La Guardia Civil, a través del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Cáceres, ha investigado a un hombre de 35 años por un presunto delito continuado de falsedad documental, habiendo sido también denunciado por infringir la normativa de seguridad vial al conducir vehículos para los que no poseía el permiso requerido.
El pasado mes de octubre, agentes de la Guardia Civil detectaron en la provincia de Cáceres a un conductor de autobús escolar que transportaba menores sin contar con el permiso de conducción correspondiente para ese tipo de vehículos.
Pese a ser denunciado por esta infracción, el conductor fue nuevamente identificado el 25 de noviembre mientras realizaba otra ruta de transporte colectivo cerca de la ciudad de Cáceres. Al ser interceptado, los agentes constataron que continuaba careciendo del permiso de la clase "D", obligatorio para conducir autobuses; y que únicamente disponía de un permiso de la clase "B".
Por este motivo fue denunciado ante la Jefatura Provincial de Tráfico por la supuesta comisión de una infracción grave al Reglamento de Conductores, sancionado con una multa de 500 euros y la detracción de 4 puntos.
Durante la investigación, llevada a cabo por el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT), se descubrió que el individuo obtenía contratos como conductor presentando documentación provisional falsificada, indica la Guardia Civil en una nota de prensa. Dichos documentos hacían referencia a permisos de las clases "C" o "D", necesarios para conducir camiones y autobuses. En otra ocasión incluso a la posesión del permiso ADR para el transporte de mercancías peligrosas.
Contratos en varias empresas
Con este modus operandi, el investigado logró trabajar como conductor en al menos cuatro empresas de transporte y obtener contratos en otras cinco, aunque en estas últimas no llegó a ejercer la actividad.
Las empresas afectadas, que desconocían la falsedad de los documentos, se encuentran en la provincia de Cáceres (tres en la capital y dos en Plasencia) y en otras provincias, como Madrid, Ávila, Sevilla y Toledo, en las que consiguió unos contratos, pero sin llegar, finalmente, a trabajar en ellas.
Las diligencias instruidas han sido entregadas al Juzgado de Instrucción, en funciones de Guardia, de Cáceres para la continuación del procedimiento judicial.
