El actual Parlamento catalán, salido de las elecciones autonómicas de noviembre de 2012, no está legitimado democráticamente para dar un paso tan trascendente como el de declarar la independencia. Así lo reconoce un informe interno de la Generalitat encargado por su presidente, Artur Mas, donde se recuerda que el objetivo fundamental de aquellos comicios no fue pedir a los ciudadanos un pronunciamiento claro sobre la apuesta soberanista. Además, entre los partidos que la apoyaron, había una pluralidad de opciones, desde los que respaldaban el llamado derecho a decidir hasta los que defendían inequívocamente la independencia, pasando por los que reivindicaban una reforma constitucional para llegar a un Estado federal.
Los expertos advierten de que el actual Parlamento no fue elegido para declarar la independencia ya que los diputados que la apoyan defendieron en la campaña vías diferentes
En el Parlamento catalán hay desde hace casi un año una mayoría clara a favor del derecho a decidir de Cataluña (107 diputados, contando CiU, ERC, PSC, Iniciativa y la CUP) y una mayoría absoluta soberanista (74 diputados contando a CiU, ERC, y la CUP). Pero los electores, acentúa el informe de los expertos, no dieron un mandato a los diputados en activo para declarar la independencia.
Por estos motivos, en el mismo documento se da por sentado que antes de proceder a una declaración unilateral de independencia, tendría que renovarse el actual Parlamento y que si Artur Mas quiere hacerlo a través de unas elecciones plebiscitarias, debería contar con el concurso del resto de los partidos. La razón que esgrimen sus redactores es clara: “En el actual contexto político de Cataluña, unas elecciones podrían tener carácter plebiscitario si una vez convocadas por el presidente de la Generalitat los partidos afrontaran sus programas y la campaña electoral con el objetivo político fundamental de obtener del electorado un pronunciamiento claro sobre la independencia de Cataluña”.
Las elecciones plebiscitarias son el camino más adecuado para conocer la opinión de los ciudadanos sobre el futuro de Cataluña, según el informe que maneja la Generalitat
Si se constatara la imposibilidad de realizar el referéndum soberanista por vías legales, le han dicho a Mas sus asesores, la vía alternativa de las elecciones plebiscitarias se revelaría como la más adecuada para conocer la posición de los ciudadanos sobre el futuro de Cataluña. El equipo jurídico de la Generalitat también ha advertido de que la convocatoria electoral, al margen de su sentido final, tendría que ser ordinaria, por lo que su fecha se situaría entre 40 y 60 días después de disolverse el Parlamento. “Por su carácter legal”, esta convocatoria “ofrece en comparación con la vía de las consultas alegales o no oficiales, las ventajas de ser respetuosa con la legalidad”, se admite en el informe.
Los mismos expertos apuestan por estas elecciones plebiscitarias “como instrumento para salir del callejón sin salida provocado por la negativa del Estado a autorizar el referéndum” y las ven como un camino mucho más eficaz que el de buscar la mediación internacional para amparar la consulta, ya que permitiría conocer la voluntad de los catalanes “con inmediatez, simplicidad y rapidez”.
La hipotética declaración de independencia de un futuro Parlamento debería hacerse a través de un proyecto de ley para que tuviera relevancia normativa, advierten los expertos
El Gobierno catalán también tiene bien trabajado el trámite por el que el futuro Parlamento declararía la independencia. Podría ser a través de un proyecto de ley, que “otorgaría relevancia formal y normativa” o de una propuesta de resolución presentada por todos los grupos favorables a la secesión. “El contenido de la declaración no tiene que ser largo en su parte dispositiva puesto que, básicamente, se tiene que limitar a reflejar la voluntad de constituir Cataluña como Estado independiente”, se lee en el informe. Una vez formalizada esta declaración, el Gobierno catalán tendría que aprobar inmediatamente una Constitución propia.
Lo que prueba el informe de los expertos pagados por la Generalitat es que la advertencia hecha la semana pasada por Josep Antoni Durán i Lleida en el Congreso sobre la posibilidad de una declaración unilateral de independencia no fue, ni mucho menos, algo improvisado.
