A la cuarta fue la vencida. José María Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción entre 2001 y 2013, ha asegurado este martes al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, que su compañía sí hizo donaciones al PP, aunque no las que reflejan los 'papeles de Bárcenas'. El constructor aseguró, que con la ayuda del gabinete jurídico de la empresa, "estudiamos la legislación y buscamos la fórmula" para hacer llegar al partido conservador 60.000 euros en 2011, el año del triunfo electoral de Mariano Rajoy, según fuentes jurídicas presentes en su declaración. Mayor Oreja, hermano del que fuera ministro del Interior en los gobiernos de José María Aznar, es el primero de los ocho empresarios imputados que reconoce dichos pagos irregulares y que, además, detalla cómo burlaban la Ley de Financiación de partidos los camuflaban a través de pequeñas empresas 100% propiedad de la constructora pero que no contrataban con la Administración.
En concreto, el exdirectivo de FCC reconoció que hicieron un primer pago a través de la inmobiliaria canaria Participaciones Teide SA por un total de 40.000 euros. El segundo se hizo a través de BBR Pretensados y Técnicas Especiales SL, una ingeniería, también propiedad de la constructora. E, incluso, aseguró que estudiaron un tercer pago, en este caso a través de una tercera mercantil, Megaplas SA. Sin embargo, declaró que este último donativo lo terminaron descartando porque la compañía no tenía casi movimientos y podía despertar sospechas. Ninguna de las tres contrataba con la Administración, requisito legal para poder hacer entregas de dinero a los partidos.
Mayor Oreja no reconoce como ciertas las entregas que aparecen en los apuntes contables de Bárcenas
En su declaración, Mayor Oreja reconoció conocer a Álvaro Lapuerta y que éste le había presentado a Bárcenas. Lo que no ha admitido como ciertas son las entregas que aparecen recogidas en las anotaciones contables del extesorero y que le señalan como el supuesto donante de 165.000 euros en 2008. En concreto, la documentación refleja una primera entrega de 90.000 euros en marzo de aquel año y otro de 75.000 euros cuatro meses después. Según el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, FCC obtuvo entre 2002 y 2012 más de 1.600 contratos de administraciones públicas. De ellos, un 32% correspondían a aquellas gobernadas por el PP.
Tres negativas más
Este martes también declararon otros tres empresarios señalados por los papeles de Bárcenas, aunque en todos los casos han seguido la línea de defensa que ya habían marcado el lunes los tres primeros imputados que comparecieron ayer en la Audiencia Nacional: negarlo todo. Uno de ellos ha sido Luis del Rivero, expresidente y exconsejero de Sacyr-Vallehermoso, quien quitó importancia a que en las fechas de 2003 a 2007 en que supuestamente realizó cuatro donativos por un total de 480.000 euros coincidiera con la concesión de obras publicas. Según dijo al juez Ruz, su empresa tiene tal volumen de contratación, que cifró en el doble de lo que recogen los informes policiales, que era prácticamente imposible que no se produjeran estas "ya que salen a tres cada día".
Del Rivero reconoció haber hablado en su día con los ministros Francisco Álvarez-Cascos y Jaume Matas, pero lo justificó en su condición de presidente de una empresa con importante presencia tanto en España como en el extranjero. Incluso afirmó que al primero le llegó a comentar que "no tenía la obra pública que se merecía". El presidente de Sacyr declaró que él sólo se ocupaba de contratos de más de 3 millones de euros y que un periodista de El País le ofreció no mencionarle en sus informaciones sobre los 'papeles de Bárcenas' si contaba cómo se gestaron dichas donaciones. Del Rivero lo rechazó y este martes ha anunciado que cuando se conozca quiénes son "los autores materiales e intelectuales" de las anotaciones manuscritas, se querellará contra ellos.
Tampoco mucha información han aportado los otros dos empresarios que han declarado este martes, Manuel Contreras, presidente del Grupo de Empresas Azvi SL, y Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa. Ambos se negaron a contestar a las preguntas de las acusaciones. Contreras, a quien los 'papeles de Bárcenas' relaciona con trece entregas de dinero realizadas por un total de 888.000 euros, aseguró al juez que él conoce a Javier Arenas, pero no a los tesoreros del partido. También ha negado haber hecho ningún tipo de pagos al PP y solo ha admitido el patrocinio de algún acto en el que hubiera participado algún político. Cuando le han preguntado por qué cree, entonces, que su nombre aparece en tantas ocasiones en la documentación contable, el empresario andaluz se ha mostrado misterioso: "Sospecho, pero no puedo decirlo".
Fernández Rubio también ha negado que las anotaciones de las apuntes contables del extesorero que le relacionan con donaciones de 330.000 euros sean ciertos. Lo que sí hizo el empresario fue asegurar que él había oído hablar de este tipo de pagos, aunque cuando el juez Ruz le pidió que concretará, se limitó a referirse en genérico a la célebre comisión del 3% de Cataluña y al tripartito.
