¿Efecto llamada? El Ministerio de Justicia que dirige Alberto Ruiz-Gallardón ha conseguido llamar la atención de los reclusos que cumplen pena en cárceles españoles y de aquellos condenados que bien están a punto de ingresar en prisión o se encuentran en régimen de tercer grado penitenciario. Y lo ha hecho con la figura del indulto, avivando esperanzas abocadas al fracaso en la mayoría de los casos.
Tanto algunas concesiones inverosímiles --el Supremo ha tenido que salir a frenarle-- como su inoperancia comunicativa para dejar claro a la opinión pública, y sobre todo, a los presos, que esta medida de gracia no es la panacea de la libertad, sino una opción excepciones con una prosperidad residual, están detrás de este fenómeno.
Las consultas de reclusos dirigidas a las instituciones interesándose por la fórmula del indulto se han incrementado en estos dos años y se han disparado en el último ejercicio. Así, lo recoge, por ejemplo, el informe anual que acaba de presentar el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maetzu. En concreto, el documento indica que “merece la pena reseñar el incremento habido en 2013 en relación a aquellas quejas presentadas por personas ingresadas en centros penitenciarios o pendientes de ingresar en los mismos que solicitan la intervención de esta institución para que culmine con éxito su petición de indulto general o particular”.
A continuación y de manera muy explícita, el órgano estatutario fija su posición. “Suponemos ---manifiesta-- que la proliferación en los medios de comunicación de informaciones relacionadas con la petición o concesión de indultos a personajes conocidos por su relación con la política o el mundo del espectáculo ha contribuido en gran medida a poner de moda la medida del indulto y ha aventado las expectativas de muchas personas por acogerse a esta atípica forma de obtener la redención de sus culpas”. El expresidente balear Jaume Matas, en el caso Palma Arena, el expresidente del Sevilla José María del Nido, en el caso Minutas, o el extorero José Ortega Cano, son algunos ejemplos de caras conocidas que han recurrido a esta vía de escape.
El Defensor del Pueblo andaluz alude en su último informe a los casos de "personajes conocidos por su relación con la política o el mundo del espectáculo"
Asimismo, el gabinete de Maetzu señala que se ha limitado a explicar a los interesados los procedimientos a seguir y los requisitos necesarios para obtener el indulto, “aclarando el alcance de esta figura y los ámbitos competenciales en relación a la misma”. De igual modo, desde el Valedor do Pobo de Galicia también se han desviado al Ministerio de Justicia otras peticiones de esta medida de gracia.
En paralelo a la atención despertada entre los reclusos, el departamento de Gallardón también ha contribuido al aumento de quejas ciudadanas por la concesión de polémicos indultos. El último informe de la Defensora del Pueblo de la Administración General, Soledad Becerril, recientemente presentado en las Cortes, recoge que el órgano “no ha sido ajeno” a la situación del país y ha “recibido numerosas quejas referidas al malestar ciudadano por la proliferación de los casos de corrupción política y económica”.
En todas ellas, prosigue el texto, los firmantes “trasladaban una serie de reflexiones personales en las que exigían una ágil y contundente respuesta punitiva a los delitos investigados, un trato judicial igualitario para todos los imputados -tal y como proclama el artículo 14 de la Constitución- y mostraban su rechazo a los indultos concedidos a algunos condenados por esos delitos”.
Tales expedientes, según Becerril, son un reflejo de la inquietud social existente, recogida también en las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que ponen de manifiesto que la corrupción política y económica es una de las principales preocupaciones de los españoles.
Las cifras que delatan al ministro
Tras la llegada del PP a La Moncloa, el Ejecutivo ha tramitado casi 14.500 indultos en los dos primeros años de gobierno. En el ejercicio de 2012 concedió 501 tras rechazar 6.995 y en 2013 hizo lo propio con 190 tras oponerse a 6.776. Pese a que Gallardón ha afirmado que ni ha otorgado ni otorgará indultos en casos de corrupción, la hemeroteca dice que de esos 691 autorizados en 2012 y 2013 media docena beneficiaron a cargos públicos o funcionarios municipales condenados por delitos de malversación de fondos o prevaricación urbanística. Además, de la cifra total, una decena guardó relación con “delitos contra la administración pública”.
Entretanto, el Gobierno de Mariano Rajoy permanece de brazos cruzados y se niega a reformar, como le exige la oposición, la vetusta ley del Indulto de 1870, modificada únicamente por el Ejecutivo de Felipe González en 1988. El pasado miércoles, fue el propio fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el que instó en persona a Gallardón a impulsar un nuevo redactado de esta normativa para “ahormar más” la justificación de los indultos, algo que ya ha puesto el Tribunal Supremo sobre la mesa tras tumbar la concesión al kamikaze de la AP-7. Gallardón espera ahora que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
