Magistrados que mueren en sus banquillos. Ésa es la fotografía que dibujan los jueces con casos como el de Del Olmo cuya muerte en el tribunal el 8 de junio del año pasado le dejó con 19 señalamientos para ese mismo día y jornadas de 8 de la mañana a 10 de la noche en una semana laboral que iba de lunes a domingo, sin refuerzo alguno por haber sido excluido de la Sala de Gobierno.
Esa sobrecarga de trabajo destaca especialmente en los casos de corrupción en los que cada tribunal tiene –según los datos del CGPJ— 2,1 casos entre manos. Esa misma sobrecarga se extiende al resto de tribunales en los que el máximo órgano de gobierno de los jueces estima una sobrecarga del 150%. Sólo en las salas de la Audiencia Nacional se acumulan 17 macro-causas entre las que figuran algunas tan complejas como la trama Gürtel, los papeles de Bárcenas o la trama de los Pujol, entre otros.
Los 5.018 jueces que componen la carrera judicial en España denuncian al Ministerio por exponerles a lo que definen como “riesgos laborales” y por desatender la “vigilancia de su salud” después de constatar que el último compromiso para reforzar sus efectivos y para crear una Comisión de Seguimiento del problema se ha saldado sin soluciones tres años más tarde, un periodo de tiempo en el que esa comisión ni siquiera se ha reunido nunca.
Entre los 20 documentos que los magistrados aportan como pruebas se reclama un informe de 2012 elaborado por el Consejo General del Poder Judicial de septiembre de 2014 titulado gráficamente: "Informe sobre los órganos judiciales que sobrepasan el 150% de la carga de Trabajo".
Argumentos jurídicos y reclamaciones
Los jueces llevan al Ministerio a los tribunales con un argumento jurídico: “la doctrina constitucional que exige una protección preventiva de la lesión del derecho y no a posteriori. Al mismo tiempo, bastará al titular del derecho poner de relieve un panorama indiciario de peligro concreto, no ya de daño, a la salud psicosocial, para que se tenga por exigible el que el empleador despliegue todos sus medios de protección, al margen de los daños concretos”.
Ese argumento de que la falta de recursos es perjudicial para la salud judicial se combina con una reclamación: los magistrados exigen al Ministerio de Justicia y al CGPJ que refuercen los tribunales y que elaboren "un nuevo Plan de prevención de riesgos laborales, incluidos los psicosociales, adecuado a los jueces y magistrados de los diferentes órganos judiciales de España".
Un problema más allá de los tribunales
La corrupción mueve en España 40.000 millones de euros, frente a los 1.500 de presupuesto con que cuenta el Ministerio de Justicia, es decir, representa un negocio con un presupuesto 25 veces mayor que el que se destina a combatirla. Esa falta de medios va más allá de los tribunales. Así, el SEPBLAC, el Servicio contra el Blanqueo de Capitales dependiente del Banco de España y el Ministerio de Economía y encargado del blanqueo sólo tiene 80 trabajadores a su cargo. La Agencia Tributaria, cuya misión es perseguir el fraude fiscal, ha dado de baja a 1.719 inspectores en los últimos dos años, aunque ahora anuncia que contratará a 166 este año. Igualmente, el Tribunal de Cuentas, encargado de vigilar los partidos, tiene sólo 700 personas en plantilla, de las cuales la mitad están designadas por los propios partidos. Y otras 100 son familiares de los cargos allí designados.
Ese desequlibrio explica que el 26% de los españoles señalen a los políticos y a la corrupción, especialmente ubicada en los partidos políticos y en el Gobierno, como la segunda preocupación, por delante de la recuperación económica.
