que abundan las acusaciones directas y demoledoras contra Urdangarín, al que menciona en 315 ocasiones, no acusa directamente a la infanta de la comisión de ningún delito. Tampoco a su secretario, Carlos García Revenga, imputado el pasado martes.
El auto señala que el yerno del rey utilizó el nombre de su mujer y el del secretario de ésta para captar clientes para el Instituto Nóos
La primera mención a la integrante de la Familia Real no se produce hasta el folio 293 del documento judicial. En ella, el juez Castro destaca que el Duque de Palma y su socio se pusieron "de común acuerdo al objeto de rentabilizar hasta donde les fuera posible ante entidades privadas e Instituciones Públicas el área de influciecia que, real o de obligada imaginación, se derivaba del parentesto del primero con la Casa Real nacido a raíz de su matrimonio con S.A.R. la Infanta Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia acontecido en el año 1997". El magistrado recalca que este parentesto fue utilizado "unas veces de manera implícita y en otras de manera franca" para hacer negocios.
De hecho, destaca que el Instituto Nóos hacía "claras referencias" a la infanta y a su secretario, García Revenga, "al que se calificaba como asesor de la Casa Real" al ofertar sus servicios a potenciales clientes. En uno de estos folletos de autopromoción, se destacaba las "imnumerables ventajas, de prestigio y económicas" que suponía contar con una empresa que contaba con la participación de Iñaki Urdangarín "con el expreso añadido de la esposa de éste y del propio secretario de la institución". "Formalmente se presenta como una entidad sin ánimo de lucro [...] Cómo se verá, su propio actuar desvelará que en la realidad estaba presidida por un desmedido ánimo de lucro", recalca el magistrado sobre las actividades del Instituto.
Namasté 97 y Aizoon
El nombre de la infanta Cristina aparece en el extenso auto judicial relacionado con otras dos de las empresas que las investigaciones incluyen dentro de la trama mercantil creada presuntamente por el Duque de Palma. Una de ellas es Namasté 97 SL, constituida el 1 de enero de 2002 con un capital social de 3.005 euros. Según reseña el escrito, de las 3.005 participaciones de un euro, 1.000 estaban a nombre de Iñaki Urdangarín y otras 1.000 a nombre de su esposa, mientras que el resto lo repartieron entre dos de sus hijos, Juan y Pablo Nicolás, y una pequeña parte para Joan Cuscó, consejero de la empresa donde trabajaba el yerno del rey antes de crear el Instituto Nóos.
El magistrado destaca el testimonio de una empleada de hogar que aseguró que la infanta estaba presente cuando Urdangarín le propuso cobrar "en negro"
La otra empresa donde aparece la infanta es Aizoon SL, una consultora constituida el 11 de febrero de 2003 y en la que eran partícipes al 50% la hija del rey y su marido. Sobre esta empresa, el juez no se limita a destacar que tuvo como domicilio social la vivienda del matrimonio en el número 13 de la calle Elisenda de Pinós, de Barcelona, sino también que la trama la utilizó para camuflar supuestas irregularidades, entre ellas un contrato de 54.000 euros con el equipo ciclista Banesto-Illes Balears, entonces financiado por el ejecutivo autonómico de Jaume Matas. El magistrado también destaca que fue utilizada para que "los gastos personales de la familia Urdangarín experimentaran un nada despreciable alivio" ya que considera que a sus cuentas se cargaron tanto los gastos de Visa de los Duques de Palma como los sueldos de sus empleadas de hogar, "contratadas conociendo su situación irregular en España".
En este punto, el escrito dado a conocer ayer recoge las declaraciones textuales de varios de estos empleados que apuntan a que la infanta Cristina fue testigo directo y, por tanto, conocedora de diversos fraudes que se cometió con ellos. Así, Elsa Sánchez aseguró que, aunque estuvo dado de alta en la Seguridad Social como trabajadora de Aizoon, nunca tuivo funciones en esa compañía. Esta mujer detalló que trabajó para el matrimonio Urdangarín desde mayo de 2004 a abril de 2007 y que en la entrevista que le hicieron estuvieron presentes tanto el Duque de Palma como su esposa. "En esa entrevista el Sr. Urdangarín en presencia de la infanta Cristina le comentó a la declarante que si finalmente la contrataban no le harían contrato de trabajo sino que cobraría en negro", recoge textualmente el juez Castro. Más adelante, el Duque de Palma accedió a hacerle un contrato, eso sí a nombre de Aizoon SL.
En el mismo sentido, el magistrado recoge en su escrito las declaraciones del matrimonio Lucian y Maria Nonosel. Ambos reconocieron que en un primer momento que los Duques de Palma les firmaron un contrato como empleados de hogar, pero que en 2007 "Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón les propusieron hacerles un contrato por la empresa Aizoon, que era de los señores". Ambos detallaron en sus declaraciones que sus sueldos comenzaron siendo de mil euros "y cada año les subían unos 50 euros". Una condiciones que se mantuvieron sin un "aumento significativo de sueldo" cuando cambiaron su condición de empleado dehogar a trabajar de Aizoon.
