La abrupta caída del estado de alarma en España no solo inquieta a los ciudadanos a los que afectan -o no- las medidas y a los políticos que pretenden dictarlas. También los jueces, sobre los que recae ahora la tarea de evaluar la colisión de las restricciones sanitarias con los derechos fundamentales, se muestran molestos e indignados por la ausencia de una legislación a la que atenerse para resolver a favor o en contra de las limitaciones por la pandemia de coronavirus.
Todas las asociaciones de jueces, desde las más progresistas a las más conservadoras, lamentan una situación que el Gobierno podría haber solucionado desde hace casi un año, cuando terminó el primer estado de alarma en España. Sin una ley específica para pandemias que pueda ser interpretada, la pelota está en el tejado de los juzgados: de los tribunales superiores de Justicia de cada autonomía, en primer lugar, y en el Tribunal Supremo, en último término.
“Hubiese sido preferible que todo esto se tramitase por una ley sanitaria moderna y completa”, asevera en declaraciones a Vozpópuli María Esther Castanedo, portavoz de Jueces para la Democracia, en sintonía con las demás plataformas de la magistratura. Desde Foro Judicial Independiente también reclaman desde hace meses “una regulación seria y flexible”. Su presidenta, Concepción Rodríguez, recalca que “la falta de una regulación adecuada crea una situación de fuerte inseguridad jurídica para los ciudadanos”.
Sin voluntad política
“Los políticos han tenido mucho tiempo para haber regulado un marco normativo que permita dar una respuesta adecuada a cada circunstancia”, incide la presidenta de Foro Judicial Independiente. En la misma línea se pronuncia la Asociación Profesional de la Magistratura. Su portavoz, María Jesús del Barco, entiende que “desde junio de 2020, cuando finalizó el primero de los estados de alarma, no ha habido voluntad política ninguna” de impulsar una alternativa.
“La alternativa ya se planteó por el propio Gobierno y dijo que era necesario regular esto”, recuerda Del Barco: “De hecho, Ciudadanos apoyó una de las prórrogas del estado de alarma con la condición que se regulara la restricción de libertades y derechos cuando nos encontráramos en una situación como la actual… Pero no se hizo y sigue sin hacerse”. Por ello, “ahora nos encontramos con el mismo panorama que hace un año, con distintas resoluciones”, lo que hace imposible predecir el pronunciamiento de los jueces en una materia tan sensible como esta.
El Gobierno ha dejado el coste político en otras administraciones… Y al final han pasado la patata caliente a los tribunales”
“El Gobierno ha dejado el coste político en otras administraciones… Y al final han pasado la patata caliente a los tribunales”, lamenta la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que pone en duda la versión del mismo Gobierno que hizo referencia al supuesto “arsenal jurídico” que tienen a su disposición las comunidades autónomas para justificar las restricciones: “No deben tener tan buena munición cuando se están denegando muchas de las medidas solicitadas”. “No sé si esa batería de medidas jurídicas existe y es que las comunidades no la encuentran, y por eso no las están aplicando… pero a lo mejor es que no existe”, zanja con ironía.
Si bien la Asociación Profesional de la Magistratura se muestra crítica con la actuación del Gobierno, apunta también que “es verdad que cada comunidad autónoma puede pedir el estado de alarma para su territorio” y que además “es cierto que la situación sanitaria hoy no es la que teníamos en septiembre, sobre todo por la velocidad de vacunación” que existe en este momento en España, con las personas más vulnerables al coronavirus ya inmunizadas.
Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) ha criticado que "nuevamente" se descargue en los jueces la responsabilidad de decidir sobre las restricciones adoptadas por las autoridades para luchar contra el coronavirus, una vez expire el estado de alarma, reprochando al Gobierno su "omnipotencia" y al Parlamento su "pasividad" y tachando de "incumplidor" al Tribunal Constitucional (TC).
"La pasividad del legislativo, la falta de impulso del Ejecutivo y un Tribunal Constitucional incumplidor han obligado a los órganos judiciales a decidir sobre limitaciones de derechos fundamentales a partir de interpretaciones extensivas de normas pensadas para otros supuestos, con el riesgo que eso implica para los derechos fundamentales de la ciudadanía", concluye la AJFV.
