El titular del Juzgado de instrucción 3 de Palma, José Castro, ha dictado esta mañana una providencia en la que anuncia su decisión de suspender la declaración como imputada de la infanta Cristina, prevista para el próximo 27 de abril El magistrado sostiene en su escrito que no procede mantener la fecha señalada para la práctica de la diligencia ya que su mantenimiento "haría ineficaz y dejaría carente de contenido el recurso interpuesto" esta misma mañana por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach contra la imputación de la hija del rey. El juez reconoce que difícilmente la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, encargada de resolver el recurso contra su auto, podría pronunciarse antes de la fecha prevista para el interrogatorio, por lo que éste se convertiría en un hecho consumado y "haría ineficaz y carente de contenido" el escrito del Ministerio Público. No obstante, el juez anuncia que si finalmente la Audiencia Provincial respalda su auto, fijará un nuevo día y hora para realizarlo.
Como ya adelantó ayer este diario, el magistrado instructor es consciente de que la sobrecarga de trabajo de la Sección de la Audiencia Provincial que debe resolver el recurso y los plazos legales hacían imposible que antes del 27 de abril hubiese una decisión sobre el mantenimiento de la imputación o su revocación. Fuentes de este órgano auguran que muy posiblemente el fallo no esté listo hasta finales de mayo o principios de junio. De hecho, es a partir hoy, que es cuando la Fiscalía ha presentado su recurso, cuando comienzan a contar los plazos. El juez Castro ya ha dado traslado del mismo a las partes personadas en la causa, a las que ha dado el plazo legal de cinco días para que hagan las alegaciones pertinentes a favor o en contra de los argumentos de Anticorrupción. Tanto la defensa de Iñaki Urdangarín como la de la infanta respaldarán lógicamente la postura de la Fiscalía, mientras que la acusación popular representada por Manos Limpias se opondrán a la misma, según señalaron a este diario fuentes del sindicato. Del resto de las defensas personadas, previsiblemente la mayoría no se pronunciará.
Con todos estos escritos sobre su mesa y el resto de la documentación propuesta por las partes, el juez elevará el recurso a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional, que en ese momento deberá decidir por reparto qué tres magistrados conforman el tribunal y quién es el ponente del mismo. En principio, todo apunta a que el mismo será encabezado por el presidente de la Sección Segunda, el progresista Diego Gómez-Reino. Los otros dos saldrán de la terna que componen los jueces Juan Jiménez, también progresista, la conservadora Monica de la Serna y Carmen Ordóñez. A la Sección Segunda se incorporará en breve una quinta magistrada, Leonor Moyá, quien aún no ha tomado posesión de su puesto, por lo que su presencia en el tribunal está descartada, según fuentes jurídicas.
Una vez elegidos, los tres magistrados comenzarán a estudiar por separado la documentación antes de reunirse para deliberar. Dada la complejidad del caso, motivada sobre todo por la situación poco común de que el juez decida una imputación y la Fiscalía se oponga, es previsible que el tribunal decida celebrar una vista a puerta cerrada para oír los argumentos de las partes. Una vez cumplido este último trámite, el fallo no debería demorarse más allá de unos días. Entonces se sabrá si se mantiene la imputación contra la infanta y, por tanto, el juez podrá citarla de nuevo. Según los cálculos más optimistas, esto no se producirá antes de finales de mayo o principios de junio.
