El Gobierno concedió 204 indultos en 2013, el nivel más bajo de toda la serie histórica (desde 1996) según el indultómetro de la fundación Civio. Pese al desplome respecto al año anterior, cuando se concedieron 534, las últimas solicitudes mediáticas han propiciado la percepción de que se conceden muchos indultos y que a menudo se utilizan como una herramienta al servicio del Gobierno.
Las sentencias del Tribunal Supremo que anulaban los indultos a Alfredo Sáenz y al conductor kamikaze de la AP-7 han contribuido también a engordar la polémica, dando la idea de que la concesión sigue criterios arbitrarios que en muchas ocasiones, como evidencian estos dos casos concretos, chocan con la Justicia.
Según Pilar González Rivero, profesora de Derecho Penal y Derecho Penitenciario en la Universidad a Distancia de Madrid (Udima), el problema con esta medida viene por quién la aplica, es decir, el Gobierno. La legislación actual procede de una ley de 1876, según la cual era el monarca quien concedía los indultos. Actualmente, esta competencia corresponde al Ejecutivo, por lo que se produce una “confusión de la separación de poderes”, en palabras de González Rivero.
Una posible solución a esta confusión, que en parte acabaría con la imagen que se tiene de los indultos como una medida arbitraria y con una utilización política, pasaría por rechazar automáticamente todas las solicitudes relacionadas con el ejercicio de la función pública, desde políticos hasta funcionarios o cuerpos de seguridad del Estado. Para González Rivero, esta alternativa sería injusta, ya que el indulto “es un derecho de cualquier ciudadano”.
La segunda opción sería que no fuera el Gobierno quien concediera los indultos., sino “otra clase de institución más imparcial”, independiente del poder ejecutivo. “Lo que habría que revisar es quién lo concede. ¿Por qué a un político o a un funcionario de policía se le puede negar? También tienen derecho a arrepentirse”, reflexiona González Rivero.
"El poder se perdona a sí mismo"
En esta misma línea que cuestiona la idoneidad del Gobierno como concesor de indultos, Jueces para la Democracia criticó recientemente en un comunicado que con los indultos “el poder se perdona a sí mismo”. Estas declaraciones corresponden al portavoz de Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch, quien además considera que el uso inadecuado de los indultos provoca un “considerable malestar” y la sensación de que “la justicia no es igual para todos”.
La asociación también acusaba al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de mentir cuando afirmaba que el Gobierno no concedería la medida de gracia a ningún condenado por corrupción, ya que “los datos objetivos sobre concesión de indultos indican con claridad que el mayor porcentaje se produce en los delitos vinculados a la corrupción o en supuestos de personas que tienen conexión con el poder político”.
Aunque los datos muestran que los indultos más numerosos corresponden a casos relacionados con el consumo y tráfico de drogas lesiones, hurtos y robos, la mayor proporción en relación con la cantidad de condenas corresponde a delitos de malversación, corrupción y delitos contra el medio ambiente, tal como recoge el indultómetro.
Pilar González Rivero coincide con la visión de Jueces por la Democracia de que “los políticos, tras ser condenados por un tribunal, después son ellos mismos quienes se perdonan”. Además de reclamar que no sea el Gobierno quien decida, considera que también son necesarios unos criterios más concretos; resoluciones motivadas que respondan a razones de “justicia, equidad y utilidad pública, tal como pide la ley, y que, al igual que otros procedimientos judiciales, disponga de vías de recurso, reformas que han demandado muchos juristas. “Evitaríamos muchos abusos y muchos arbitrios”.
