Manuela Carmena, Juan Ignacio Zoido, Juan Carlos Campo, Enrique López, Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles, Victoria Rosell… Son solo algunos de los nombres de jueces que han ocupado u ocupan cargos políticos.
Actualmente, en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos hay tres ministros que son jueces: Campo, ministro de Justicia; Marlaska, titular de la cartera de Interior, y Robles, ministra de Defensa. Aunque según el artículo 127 de la Constitución jueces, magistrados y fiscales no pueden desempeñar otros cargos públicos ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos mientras estén en activo, sí existen fórmulas por las que se les permite participar en política.
Hace unos años era menos frecuente que se produjeran estas 'puertas giratorias' debido a que los miembros de la judicatura que pasasen a ocupar un cargo político tenían que pedir una excedencia. Esto cambió en 2011 con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por la que pasaban a estar en situación de servicios especiales. De esta forma, se les computa el tiempo que permanezcan en esta situación a efectos de ascensos, antigüedad y derechos pasivos y tienen derecho a la reserva de plaza.
Esta reforma, realizada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y siendo Campo secretario de Estado de Justicia, causó en su día una gran polémica y motivó las protestas de los jueces. Consideraban que se compromete la independencia del poder judicial y se facilita el acceso a cargos políticos mientras, según el artículo 389 de la LOPJ, el cargo de juez o magistrado sigue siendo incompatible con todo empleo público o privado retribuido, excepto docencia, investigación jurídica o creación artística.
No puede ser que un juez pierda derechos laborales a partir del segundo año de una excedencia pero los mantenga intactos mientras se pasa varios lustros en política"
Años después el asunto sigue trayendo cola. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la segunda más representativa entre los jueces, se manifestó recientemente sobre esto. En un comunicado emitido el pasado martes, denuncian que la independencia de los miembros de la judicatura no pasa únicamente por despolitizar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y reclaman una serie de medidas necesarias para "blindar la independencia judicial". Entre ellas, regular las "puertas giratorias de jueces que entran y están en política durante años" ya que, según consideran, son cargos "incompatibles" con volver después a juzgados y tribunales en los que se tratan asuntos que pueden "afectar" a su reciente condición de político.
"No puede ser que un juez pierda derechos laborales a partir del segundo año de una excedencia por maternidad/paternidad pero los mantenga intactos y hasta acumule antigüedad mientras se pasa varios lustros en política sin pisar un juzgado, sin hacer una guardia y sin poner una sentencia", denuncian en el comunicado.
Riesgos de las puertas giratorias
También la Comisión de Ética Judicial, órgano independiente del CGPJ, alertó hace menos de un mes del "elevado riesgo de lesión de los principios de independencia e imparcialidad" que puede darse cuando los miembros de la judicatura regresa al juzgado tras haber pasado por el poder ejecutivo o legislativo.
Según recogió la Comisión en su dictamen, que responde a una consulta formulada por un miembro de la carrera judicial, en los casos de puertas giratorias de este tipo se ven afectados dos de los "principios de ética judicial" que deben observar los jueces y que les obligan a no dañar la imagen de la independencia judicial, así como a reafirmar la confianza de los ciudadanos en la Justicia siempre que sean reconocidos como jueces, aunque actúen en otro ámbito.
Tal y como explicaron entonces, cuando un juez asume un cargo político sigue perteneciendo a la carrera judicial, ya sea en régimen de servicios especiales o de excedencia voluntaria, y por tanto es percibido por la sociedad como un juez. Además, el riesgo de lesión de la apariencia de independencia e imparcialidad crecerá con la exposición mediática o pública de estas personas y con su participación en actos de partido, ya que de este modo la ciudadanía puede percibir al juez como "parte misma de una ideología u opción política".
Este organismo, compuesto por seis miembros de la carrera judicial y por un académico experto en Ética o Filosofía del Derecho, destacó también en su dictamen que ya en 2013 el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) advirtió del riesgo de politización de la función judicial en nuestro país.
