Un mismo dirigente, Arnaldo Otegi, pero dos plataformas diferentes: Batasuna y EH Bildu. La primera fue ilegalizada en 2003 después de que la Justicia, tras un informe pericial de la Guardia Civil, acreditase que era un instrumento político al servicio de ETA. La segunda, envuelta en una airada polémica por la inclusión de 44 personas con pasado en la banda terrorista para las próximas elecciones del 28-M, es una "formación democrática" -en términos de la Fiscalía- y mantiene intactas sus candidaturas de cara a los comicios, pese a las diversas peticiones planteadas sobre un hipotético proceso de ilegalización.
ETA no era sólo ETA, sino que contaba con una serie de estructuras satélite con la que articular su estrategia política para alcanzar el objetivo último de la independencia de "Euskal Herria". Entre ellas, Batasuna. Así quedó acreditado en un informe elaborado por el Servicio de Información de la Guardia Civil, que discriminaba las actuaciones de la formación abertzale al servicio de la banda terrorista.
Una forma de actuar que no encajaba en la nueva Ley de Partidos, aprobada con el apoyo principal de PP y PSOE, y que sirvió al Tribunal Supremo para ilegalizar la estructura política. Han pasado veinte años de aquella fecha y ahora, en el año 2023, surge de nuevo el debate sobre la legalidad de las listas presentadas por EH Bildu.
Nos ubicamos en el año 2002. ETA mataba. El acoso policial había diezmado sus capacidades, pero los pistoleros se afanaban en seguir poniendo más muertos encima de la mesa para forzar al Gobierno a unas negociaciones para la consecución de sus objetivos políticos. España -y en particular, una mayoría considerable de ciudadanos vascos y navarros- sacudía sus temores a expresarse contra la violencia terrorista. El secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco supuso un error estratégico para la cúpula de la dirección de la banda, que a partir de entonces perdió una parte sustancial de los apoyos o de la connivencia social.
"La elaboración de la lista europea de organizaciones terroristas y la inclusión en la misma de las organizaciones del entorno de ETA pusieron sobre la mesa el debate sobre la posible ilegalización de Batasuna", describe el libro Historia de un desafío, escrito por el coronel Manuel Sánchez Corbí y la cabo primero Manuela Simón, de la Guardia Civil. Y en el Congreso de los Diputados había consenso casi absoluto en la necesidad de acotar al máximo el terreno en el que se desenvolvían los terroristas. También en el ámbito político.
El Partido Popular y el PSOE -José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero- alcanzaron un acuerdo para impulsar la nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos, que definía las nuevas reglas de juego. En el borrador, aprobado en el Consejo de Ministros, se establecía "la prohibición de aquellos partidos que den apoyo expreso o tácito al terrorismo, y la ilegalización de los que vulneren los derechos fundamentales y democráticos, o propicien el odio y la violencia".
Batasuna comenzaba a verle las orejas al lobo y cambió su denominación en varios escenarios: Abertzales socialistas de Navarra en el Parlamento foral y Abertzales Socialistas de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava en el Parlamento vasco. El Gobierno vasco recurrió la ley de partidos ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que a la postre desestimaría cualquier reprobación del nuevo marco legal en España.
Con la nueva ley en la mano, el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, pidió informes de información sobre los posibles vínculos de los partidos abertzales con ETA. Y así, el 26 de agosto de 2002, decretó la suspensión de "todas las actividades de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna". Un duro varapalo para las pretensiones políticas de Arnaldo Otegi y sus seguidores. Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza cerraron todas las sedes de Batasuna en Navarra y País Vasco.
Suspensión de actividades no era lo mismo que ilegalización. El avispero político era complejo, pero la actividad de ETA no hacía más que respaldar cualquier decisión hacia el fin de Batasuna. Y ETA mató. Fue el 4 de agosto de 2002, atacando el cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola, asesinando a una niña de seis años, Silvia Martínez, y a un transeúnte, Cecilio Gallego. Otegi responsabilizó al Gobierno "de lo que está ocurriendo en estos momentos y de lo que pueda suceder en el futuro".
Pero el proceso de ilegalización siguió en marcha, al mismo tiempo que se decretó la responsabilidad civil solidaria de Batasuna por los daños ocasionados por la organización juvenil Segi con su kale borroka. Así se embargaron cuentas bancarias, locales, sueldos y subvenciones de representantes de la formación política. Y en el Congreso se debatió una propuesta para instar al Tribunal Supremo a que abriese un procedimiento para ilegalizar a Batasuna. No sólo PP y PSOE apoyaron la iniciativa; también lo hicieron Coalición Canaria y Partido Andalucista. CIU, BNG, IU y Chunta Aragonesista se abstuvieron. Votaron en contra PNV, EA, ERC e Iniciativa per Catalunya.
La maquinaria policial se puso en marcha. La Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil elaboró un informe sobre la actividad de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, con las presuntas vulneraciones previstas en la nueva ley de partidos. Dicho informe se remitió a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la del Tribunal Supremo y a la Abogacía del Estado. La Guardia Civil constituyó expresamente para este trabajo un equipo compuesto por analistas, especialistas en las investigaciones relacionadas con ETA y su entramado de apoyo, según detalla Historia de un desafío.
El informe propició que el Tribunal Supremo, con unanimidad de los 16 jueces, declarasen ilegales a Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. Justificaban la decisión en la necesidad de "preservar el sistema democrático".
Han pasado 20 años de aquella fecha y surge de nuevo el debate sobre la ilegalización de la plataforma que dirige Arnaldo Otegi, en este caso, EH Bildu. La polémica surge tras la investigación de Covite en la que se revela que 44 de los miembros de esta formación para las elecciones del 28-M tienen pasado en ETA.
Pero la Fiscalía rechaza de plano cualquier iniciativa en este sentido. El Ministerio Público indica en un decreto de 10 páginas que se trata de una formación "democrática" y que, si bien la ley contempla ilegalizar formaciones cuando incluyan condenados por delito de terrorismo, se exige que se haga "de manera regular y no meramente ocasional", como sería el caso. La asociación Dignidad y Justicia ya ha remitido un burofax urgente al Ministerio Público rebatiendo su postura, indicando que Bildu incluyó en sus listas en los comicios de 2014, 2015 y 2019. La respuesta de la Fiscalía aún está por llegar.
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