El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha informado este martes de que responsables de las comunidades autónomas han realizado 931 viajes al exterior desde 2008 y firmaron 277 memorandos de entendimiento, lo que demuestra que es necesario poner orden en la acción exterior española, según informa Efe.
Así lo ha avanzado García-Margallo en su defensa ante el pleno del Congreso del proyecto de Ley de la Acción y el Servicio Exterior, que se enfrentaba el martes a las enmiendas de devolución presentadas por la práctica totalidad de los grupos de oposición. El titular de Exteriores ha explicado que cuando llegó al Gobierno se encontró con 166 oficinas de las comunidades autónomas fuera de España, lo que generaba un "enorme desorden" en la acción exterior, también en la propia administración central.
De hecho, fuentes de Exteriores han detallado a Efe que el conjunto de los ministerios del Ejecutivo central realizaron un total 718 viajes desde 2008, y las Cortes Generales otros 491, ya desde el año 2006. A estos desplazamientos se suman los protagonizados por cargos de la administración de Justicia, o de los entes locales, unos 250 desde el año 2004, viajes que además no siempre se notifican a la embajada española del país de destino.
Margallo ha insistido en que la ley, la primera de este tipo en la historia de la democracia, no intenta cercenar la acción exterior de las comunidades autónomas sino que busca que todo "suene como una orquesta afinada" y no como un solista sin dirección ni coordinación.
"Todo lo que dice la ley sobre la acción exterior de las CCAA tiene un tono de mano tendida, de invitación", ha insistido Margallo, que ha emplazado a los responsables de las comunidades a informar de sus viajes para que así obtengan la ayuda y la colaboración de las embajadas. "Si no quieren informar, allá ellos", ha proclamado Margallo, que confía en la lealtad institucional de comunidades autónomas como Cataluña, que está preparando su propio proyecto de ley de acción exterior.
El ministro ha ofrecido a las comunidades la integración de sus oficinas en las embajadas de España, de forma que se pueda mejorar la eficacia del servicio y se ahorren gastos, tal y como está haciendo España en delegaciones compartidas con la UE o países iberoamericanos.
Ha calculado que por cada oficina autonómica que se integre, el Ministerio de Asuntos Exteriores se ahorraría 8.813 euros y la comunidad autónoma unos 65.180 euros. De hecho, hasta el momento ya se han firmado protocolos de colaboración con todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, País Vasco y Baleares. "Esta ley quiere ser una ley integradora, abierta a la participación de todas las CCAA, respetuosa con las competencias de todas las administraciones, que busca la transparencia y la economía", ha insistido Margallo ante el pleno del Congreso.
