Máxima alerta. El Ministerio del Interior, en estrecha coordinación con los responsables de seguridad de la Casa Real, ha puesto a la Comisaría General de Información de la Policía, encargada de la lucha antiterrorista, a recabar los datos que servirán para 'blindar' la declaración que la infanta Cristina prestará el próximo 8 de febrero como imputada en Palma. Así lo han confirmado a este diario diversas fuentes policiales, que destacan que el principal objetivo de las pesquisas son los grupos antisistemas, muy activos en las redes sociales, donde los agentes están rastreando sus movimientos para conocer de antemano si preparan disturbios para esa jornada en la capital balear. "En función de la información que transmitan con las amenazas detectadas, se decidirá finalmente el despliegue policial", confirman a este diario mandos policiales que añaden que éste será, "sin lugar a dudas", mayor que el que se dispuso en las dos declaraciones que prestó su marido, Iñaki Urdangarín.
Fuentes policiales temen que "grupúsculos violentos" se infiltren en la manifestación contra la monarquía que ya ha sido convocada para ese día en Palma. Los responsables de seguridad estudian alejar ésta del edificio de los juzgados
En concreto, Interior teme la presencia de los grupos radicales a los que, desde hace meses, sus responsables políticos señalan como responsables de la mayor parte de los desórdenes que se han producido en manifestaciones, como en las recientes del barrio burgalés de Gamonal. "Son grupos que acuden allí donde saben que su actuación va a tener repercusión mediática y la declaración de la infanta lo es", recalcan fuentes policiales para justificar la intervención de los expertos antiterroristas en esta labor preventiva. Un despliegue 'invisible' ahora que tendrá su traducción en presencia policial en las calles de Palma tanto el día anterior como el de la declaración. De hecho, ya está previsto desplazar efecdtivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP, los conocidos popularmente como antidisturbios) para reforzar la plantilla de las Islas Baleares. En principio, se estudia llevar agentes de las unidades de Valencia y Barcelona, "aunque el operativo definitivo no se decidirá hasta la semana que viene cuando, precisamente, tengamos sobre la mesa los datos recabados por [la Comisaría General de] Información y podamos decidir".
El vehículo, hasta la puerta
Lo que sí tienen claro es que éste superará en número de agentes al que se dispuso en las dos ocasiones que Iñaki Urdangarín ha acudido a declarar ante el juez Castro, en febrero de 2012 y de 2013. Entonces, se desplazó como refuezo únicamente un grupo y un subgrupo de las UIP, en total, unos 60 agentes. Según estas fuentes policiales, "aquellos días se congregó un reducido número de personas para protestar. En esta ocasión todo apunta a que puede haber muchas más personas", añaden. De hecho, ya hay convocada una manifestación convocada por formaciones republicanas que han solicitado concentrarse para protestar contra la monarquía en las proximidades de los juzgados. La Delegación del Gobierno ha dado el visto bueno a la misma, aunque las fuentes policiales consultadas por este diario no descartan que los responsables de la seguridad de Zarzuela, que son los que están llevando la 'voz cantante', pidan finalmente que se desplace "por motivos de seguridad" a otro lugar de la ciudad más alejado del edificio donde se celebrará la declaración. "Lo que nos preocupa es que se infiltren en ella grupúsculos violentos para provocar incidentes", señalan estas fuentes.
En un informe remitido este jueves al juez decano, los responsables policiales recomiendan que la infanta acceda al edificio judicial en vehículo "por estrictos motivos de seguridad"
Ya se han celebrado reuniones entre los mandos policiales en la isla del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Local y de la Guardia Civil con los responsables de seguridad de la Casa Real. En estos encuentros, según detallan varias fuentes policiales, hubo coincidencia en cómo debe producirse la llegada de la hija del Rey al edificio de los juzgados: en un vehículo que la lleve hasta la misma puerta del edificio judicial "por estrictos motivos de seguridad", evitando en todo momento el célebre 'paseillo'. Y así lo han reflejado en un primer que la Jefatura Superior de Policía de Baleares ha remitido este mismo jueves al juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, de quien depende sobre el papel la decisión final sobre las medidas de seguridad que se deben adoptar en el edificio. Aunque este magistrado hará pública entre hoy y mañana su postura, ya había dejado claro que depositaría en manos de Interior y, sobre todo, de Zarzuela la decisión final. Además, ya había hecho ver al juez instructor, José Castro, su intención de permitir que la Infanta entre en coche para evitarle la conocida como “cuesta de la vergüenza”, tal y como publicó Vozpópuli el pasado día 15.
