Izquierda Unida habría recibido 70.000 euros en una caja de zapatos en vísperas de unas elecciones. Así lo relató José Antonio González Baro, administrador único de Fitonovo -empresa especialmente favorecida por adjudicaciones públicas en Sevilla en la etapa en que gobernaba la coalición PSOE-IU- en su declaración ante la juez Alaya el pasado 18 de diciembre después de ser detenido en la segunda fase de la 'operación Madeja'.
Según una información que publica este martes el diario El Mundo, González admitió haber repartido entre 2003 y 2012 al menos 700.000 euros en comisiones a funcionarios y cargos públicos, algo que explicaría por qué en poco tiempo la empresa se convirtió en contratista estrella de distintas administraciones públicas. Al igual que Rafael González Palomo, padre y fundador de Fitonovo, las mordidas se convirtieron en algo natural en el proceder de la empresa.
En su declaración ante Alaya, González habría admitido presuntamente que sobornó a IU con los 70.000 euros, que la formación habría invertido en cambiar las ventanas de la vivienda de un funcionario del Ayuntamiento de Sevilla al que tenía además a sueldo (16.000 euros), en costear el gasto telefónico de otro empleado municipal al que también pagaba una nómina fija, y en sufragar la Viagra de un directivo de la empresa pública Adif en Zaragoza (entre 300 y 500 euros).
La formación que lidera Cayo Lara gestionaba en aquel momento el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla, que adjudicó a Fitonovo la conversión de 11 campos de fútbol de albero a césped artificial. Según el diario, "una vez concluidos e inaugurados, IU le pidió, estando próximas las elecciones, una colaboración económica, y el administrador de la empresa accedió. No le dijeron una cifra porque accedió a la primera, y tampoco se recoge en el acta de declaración quién le sugirió esta colaboración ni quién recibió la caja de zapatos.
La empresa de González Baro se convirtió en poco tiempo en la segunda empresa que más adjudicaciones recibió del Ayuntamiento hispalense, por detrás únicamente de Construcciones Camarena.
Sin embargo, las mordidas no se limitaban a IU, ya que también se vieron beneficiados Ayuntamientos y funcionarios del PP y del PSOE. La remodelación del campo de fútbol de La Carolina supuso también una "colaboración económica de entre 15.000 y 20.000 euros" que Alaya sostiende que se entregaron al alcalde de la localidad desde 2009, Francisco J. Gallarín, del PP. Además, en el municipio onubense de La Palma del Condado Fitonovo habría pagado una comisión de unos 10.000 euros por la adjudicación de las obras de remodelación de la piscina municipal. Aunque no se especificó el receptor de la misma, el consistorio estaba gobernado por los populares.
Respecto al PSOE, el diario recoge que existieron, según la declaración ante la jueza, pagos de 200.000 euros en comisiones ilegales entre 2010 y 2011 por la construcción en Algeciras de un aparcamiento y un centro deportivo.
