Detrás del plan urbanístico previsto para el barrio de Gamonal en Burgos han aparecido los nombres de dos empresarios muy bien relacionados con el PP, Antonio Miguel Méndez Pozo y Jesús Arranz Acinas. Pero hay más. Fue un alcalde de los populares de Cantabria, José Domingo San Emeterio, a través de su constructora Copsesa, quien también entró en el proceso de adjudicación de las polémicas obras. El regidor de Burgos (PP), Javier Lacalle, justificó este viernes la paralización definitiva de los trabajos en las “presiones recibidas en sus sedes por las empresas concesionarias”.
En concreto, al concurso convocado por la Gerencia municipal de Fomento (para este plan de 8 millones de euros) se presentaron sólo dos novias: la UTE (unión temporal de empresas) que forman Copsa y Aroasa (del grupo Arranz Acinas) --con un proyecto que le ha reportado 240.000 euros a la firma MBG, gestionada por un hijo de Méndez Pozo-- y una segunda candidatura, que fue la perdedora, por parte de Copsesa (Construcciones y Obras Públicas San Emeterio). Poco o nada ha transcendido de esta última sociedad más allá de que tiene su domicilio en Cantabria. Sin embargo, su relación con el Consistorio de Burgos va más allá de la cercanía geográfica.
Según ha podido saber Vozpópuli, el propietario de Copsesa es José Domingo San Emeterio, alcalde del PP en el municipio cántabro de Ramales de la Victoria. San Emeterio, hombre de la confianza del presidente de la Comunidad, Ignacio Diego, también ha sido beneficiario de múltiples contratos del Ayuntamiento de Santander, que dirige el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP). El regidor santanderino ha defendido abiertamente la gestión de su compañero de filas y alcalde de Burgos en el estallido de Gamonal.
Al Ejecutivo de Lacalle no convenció que Copsesa quisiera “simultanear” la construcción del párking subterráneo con la obra del bulevar
La oferta con la que Copsesa aspiró a hacerse con una de las actuaciones 'estrella' del Gobierno de Lacalle fue más baja que la de Copsa y Aroasa, aunque la diferencia fue apenas de 270.000 euros en una obra de 8 millones (7.623.835 euros frente a los 7.893.234 euros). Del mismo modo, la firma de San Emeterio puso sobre la mesa un pago más barato por el alquiler de cada plaza de aparcamiento, pero sus números tampoco distaron mucho de los planteados por la UTE. Su 'descuento' apenas fue de 1.395 euros respecto a los 19.225 del tándem burgalés. Ambos cumplieron así con el requisito de no superar los 21.000 euros fijados por la Gerencia de Fomento.
Al final, el Ayuntamiento optó por Copsa y la filial de Arranz Acinas al obtener mayor puntuación en lo referente al proceso constructivo. Según la versión oficial, no convenció al Ejecutivo popular que Copsesa quisiera “simultanear” la construcción del párking subterráneo con la obra del bulevar. A ello se sumó que el informe de la sociedad cántabra sobre la futura ordenación del tráfico en la calle Victoria y alrededores no fue tan detallado como el de sus rivales. El esbozo elaborado por MBG (de Méndez Pozo) resultó ser determinante.
La empresa derrotada, Copsesa, también ha estado recientemente en el centro de la polémica por su participación en un proyecto del Consistorio de Santander, denominado Greenroad y consistente en la construcción de una “planta de producción de mezclas de asfalto ecológico” en los terrenos de la antigua fábrica de hormigón Emilio Bolado. Desde Ecologistas en Acción denunciaron que Copsesa inició su actividad “sin autorización” en la citada fábrica, cerrada desde hace dos años por suspensión de pagos.
Contaminación del aire
Al igual que lo ocurrido en Gamonal, los vecinos se reunieron el año pasado en asambleas y formaron una asociación para exigir la paralización de los trabajos, que cuentan con un presupuesto de 1,3 millones de euros. Según los ecologistas, la empresa del alcalde de Ramales ha sido la única que se ha ofrecido al Ayuntamiento santanderino para quedarse a bajo precio con unas instalaciones clausuradas por quiebra. Han criticado que el proyecto “utiliza escorias de acería, residuos con metales pesados en elevado porcentaje, así como neumáticos viejos, que emitirán contaminantes al aire respirado por miles de residentes en los alrededores”.
El pasado diciembre, el Gobierno que capitanea De la Serna también adjudicó a Copsesa la renovación de las redes de saneamiento y de la nueva estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) de La Maruca por un importe de 311.534 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Una actuación financiada con cargo a los fondos europeos FEDER.
