La sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la entrada de Pablo Iglesias en la comisión delegada que supervisa el CNI le ha dado la razón a Margarita Robles. Fuentes militares han desvelado a Vozpópuli que ella "se opuso desde el minuto uno" a esta maniobra exigida por el entonces vicepresidente segundo, aunque finalmente la ministra de Defensa tuvo que ceder en su empeño y defender en público la inclusión del líder de Podemos en dicho órgano.
Cuando Moncloa informó a los ministerios de la intención de incluir a Iglesias en la comisión encargada de los servicios secretos, les invitó a presentar observaciones como en cualquier real decreto que se quiere llevar al Consejo de Ministros para su aprobación.
Defensa presentó alegaciones de inmediato al entender que no concurría la urgencia para meter este punto sobre el vicepresidente segundo en un real decreto sobre la covid, pensado para paliar los efectos económicos de la pandemia, justo el argumento esgrimido este jueves por el TC para anular ese blindaje. Tampoco veía oportuna la vía de un real decreto específico para este caso y, a lo sumo, sugería que se cambiase la ley por los cauces legislativos normales.
La opinión del departamento de Robles era importante pues el CNI depende orgánicamente de Defensa, pero el gabinete de Pedro Sánchez desoyó las advertencias e impuso el criterio del entonces vicepresidente segundo. Tras varios escritos enviados a la Moncloa, la ministra tiró la toalla y reconoció a su equipo que Presidencia del Gobierno había accedido a los deseos de Iglesias al ser una "decisión política".
En todo caso, el 'diktat' de Moncloa no tuvo ningún efecto práctico pues la comisión delegada para Asuntos de Inteligencia no se ha reunido ni una sola vez con el actual Gobierno de coalición de PSOE y Podemos. La última vez fue a comienzos de 2019 cuando los socialistas gobernaban en solitario tras la moción de censura a Mariano Rajoy.
Robles defiende a Iglesias
Una vez que el Consejo de Ministros dio luz verde al decreto-ley, Robles tuvo que defender en público a Iglesias. Así, un mes después de la polémica maniobra acusó al diputado Carlos Fernández-Roca (Vox) de "faltar el respeto" al vicepresidente por preguntar en una sesión de control al Gobierno sobre su idoneidad para formar parte de la comisión que supervisa al CNI.
En este sentido, rehusó contestar al representante de Vox porque supondría "incumplir las normas" en este caso ya que, a su juicio, "todo lo relativo al CNI tiene la clasificación de secreto" y es competencia exclusiva de la comisión de Secretos Oficiales del Congreso, que supervisa la labor de dicho organismo aunque lleva dos años sin constituirse por la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios.
La ministra consideró que el objetivo de la pregunta del diputado de Vox era "exclusivamente faltarle el respeto al vicepresidente", por lo que le acusó de incumplir las normas parlamentarias "para soltar una soflama". Previamente, Fernández-Roca había planteado que cualquier persona que integre dicha comisión de control debería superar el análisis de idoneidad del propio CNI que valora la "lealtad, honradez y fiabilidad" del aspirante, características que no cumplía Iglesias en opinión del diputado de Vox.
Riesgos "más transversales" para el CNI
Unos meses más tarde fue la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, la que tuvo que defender la entrada de Iglesias en este órgano gubernamental, al hacer hincapié en la necesidad de incluir en la citada comisión delegada a los responsables de "todos los departamentos afectados" por "nuevos desafíos y amenazas" como la covid.
Valcarce subrayó al diputado del PP Jaime Olano que la inclusión en dicha comisión del CNI se hizo "para asegurar un adecuado conocimiento de todos los departamentos afectados por las respuestas a los nuevos desafíos y amenazas". Según la 'número tres' de Defensa, estos nuevos desafíos, como las pandemias, la inestabilidad energética o económica, son "riesgos cada vez más transversales e interconectados" y afectan cada vez "de manera más directa al bienestar de los ciudadanos".
"Por ello se ha estimado necesario completar la Comisión Delegada del Gobierno con la incorporación del titular de la Vicepresidencia Segunda y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030", zanjó Valcarce a pesar de que su departamento se había opuesto inicialmente a ello.
Una "cacicada banarera", según el PP
A juicio de Olano, lo que hizo el Gobierno incluyéndole en dicha comisión rozaba "una tomadura de pelo", por lo que puso en duda que pudiese formar parte de ella un "preimputado por cuatro delitos", en referencia a la petición de imputación del juez del 'caso Dina' en aquel momento y que estaba pendiente de decisión del Tribunal Supremo.
Tras el fallo del TC, el responsable de Justicia e Interior del PP, Enrique López, celebró este viernes que el Alto Tribunal declarase la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición con la que el Gobierno "blindó" la presencia de Iglesias en esa comisión delegada. Aquel movimiento del Ejecutivo de coalición, "por la puerta de atrás y en pleno confinamiento", fue una "cacicada más propia de una república bananera que de una democracia europea", opinó López.
