El juzgado de instrucción número 13 de Barcelona no ve "indicios suficientes" como para imputar delitos de rebelión o sedición a los investigados por la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, y así lo ha hecho saber en un auto en el que explica que de otro modo, habría dado traslado de cada uno de los casos a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo, que son los competentes.

El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se emite a instancias de Josué Sallent, el dirigente de ERC que trabajaba en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat de Cataluña y que es considerado como 'el hombre' del exvicepresidente Oriol Junqueras en este organismo desde donde, según la Guardia Civil, se fraguaba la construcción de "estructuras de Estado" para una hipotética república catalana.

Sallent había pedido al juzgado 13 una aclaración sobre los delitos que se le imputaban a la luz de que en la incoación del sumario que se instruye sobre el 1 de octubre "no se hace referencia alguna a los delitos de rebelión y sedición" que fueron objeto de la querella inicial.

El juez explica que si bien "a muchos de los investigados se les informó que lo eran, también, por los delitos de rebelión y/o sedición", lo "cierto y verdad es que de apreciarse indicios" de los mismos la causa ya no sería de su competencia, sino de la Audiencia Nacional o en caso de tratarse de aforados, del Tribunal Supremo.

"No habiéndose producido ninguna otra exposición en relación a otros investigados, es por lo que se considera no existen indicios suficientes sobre su participación en dichos delitos sin perjuicio de que, en su día, pudieran resultar procesados por cualesquiera de los otros también investigados en esta causa", señala el instructor.

No hubo participación

En esta línea, aclara que "no se han dejado de investigar los delitos de rebelión y sedición sino que, por el momento y pese a que en su caso no correspondería la instrucción a este juzgado, no se han observado indicios de su participación en los mismos de los, hasta el momento, investigados en esta causa".

El Juzgado 13 está investigando si se cometieron delitos de malversación de caudales públicos en relación a la preparación y efectiva realización del referéndum ilegal, tanto en relación al dominio referendum.cat como en las notificaciones postales para ocupar cargos en mesas electorales y centros de votación, en toda la propaganda que se emitió al respecto o en la contratación de observadores internacionales para el evento.