El Partido Popular lleva este martes al Senado su proposición de ley orgánica para modificar la delimitación de las competencias de la Audiencia Nacional en los casos de narcotráfico o blanqueo de capitales, entre otros. El objetivo de la medida impulsada por los de Feijóo es que los sumarios de "especial gravedad" sean trasladados a este orgáno judicial lo que, junto a otras modificaciones, serviría para "agilizar" el trabajo de los juzgados de zonas como Barbate que se encargan de estos asuntos y que cuentan con escasos medios.
Se trata de una reivindicación promovida desde hace años por la Fiscalía Antidroga, la judicatura y la Guardia Civil, que viven de cerca la lucha contra el narcotráfico o el crimen organizado. Los jueces celebran que la proposición de ley de los populares llegue a la Cámara Alta, ya que "es la primera vez que se están dando estos pasos". Una medida defendida por la mayoría de la judicatura y que llega después de que el caso por la muerte de los guardias civiles en Barbate sacara a la palestra una lacra que llevan sufriendo desde hace años todos los actores que luchan contra el narcotráfico.
Fuentes jurídicas de la zona, consultadas por Vozpópuli, critican la falta de medios y reclaman una reforma legal que impulse, además de que la Audiencia Nacional pueda hacerse cargo de las causas más importantes, la creación de juzgados especializados y la dotación de más plantilla de jueces. Las mismas fuentes explican que la condición de juzgados mixtos, que llevan tanto procedimientos civiles como penales, propicia que causas de este tipo -las denominadas macrocausas-, colapsen los juzgados de los pueblos.
"Son causas complejas por las diligencias de investigación que se tienen que hacer, como intervenir teléfonos, y el juzgado no tiene capacidad y se colapsa", mantiene una de las voces consultadas. De esta forma, todo cae en cascada, las causas penales arrastran todo y provocan que otros asuntos queden aplazados por exceso de trabajo en los juzgados.
La Audiencia Nacional cuenta con más medios
Por ello, desde a judicatura defienden que se trasladen este tipo de casos a la Audiencia Nacional, un órgano que "tiene la competencia en materia penal y cuenta con otros medios y facilidades". Y es que, tal y como apuntan las fuentes consultadas, no bastaría con las "medidas de refuerzo" impulsadas desde el Gobierno, una ayuda extra que "no es suficiente". El claro ejemplo de esto es la implantación de estas medidas en Andalucía, donde año tras año se amontonan los procedimientos de narcotráfico en zonas como Barbate, Algeciras o Gibraltar.
Según se dispone en la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativa al último ejercicio presentado, el del año 2022, el partido judicial de Barbate ingresó a lo largo de 2022 un total de 2.300 asuntos siendo 666 de ellos civiles y 1.150 de índole penal. Un ejemplo claro de esta sobresaturación es el caso del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Barbate que, en la actualidad, tiene en tramitación 1042 diligencias previas, siendo la más antigua de ellas de 2013, de las que 79 causas son calificadas como "complejas".
Unos datos recogidos por la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en su informe remitido al Consejo General del Poder Judicial el pasado mes de febrero. Poco después, el órgano de gobierno de los jueces encargó al Servicio de Inspección que hiciera un análisis para analizar la situación de estos juzgados. Este estudio "ya señaló que sería eficaz una modificación del artículo" relativo a la delimitación de las competencias de la Audiencia Nacional. Un informe que sirvió de base para trasladar la problemática al ámbito político, iniciativa aplaudida por parte de gran parte de la judicatura.
La Fiscalía Antidroga reclama a Justicia una reforma
La posición defendida por jueces y magistrados va en la misma línea que lo que la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional lleva reclamando a Félix Bolaños durante años. Según el Ministerio Fiscal, desde el 2022 continúan a la espera de que Justicia impulse las peticiones cursadas para erradicar el tráfico de drogas.
En la última memoria de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, de 2022, se reitera una constante demanda de redefinición de las competencias de la Audiencia Nacional en la instrucción y enjuiciamiento de los delitos de tráfico de drogas. El Ministerio Público apunta en su informe que tras 35 años de delincuencia organizada, este tipo de delitos -sobre todos relacionados con el tráfico de estupefacientes- "ha evolucionado desarrollando una dimensión global, digital y económica sin precedentes, con alianzas entre estructuras criminales transnacionales que superan el obsoleto modelo que atribuye la competencia a la Audiencia Nacional".
La proposición de ley orgánica impulsada por el PP y que ahora llega al Senado también incluye la necesidad de crear juzgados especializados en la materia en zonas como Barbate o Grado (Asturias). Una iniciativa que parte de las reivindicaciones defendidas por la Fiscalía y los jueces, y avalada por el último dictamen del CGPJ. El órgano de gobierno propone, además, la creación de un nuevo juzgado en San Lúcar de Barrameda o Ayamonte, lo que permitiría -según fuentes jurídicas de la zona- reducir el volumen de asuntos en Barbate.
Cádiz sigue siendo la provincia en la que más droga se incauta, destacando la caída de incautación de hachís y el aumento de casi un 80% de cocaína. Un incremento notable y que, según los últimos informes, está directamente relacionado con la desarticulación del grupo operativo OCON Sur. Una decisión a cargo del Ministerio de Grande-Marlaska y que Interior ejecutó sin advertir a la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y, tampoco, a la Fiscalía de Andalucía.
