El juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ha ampliado la investigación sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar a cuatro nuevos delitos y ha citado para el próximo 2 de diciembre al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, que declarará en calidad de investigado.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la titular del juzgado Patricia Fernández sigue el mandato de la Audiencia Provincial de Sevilla que el pasado 26 de septiembre ordenó la reapertura de la causa y que declarasen como investigados Fernández, antiguo secretario general de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, y los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes del grupo Magtel.
Fernández, que fue cesado por el Gobierno de su cargo en la SEPI el pasado 4 de octubre y que puso su cargo a disposición del Ejecutivo el mismo día en que trascendió la resolución de la Audiencia Provincial, responderá las preguntas de la magistrada el 2 de diciembre.
El día 12 del mismo mes comparecerán los responsables de Magtel, de la que era filial Minorbis, adjudicataria del proyecto.
De acuerdo con el nuevo auto, fechado el 8 de octubre, la instructora también acuerda ampliar la investigación, inicialmente limitada a los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y fraude y exacciones ilegales.
Además pasan a tener la condición de investigados todos los miembros de la comisión técnica y la mesa de contratación, trece personas en total, para que quienes ya comparecieron durante la instrucción "puedan mantener, ampliar o matizar sus declaraciones anteriores", mientras que quienes no figuraban como investigados podrán "prestar nueva declaración".
La ronda comenzará el 11 de noviembre, cuando está citada como investigada María José Asensio, ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y concluirá el 2 de diciembre.
El juzgado, de acuerdo con lo dictado por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, también solicitará a la Junta que informe a través de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los cargos que ocupaban los miembros de la mesa de contratación y la comisión técnica, así como Fernández, "tres meses antes de iniciarse la licitación" para la adjudicación de la mina.
El Gobierno andaluz también deberá informar de los puestos que desempeñaron tras el concurso "hasta la fecha en que se expida la información referida".
La Sección Séptima de la Audiencia estimó íntegramente el recurso de apelación formulado por Emérita Resources contra la decisión del juzgado de instrucción número 3, que el 11 de marzo archivó la denuncia penal sobre la adjudicación de la explotación de la mina a la agrupación empresarial México-Minorbis.
"Poderosos indicios" de prevaricación
El tribunal advirtió "poderosos indicios" de prevaricación y ordenó "investigar la participación de cuantas personas hayan intervenido (...) para favorecer el concurso presuntamente fraudulento".
También vio "indicios ostensibles" de tráfico de influencias, cohecho y malversación por "la inexistencia de motivo que explique por qué Grupo México no participó por sí misma en el concurso y se valió de Minorbis", así como por "los ascensos de personas relacionadas con el concurso", que "podrían considerarse una recompensa por los actos ilícitos presuntamente realizados".
