Quienes conocen bien al fiscal anticorrupción de Baleares, explican que la clave para entender su comportamiento no está en Palma sino en Madrid. Es la capital quien ha “inspirado” su escrito contra el juez Castro hasta el punto que la pluma de Hacienda se detecta en cada argumento sobre fiscalidad. Es Madrid quien ha presionado para presentar escritos al margen de los plazos del procedimiento y es, precisamente, Madrid quien ha impulsado primero un recurso contra la imputación de la Infanta que se ha tornado después en diatriba contra el juez Castro cuando la Casa Real desaconsejó a la Infanta que recurriera. Quienes conocen bien al fiscal anticorrupción de Baleares, sin embargo, no son capaces de identificar un solo nombre tras ese genérico “Madrid”: Hacienda, Justicia, Fiscalía General del Estado y la propia Zarzuela han presionado a lo largo de todo el procedimiento. Así se ha cocinado las que los abogados de la causa llaman ya “diligencias de la teoría conspiratoria”.
La presión de Justicia y de la Fiscalía General del Estado se desató el pasado martes día 7 de enero. Pedro Horrach cogía un avión desde el aeropuerto de Palma rumbo a la capital. Allí le esperaba el Fiscal Jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, con el que se reunió en su despacho el miércoles 8 en dos ocasiones. Los encuentros pretendían fijar un criterio sobre si se recurría o no el auto de imputación de la Infanta en Palma de Mallorca pero, en realidad, sirvieron para evidenciar que la jerarquía se imponía: Horrach era contrario al recurso y Salinas imponía el sí. Hasta tal punto hubo presión política, que el propio Fiscal General del Estado pidió visar personalmente el dictamen antes de que fuera presentado. Cuando Horrach regresó a Palma, tenía instrucciones de preparar ya un recurso contra la imputación.
Hacienda remitió al fiscal argumentos tributarios contra Castro
Pero apenas 48 horas después, intervenía la Casa Real. Zarzuela dictaba a los abogados de la Infanta un cambio de estrategia que daba la razón a Horrach: no se debía presentar el recurso ante la más que probable ratificación del auto por parte de la Audiencia de Palma que podía dar el visto bueno a los indicios contra la hija del Rey. La Corona sabía, como lo sabía el fiscal de Palma y las partes en el procedimiento, que la Audiencia Provincial se inclinaba por aceptar la imputación por unanimidad lo que podía significar que la Infanta fuera imputada por dos tribunales (el de instrucción y el superior) y por cuatro jueces (Castro y los tres que ratificaban su auto). Ante ese escenario, Zarzuela vetaba el recurso y los abogados de la Infanta aseguraban que “S.A.R. consciente de su vocación de servicio” había optado por “comparecer voluntariamente”. La decisión no sólo dejaba fuera de juego al abogado Roca, que días antes había anunciado el recurso, sino también a la Fiscalía en Madrid.
Pero para ese momento la maquinaria del Gobierno ya había echado a andar y los responsables de Hacienda habían redactado ya una batería de argumentos que Horrach debía incorporar a su recurso. El objetivo no era sólo salvar a Doña Cristina sino también y sobre todo a la propia Hacienda. Para ello, la Agencia Tributaria argumentaba el “efecto tributariamente neutro” que supone para la hija del Rey pagar por IRPF o por Sociedades e incluía en el escrito del fiscal las referencias a los “modelos 347” y a las “operaciones con terceros de la mercantil Aizoon S.L.”.
“Cuando termine la causa sólo hay dos salidas para Horrach: su retirada o su ascenso”, concluyen fuentes de la causa
Precisamente, la presión de Hacienda sienta ahora un precedente inaudito: los peritos que asisten al juez renunciarán a su anonimato y pondrán nombre y apellido a las siglas NUMA y los cuatro dígitos con que se les suele identificar. Pero además, la presión de Hacienda abre un riesgo de fisuras entre la inspectora más joven y reticente a ciertas interpretaciones favorables a la Infanta y su jefe que ha impuesto varios criterios a lo largo de la investigación. Frente a ellos, el juez ha citado también a declarar al perito de la acusación popular.
“Cuando termine la causa sólo hay dos salidas para Horrach” –afirman fuentes de la causa—“o su retirada o su ascenso”. Quienes miran a esa línea ascendente señalan dos posibles destinos: la fiscalía del Tribunal Supremo o el propio cargo de Fiscal Jefe Anticorrupción a nivel nacional en el que Salinas acaba de renovar para los próximos cinco años pero después de haber cumplido 65 años de edad y 10 en el puesto. “Su relevo puede ser cuestión de tiempo: el que tarde en cerrarse la instrucción del caso Nóos”, concluyen.
