El magistrado del caso Villarejo archiva la causa para Ignacio Sánchez Galán en la pieza por los encargos de espionaje de Iberdrola al comisario jubilado. El presidente de la eléctrica volvió a solicitar el pasado viernes que sobreseyera su imputación amparándose en el criterio de la Sala de lo Penal que apuntó que su exjefe de gabinete, Rafael Orbegozo, quedaba fuera del caso por prescripción de los delitos. Del mismo modo archiva también la causa para el exnúmero dos de la compañía José Luis San Pedro y el exdirector de Administración Juan Carlos Rebollo.
El magistrado Manuel García Castellón atiende la reclamación de Sánchez Galán (la quinta desde que fuera imputado en el caso Villarejo) y decreta el sobreseimiento libre de las actuaciones. La decisión del instructor se produce apenas dos semanas después de descartar la imputación en esta pieza decimoséptima del caso Tándem de Iberdrola matriz. El magistrado escuchó el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y dejó fuera de las diligencias a la multinacional vasca alegando que no podía responder penalmente por los pagos de una de sus filiales.
Podría concluirse conforme los argumentos transcritos que los delitos imputados a Ignacio Sánchez Galán estarían prescritos, por lo que no cabría otra opción más que declarar extinta su responsabilidad
Desde su imputación en junio del año pasado por los delitos de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, Sánchez Galán ha reiterado que nunca tuvo nada que ver con las contrataciones del Grupo Cenyt. En su comparecencia ante el magistrado el pasado mes de enero, delegó estos encargos en el área de Seguridad de la multinacional vasca, que entonces dirigía el también policía Antonio Asenjo.
"No cabe otra opción"
En este tiempo ha solicitado en reiteradas ocasiones su archivo, si bien el magistrado García Castellón ha considerado pertinente seguir indagando en relación a su presunta responsabilidad penal en los hechos. Ahora, tras conocer el criterio de la Sala de lo Penal sobre su exjefe de Seguridad, Rafael Orbegozo, acuerda el archivo de la causa para él y le deja fuera del caso Villarejo.
"Puede concluirse conforme a los argumentos transcritos, que los delitos imputados a José Ignacio Sánchez Galán estarían prescritos, por lo que no cabría otra opción más que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad, y con ello decretar el sobreseimiento libre a tenor del art. 637.3 de la LECrim", explica el instructor en un auto firmado este mismo jueves.
El magistrado recuerda que imputó a Sánchez Galán por su presunta implicación en el proyecto Arrow (relativo a un espionaje en Arcos de la Frontera ante la imposibilidad de impulsar una central de ciclo combinado) así como en los proyectos Gipsy y Posy, sobre un presunto espionaje a Florentino Pérez. Los audios que obran en el sumario de la causa, en los que Villarejo se refiere a Sánchez Galán como 'el señorito' o 'el presi', además de los informes de Asuntos Internos, llevaron al juez a desestimar las peticiones del empresario de sacarle de la causa.
Delitos prescritos
No obstante, ahora precisa que la "contundencia" de la resolución de la Sala de lo Penal no le deja margen de actuación. Al respecto dice que su participación en las contrataciones (que se sucedieron entre 2004 y 2016) llegarían hasta el año 2009. Siguiendo el criterio establecido por la Sala, los hechos estarían prescritos porque se trata de actos ocurridos hace más de diez años.
En lo que respecta a San Pedro y a Rebollo -que fueron de los primeros directivos imputados en esta macrocausa de espionaje- el magistrado insiste en que, aunque hay indicios de su participación en el primer espionaje de Villarejo (proyecto Arrow) "no resulta necesario siquiera entrar a valorar la solidez" de estos indicios porque impera el criterio de la Sala de lo Penal que explica que el delito de cohecho, de haberse cometido, ya no se podría investigar.
Según recalca, los hechos se cometieron entre los años 2004 y 2005, por lo que el delito por contratar a un funcionario en activo estaría prescrito. En su última petición de archivo, la defensa de Sánchez Galán apeló precisamente al auto de la Sala sobre Orbegozo asegurando que su situación era idéntica y que, por tanto, a él le correspondería también el archivo de la causa.
Las coacciones a Del Olmo
"Los acertados fundamentos jurídicos del auto son directamente aplicables a mi mandante, pues la situación jurídica de éste y la del Sr. Orbegozo resultan idénticas a los efectos de la apreciación de la concurrencia de prescripción. En ambos casos los hechos que explican su presencia en la causa se localizan cronológicamente, como máximo, en el año 2009. Mi poderdante fue traído al proceso por Auto de 23.06.2021, es decir, emitido más de 12 años después", expuso el presidente de Iberdrola en su último escrito a la Audiencia Nacional.
En el caso de San Pedro y Rebollo el juez les imputó también delito de coacciones por la reunión mantenida a finales de diciembre de 2019 con José Antonio del Olmo tras hacerse público el informe de este último sobre un presunto sistema de facturas falsas para costear el primer encargo a Villarejo. Del Olmo denunció que los dos exdirectivos le intentaron coaccionar para que se desligara de este documento; una tesis que estos antiguos cargos negaron en todo momento.
Al respecto el juez explica que este presunto delito no estaría afectado por la prescripción, ya que se ciñe al año 2019, si bien duda que la competencia para investigarlo sea de la Audiencia Nacional toda vez que San Pedro y Rebollo salen de la causa. Por ese motivo acuerda la remisión de las actuaciones al órgano territorial competente para investigar los hechos, los cuáles se cometieron en la ciudad de Bilbao.
