La Audiencia de Palma de Mallorca ha determinado este viernes que la infanta Cristina debe ser juzgada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales cometidos presuntamente por su marido Iñaki Urdangarin.
La Sala entiende que el sindicato Manos Limpias está legitimado para ejercer de acusación popular en este procedimiento contra la hermana del Rey aunque lo haga en solitario, ya que ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado atribuyen a Cristina de Borbón y Grecia fraude fiscal.
De esta forma, la acusada tendrá obligación de sentarse en el banquillo de los acusados a partir del próximo 9 de febrero. Será interrogada en último lugar, según propuso el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach, y de su estrategia de defensa dependerá que la infanta se acoja a su derecho a no declarar o que responda a las preguntas que le formule el sindicato Manos Limpias.
Esta acusación solicita ocho años de cárcel para la hermana del Rey por los dos delitos fiscales por los que ha sido procesada en el marco del 'caso Nóos' y reclama al tribunal que le impongan multas que ascienden a 2.022.861 euros. Manos Limpias sostiene que el papel de la ex duquesa de Palma fue imprescindible para que su marido, Iñaki Urdangarin, pudiera defraudar hasta 337.138 euros en las cuotas del IRPF del 2007 y el 2008 a través de la sociedad pantalla Aizoon, de la que era copropietaria al 50 por ciento Cristina de Borbón.
Fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli explican que atendiendo a las cuantías defraudadas por Urdangarín en los ejercicios fiscales de 2007 y 2008-(182.000 euros en 2007 y 155.138 en el año 2008, según se desprende de la investigación), la pena real a la que se enfrentará la infanta se encuentra entre un mínimo de un año de cárcel por cada delito fiscal y un máximo de tres años por cada tipo delictivo que se le atribuye. Es decir, entre dos y seis años de cárcel en total ya que cuantías como las defraudadas a través de Aizoon no suelen ir aparejadas de agravantes.
