La 'ley trans' continúa generando polémica. Un informe del Consejo Fiscal, que en un escrito anterior, avala ese derecho, muestra ahora la división en el seno de la institución. Seis de sus 12 vocales han emitido un voto particular en el que defienden la necesidad de una autorización judicial para realizar el cambio registral en los menores.
En el informe, al que ha tenido acceso Efe este miércoles, el Consejo Fiscal se muestra de acuerdo con los aspectos fundamentales del anteproyecto para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, que son también los que más polémica han suscitado.
En concreto, la norma, que se encuentra en trámite parlamentario, establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.
El informe del Consejo Fiscal no pone objeción alguna a esta medida; sin embargo, seis de los doce vocales en su voto particular se muestran contrarios. "Los vocales electivos firmantes de este voto particular no podemos compartir este criterio, al entender que solo con autorización judicial se salvaguarda el superior interés del menor de edad garantizando plenamente la seguridad jurídica".
Y se muestra contrario a la creación de tramos de edad porque "no todos los menores que se encuentran en cada uno de esos tramos tiene la misma madurez ni se encuentran en idéntica situación". Por eso, defienden que la única vía para ponderar la situación de cada menor es mediante el establecimiento del mecanismo de la autorización judicial.
Voto particular
El voto particular lo firman los vocales Beatriz Sánchez, Eva Más, María Isabel Gómez, Roberto Valverde, Jorge Andújar y Miguel Rodríguez, todos ellos miembros de la Asociación de Fiscales, mayoritaria en el Consejo Fiscal y de talante conservador.
Aunque este voto particular lo secunda la mitad del Consejo, el informe sale adelante con el apoyo del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ya que, en caso de empate, su voto prevalece. A pesar de que el informe del Consejo Fiscal avala el grueso de la norma y considera correcta la supresión de la exigencia de tratamientos médicos, sí ve necesario que las personas que quieran cambiar de sexo acrediten la estabilidad de esta decisión.
"Esta solución preservaría la finalidad perseguida de despatologización y al mismo tiempo coadyuvaría a satisfacer las exigencias de seguridad jurídica y de interés general", señala. A su juicio, la acreditación de esta estabilidad se podría flexibilizar "admitiendo cualesquiera medios documentales o testificales acreditativos de que la persona que insta el expediente ha mantenido de forma estable la disconformidad con el sexo registral".
Tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitieron en su día informes en los que defendían la necesidad de la intervención judicial para todos los menores de edad. El proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI fue aprobado en junio, en vísperas del Día Internacional del Orgullo.
