El juzgado penal 27 de Madrid ha condenado a Jaime Botín a 18 meses de prisión y a pagar una multa de 52,4 millones de euros, el doble de la tasación del cuadro. Además fija que el cuadro de Picasso se lo quede el Estado, según publica ‘El Confidencial’.
La sentencia, contra la que cabe recurso, considera probado que incurrió en contrabando de bienes culturales pero rechaza que la goleta en la que se llevó el lienzo pase a ser propiedad pública como pedía la Abogacía del Estado.
El patrón de Bankinter Botín fue acusado de contrabando por intentar sacar de España sin permiso el cuadro 'Cabeza de mujer joven', tasado en 26 millones de euros, que fue aprehendido en Córcega en agosto de 2015. El empresario se lo llevó en su yate a pesar de que se lo había prohibido primero el Gobierno y después la Justicia. El Estado pidió incluso requisar la goleta. El fiscal pedía para él cuatro años de cárcel de cuatro años y el juez le impuso una fianza de 133 millones.
El picasso es patrimonio histórico español y no podía ser exportado sin permiso
Por su parte, la versión del banquero en el juicio fue que no pretendía subastarlo en Londres, como mantenía la acusación, sino que su intención era protegerlo en el puerto seguro de Ginebra y por eso lo llevó a Córcega en el 'Adix', una impresionante goleta propiedad de Botín.
La defensa, ejercida por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, defendió que el cuadro nunca estuvo en España, sólo en dos ocasiones: en la boda de su hija, que se celebró en 2003 en Ciudad Real, y otra vez que lo trajo para hacerle un marco. Sin embargo, la sentencia considera que era parte del patrimonio histórico español y que no podía ser exportado sin permiso.
Botín llegó a reunirse en secreto con el exministro de Justicia José Guirao para ofrecerle un pacto: exponer su picasso al público a cambio de una condena menor. Una condena de 18 meses sin antecedentes penales no suele acarrear ingreso en prisión.
De este modo, el banquero pierde el primer juicio que tenía pendiente, el otro es por delitos económicos en el que la fiscalía pide para él dos años y tres meses de cárcel y tres millones de euros por delito fiscal en la matriculación de su jet privado, según ha informado la fiscalía. El caso ya estuvo con un acuerdo de conformidad pero Botín decidió romperlo en el último minuto.
