El BBVA enfrentaba este viernes una prueba de fuego en el caso Villarejo. La directora jurídica de la entidad, María Jesús Arribas, estaba citada como testigo para que se pronunciara sobre unos correos que le vinculan directamente con el comisario jubilado y que vendrían a desmentir la versión del banco. La testigo se ha acogido a su derecho profesional para no responder a todas estas cuestiones pese a que la propia Fiscalía Anticorrupción ha advertido que, de no pronunciarse, podría llamar como testigo al presidente Carlos Torres.
Arribas, cuya citación ha tratado de impedir el BBVA hasta el último minuto, ha comenzado su comparecencia apuntando que no iba a declarar para no vulnerar el deber de secreto profesional. Es más, ha enseñado una consulta al Colegio de Abogados según la cual le daría la razón de su obligación de no declarar.
Fuentes presentes en la declaración confirman a Vozpópuli que, pese a su alegato, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido preguntarle por una serie de correos, entre los que se encuentra uno remitido en diciembre 2014 sobre un contrato con las empresas de Villarejo y otro posterior sobre los requerimientos que formuló el Sepblac por estas contrataciones.
Pese a ello, la jefa jurídica del banco (quien además estuvo al frente del forensic encargado para depurar responsabilidades) ha dicho que no iba a pronunciarse porque no había pedido dispensa al BBVA para poder hablar. Carlos Gómez-Jara, abogado de Luis del Rivero, ha referido que el banco podría autorizarle en ese momento para pronunciarse sobre este tema, al igual que hizo durante la declaración de los peritos de PwC que llevaron a cabo el forensic.
Del mismo modo, el abogado de Antonio Béjar, exdirectivo de Riesgos del banco y señalado por la cúpula como uno de los responsables de estas contrataciones, también ha tratado que se pronunciara acerca de todo este asunto al sospechar que la investigación interna que se encargó en el BBVA tendría como objetivo hacer decaer toda la responsabilidad en este exdirectivo y 'ocultar' la información relativa a otros 'espadas', como el propio Carlos Torres.
El foco, en Carlos Torres
Sin embargo, la diligencia apenas se ha alargado unos minutos ante el silencio de Arribas. Su comparecencia se produce en paralelo al reciente escrito presentado por Anticorrupción en la Sala de lo Penal en el que rebate el criterio del banco de que Arribas no debería declarar en el caso Villarejo. La Fiscalía no solo defiende la postura contraria sino que lanza un primer aviso a navegantes de que podría terminar pidiendo la citación del presidente del BBVA, Carlos Torres, si ella no despeja las dudas.
En dicho escrito, al que ha tenido acceso este diario, Anticorrupción recuerda que el Consejo acordó por unanimidad en julio de 2019 facultar a Torres y a Arribas para que "procedieran a la designación del representante del banco para esta causa". Para Fiscalía, este movimiento demuestra "el alto grado de conocimiento" que ambos tenían de las contrataciones con Cenyt. Sin embargo, rechaza que esta facultad que se le dio a Arribas implique que forme parte del equipo de defensa y que, por tanto, le faculte para no declarar.
Pese al silencio de la jefa de jurídico del BBVA la Fiscalía le ha preguntado por unos correos sobre los contratos de Cenyt y también al Sepblac, respondiendo al requerimiento sobre Villarejo
"No podemos compartir que ello implique formar parte del 'equipo de defensa', pues si la ejecución de la delegación la hubiese realizado Carlos Torres ¿Formaría éste parte del equipo de defensa? O en tal caso habría de ser citado al no ser abogado ante la imposibilidad de su subordinada", expuso. Así pues, la Fiscalía abre la puerta a llamarle a declarar por los contratos de espionaje ante el silencio de su subordinada.
Los correos de Villarejo
Por su parte, el banco ha llevado el asunto de su comparecencia ante la Sala de lo Penal porque, según dice, Arribas no envió ningún correo en los años inmediatamente posteriores a las contrataciones de Villarejo, sino que fue a partir de 2018. Fue entonces se comenzó a investigar en una de las piezas separadas separadas de la causa las numerosas contrataciones de espionajes a Villarejo entre 2004 y 2017 por las que abonaron 10,23 millones de euros.
Frente al criterio del BBVA, Anticorrupción sostiene que nunca se hizo mención a Arribas como integrante del equipo de defensa del banco hasta abril de 2021 y que no es cierto que la directora jurídica desconociera las contrataciones presuntamente irregulares al ser Villarejo entonces un funcionario policial en activo.
"De los correos revisados puede afirmarse que, con anterioridad al 10 de noviembre de 2017, María Jesús Arribas de Paz era conocedora de la existencia de Cenyt, así como que tal empresa se encontraba con contrato vigente con el BBVA, y ello por cuanto en noviembre de 2017 recibió (en copia) el correo enviado por Elena Arias (de Servicios Jurídicos) en que, bajo asunto “CENYT-Carta terminación” se adjuntaba el modelo de carta de terminación", dice la Fiscalía.
Además, también sostiene que si fue Arribas la que respondió al Sepblac por este asunto en un momento en que todavía no se había iniciado una investigación interna, "la consecuencia es que ésta también estuvo informada de todo".
