El juez de la Audiencia Nacional que se encarga de instruir el 'caso Koldo' ha pedido a la Guardia Civil que le facilite "el expediente de concesión de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Víctor de Aldama", situado por los investigadores como presunto conseguir y "nexo corruptor" de la trama.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 también se dirige al Ministerio del Interior para que faciliten el expediente completo del comandante del Instituto Armado investigado en la causa, Rubén Villalba, "relativo a su nombramiento como agregado de la Embajada de España en Venezuela".

El magistrado accede de esta forma a lo solicitado por la acusación popular que ejerce Hazte Oír al considerar "que los datos obrantes en ambos expedientes pueden resultar de interés para el esclarecimiento de los hechos objeto de actuaciones".

Cabe destacar que este martes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró en el Senado que en el expediente de la citada medalla consta que la misma es un premio por la relación de De Aldama con el Ministerio del Interior desde 2017. "Atendiendo al expediente de concesión de la medalla al mérito de la Guardia Civil al señor Víctor Aldama, se señala que su colaboración con esa institución se remonta al menos cinco años tras su concesión en 2022, es decir en 2017, con un gobierno del Partido Popular presidido por Mariano Rajoy", expuso Marlaska.

En lo relativo a Villalba, cabe recordar que esta misma semana el instructor del 'caso Koldo' ha tomado declaración como testigos a varios subordinados de Villalba que han confirmado que el comandante les pidió que ingresasen dinero en efectivo en algunas de sus cuentas. Otro de esos agentes, además, detalló que Villalba le pedía que le comprase teléfonos de forma frecuente -los mismos se habrían presuntamente utilizado para que De Aldama tuviese comunicaciones seguras-.

En su resolución, el juez Moreno también se refiere a la solicitud de que se permita el "volcado íntegro de información de los correos, comunicaciones y mensajes realizados por medios electrónicos de las evidencias digitales que fueron intervenidas en las diligencias de entradas y registros".

Con todo, el instructor deja claro que "no procede toda vez que existen datos y documentos de carácter privado de las personas investigadas que no tienen relevancia alguna para el esclarecimiento de los hechos objeto de las presentes actuaciones". "Por lo tanto es preciso, con carácter previo, proceder a su expurgo".

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