El expresidente balear Jaume Matas argumenta en la petición de indulto que ha planteado al Gobierno que la pena de 9 meses de prisión por tráfico de influencias que pesa sobre él "no resulta adecuada a la justicia, equidad y proporcionalidad".
La abogada que representa al exministro de Medio Ambiente del PP, Pilar Gómez Pavón, recuerda en su escrito que el Tribunal Supremo rebajó la condena inicial de 5 años y 3 meses que impuso a Matas la Audiencia de Palma por varios delitos de corrupción, y la dejó en 9 meses por influir sobre un subordinado para que se pagaran fondos públicos de forma ilegal a un periodista que le escribía discursos.
"En las sentencias contra las que se pretende el indulto, no se dice nada sobre cómo y de que forma influyó el señor Matas sobre el otro condenado, solo que le dijo que le quería ayudar (al redactor de los discursos) en el marco de subvenciones, y hasta donde fuera posible en ese ámbito", indica la letrada. Esta circunstancia hace que "pueda pensarse racionalmente" que la pena es desproporcionada, resalta Gómez Pavón.
La abogada argumenta además que Matas "es una persona integrada en la sociedad, con arraigo familiar, laboral y afectivo", que siempre ha estado a estado disposición de la justicia.
Recalca que el indulto es una atribución del Gobierno dirigida a "reparar las consecuencias materialmente injustas, desproporcionadas o contrarias a los propios fines del ordenamiento penal que de una aplicación rígida de la ley puedan producirse".
Señala asimismo que la pena impuesta a Matas es "prácticamente la mínima" prevista por su delito y que su ejecución, confirmada ayer por la Audiencia de Palma, "surtiría efectos desocializadores", contrarios a la reinserción perseguida.
La representación legal de Matas ha adjuntado el escrito de solicitud del indulto a la petición de suspensión de la pena, que ha planteado esta mañana ante la Audiencia de Palma para evitar el ingreso en prisión mientras se resuelve la medida de gracia.
