El Ministerio del Interior está ultimando las obras del Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) en el antiguo cuartel de Son Tous, en Palma de Mallorca, para que a partir del próximo mes de agosto exista capacidad para acoger, bajo custodia policial y si así fuera necesario, hasta 150 personas que previamente hayan accedido a España por vía marítima de forma irregular por la conocida como 'ruta argelina'.
Según informan fuentes de Interior consultadas por Europa Press, se trata de un CATE modular cuyas obras se iniciaron en noviembre de 2021. Actualmente hay siete módulos acabados que pueden acoger a 60 personas, pero se espera que en agosto esta cifra se eleve a 150.
La inversión es de 2,7 millones de euros y cuenta en la actualidad con tiendas de campaña provisionales. La idea es utilizar este CATE en el antiguo cuartel militar si se produce una llegada de un gran número de personas en pocas horas y es imposible atenderlas en dependencias policiales. Las citadas fuentes señalan que se cuentan con instalaciones de este tipo en Motril (Granada), Málaga, Almería y Cartagena (Murcia).
Giro sobre el Sáhara
En comparecencias en el Congreso, el director de la Policía, Francisco Pardo, ha informado de las inversiones en este tipo de instalaciones, claves para la atención de migrantes de la conocida como 'ruta argelina', la que despierta más preocupación ahora debido a la crisis diplomática con este país norteafricano tras el apoyo del Ejecutivo de Pedro Sánchez al plan para el Sáhara Occidental de Marruecos, su histórico rival.
Coincidiendo con el anuncio de Argelia de suspender el tratado de amistad firmado con España en 2002, este miércoles se registró en Baleares más de un centenar de llegadas de migrantes en varias pateras. El Ministerio, no obstante, confía en mantener la cooperación en materia policial y ha recordado que las llegadas atribuidas a la 'ruta argelina' han descendido un 35% en los primeros cinco meses del año en comparación con 2021.
La carta de Pedro Sánchez respaldando el plan marroquí para el Sáhara se hizo pública en marzo, lo que motivó la retirada inmediata del embajador argelino. Aún así, el cómputo de estos cinco meses arroja 2.824 llegadas de migrantes a Baleares y la Península, frente a los 4.379 en 2021 --1.555 entradas menos, un descenso del 35,5%--. En embarcaciones, el descenso es del 30,5%, al pasar de 394 en 2021 a 274 en los primeros cinco meses del presente año.
72 horas de máximo en un cate
Los CATE están pensados como una "extensión de las comisarías" para atender a los migrantes que han accedido a España de forma irregular durante un tiempo máximo de 72 horas, hasta la apertura del correspondiente expediente de devolución. Una vez abierto dicho expediente, pasan a disposición judicial para que se decida su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) o bien quedan en libertad.
Aunque cuestionados por el Defensor del Pueblo por la falta de un protocolo específico, el Gobierno ya ha recurrido a los CATE ante la presión migratoria en la 'ruta canaria', en este caso principalmente por las salidas de pateras desde Marruecos. Según datos policiales, en 2021 el 40% de la inmigración ilegal llegó a las costas españolas desde Marruecos, el 30% procedía de Argelia y el restante 30% de los países subsaharianos.
Pese a la opacidad sobre la materia, el ministro Fernando Grande-Marlaska también suele destacar que la colaboración con los países de origen y de tránsito permite frenar el 40% de las salidas irregulares, impidiendo que las mafias puedan poner en riesgo vidas humanas.
La instalación de los CATE incluye la contratación de los correspondientes servicios y suministros para la realización de las labores de identificación y asistencia social, médica, provisión de alojamiento, suministro de alimentación, vestuario, asistencia jurídica o intérpretes para los migrantes.
Durante la pandemia de Covid-19, varias ONG cuestionaron el funcionamiento de estas instalaciones de atención a migrantes --como ocurre también con los CIE-- levantados en el muelle de Arguineguín y en Barranco Seco, ambos en Gran Canaria. Las principales críticas se centraron en las lagunas por la asistencia jurídica y el derecho a protección de personas vulnerables
