El magistrado al frente del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha citado como imputado al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, por el conocimiento que pudiera tener de los encargos que la eléctrica efectuó al comisario jubilado. Se trata de una decisión que acuerda 24 horas después de que así lo solicitara la Fiscalía Anticorrupción y ante la existencia de "elementos de juicio suficientes" para imputarle en esta pieza decimoséptima del caso Tándem.
El magistrado acuerda también la imputación del director general de negocios de la eléctrica, Francisco Martínez Córcoles; el expresidente de Iberdrola España Fernando Becker; y el que fuera jefe de gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo. Les imputa delito continuado de cohecho activo, contra la intimidad y falsedad en documento mercantil, de acuerdo con el auto que lleva por fecha el día 22 de junio.
En una providencia separada y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el magistrado les cita para los días 6 de julio (en el caso de Becker y de Martínez Córcoles) y de 7 de julio para Sánchez Galán y Orbegozo. El instructor de esta causa de espionaje relata los indicios recogidos en una investigación penal que arrancó a finales de octubre de 2019 tras el hallazgo en el domicilio de Villarejo de evidencias de estos contratos.
Según explica el magistrado, se trata de una diligencia "útil y necesaria" para esclarecer quien ordenó contratar con el Grupo Cenyt en un momento en que Sánchez Galán era consejero delegado y Villarejo funcionario policial en activo. García Castellón se ampara principalmente en el relato del exdirector de Funciones Corporativas, José Antonio del Olmo, que denunció un sistema de facturas falsas para pagar a José Manuel Villarejo.
El pago de las facturas
"Puede apreciarse, indiciariamente, y desde la provisionalidad de este momento procesal, una voluntad por parte de la compañía de ocultar estos trabajos como parece inferirse del hecho que las facturas
correspondientes a los servicios prestados por CENYT no fueron emitidas por esta -prestadora del servicio a Iberdrola- sino por otra compañía diferente", reza el auto. Se refiere el magistrado a Casesa, la entonces proveedora de seguridad de la eléctrica.
Del Olmo denunció en un informe elaborado en 2004 la existencia de presuntas operaciones triangulares para costear los servicios del primer encargo de Iberdrola al Grupo Cenyt, el conocido como proyecto Arrow. Según expuso en este documento que certificó ante notario, se realizaron "actividades anómalas" para costear los servicios, figurando Casesa como pagadora del policía. Iberdrola, por su parte, no solo niega la existencia de este documento, sino que ha llevado a su exempleado a los tribunales acusándole de denuncia falsa, entre otros delitos.
El informe apuntó que el pago del servicio, presupuestado en 300.000 euros, solo lo conocían Sánchez Galán, Becker, Martínez Córcoles y el entonces director de seguridad de la compañía, Antonio Asenjo. Se trató de la primera incriminación contra el presidente de Iberdrola, pero no la última, puesto que en sus múltiples comparecencias a puerta cerrada en la Audiencia Nacional implicó en estos pagos al empresario y dijo que él sabía que se trataba de un servicio que se remuneró fuera de los cauces normales.
Nueve directivos imputados
No hizo lo propio Asenjo. El también policía -primer imputado de la compañía en esta pieza- reconoció todos y cada uno de los contratos que se firmaron entre 2004 y 2016 por 1,1 millones de euros. Dijo que se gestionaron desde el departamento de Seguridad y que desconocía que Villarejo era un policía en activo. En lo que respecta a Sánchez Galán, le dejó al margen de las contrataciones, aunque ello no ha evitado su imputación en la causa Tándem siguiendo la estela de otros grandes del Ibex como Antonio Brufau (Repsol); Isidro Fainé (Caixa) o el expresidente de BBVA, Francisco González.
De hecho, la Fiscalía Anticorrupción siguió el mismo esquema empleado en estas otras piezas del caso Tándem y, para estrechar el cerco en el presidente, tiró del hilo en la cadena de mandos de la multinacional vasca. De este modo imputó en un primer momento a tres altos cargos que visaron las facturas ahora cuestionadas -entre ellos el exnúmero dos José Luis San Pedro- y actuaron también contra el propio Del Olmo, imputado en calidad de controller.
Las diligencias quedaron en standby a la espera de un informe de Asuntos Internos en el que se estudiaban unas grabaciones pendientes de analizar. En las mismas aparecen Villarejo y Asenjo despachando del encargo de Arrow. Villarejo menciona a Sánchez Galán al que se refiere con el nombre del presi, señorito o Don Ignacio. "De verdad he mirado con todo el detalle y… si quiero poner a este tío patas arriba ponerlo en calzoncillos para que el jefe… Don Ignacio luego… decida lo que tenga que decidir él por su cuenta, hay que, hay que invertir un poquito", le dijo el espía.
Días después de la aparición del informe, el propio Sánchez Galán se ofreció a declarar en la causa, pero los investigadores ya trabajaban en la imputación que ahora se acaba de materializar. Según el auto del juez, todos estos indicios estrechan el cerco sobre la figura del presidente. "Puede concluirse que, aparentemente, ya en el año 2004 se pusieron de manifiesto las sospechas de actuaciones irregulares por parte de Iberdrola S.A y algunos de sus directivos, entre los que se encontrarían Ignacio Sánchez Galán, Fernando Becker y Martínez Córcoles, cuando menos en relación con la ejecución de los trabajos del proyecto Arrow".
Próxima declaración de Casesa
Añade el magistrado que las facturas emitidas por la extinta Casesa -cuyos dueños declara de nuevo el 8 de julio en sede judicial- no iban asociadas a pedido alguno. Un hecho que no estaría permitido en aquella época y que contravendría la norma interna de Iberdrola en lo que respecta a la tramitación de facturas. Casesa ya se desligó de Villarejo en marzo de 2019. Sin embargo, y según obra en el sumario de esta causa, la Agencia Tributaria hizo constar en sus bases de datos relativas al año 2004 pagos al Grupo Cenyt por importe total de 337.560 euros. "Todo ello evidenciaría la existencia de relaciones comerciales", responde ahora García Castellón.
Las unidades de cumplimiento normativo explicaron que proyectos como Arrow o el relativo a Manuel Pizzaro (Blackboard) se costearon sin pedido, si bien ello no significó "una merma de control" ya que el director del departamento de Seguridad estaba legitimado por Iberdrola para efectuar el pago. El propio Asenjo explicó en su interrogatorio que muchos de estos recibís no reflejaban el concepto real por razones de confidencialidad del servicio. Pese a ello, el juez duda de esta tesis y dice que las pruebas practicadas desde el arranque de la investigación apuntarían a una contratación irregular de Villarejo.
¿Hubo encargo sobre Florentino?
El auto del juez recoge también dos de los encargos más polémicos investigados en la causa: los proyectos Posy y Gipsy. Según los investigadores, Iberdrola puso el foco en el presidente de ACS, Florentino Pérez, en 2009 en pleno choque por el control del mercado. Pese a que Anticorrupción insiste en que existió un encargo real para investigar al presidente del Real Madrid, el resto de imputados lo niegan. Sostienen que fue Villarejo quien le ofreció espiar al empresario y que ellos declinaron al pedirle, a cambio, 10 millones de euros.
Sí confirmó Asenjo los pagos por el proyecto Gipsy. Según dijo, el temor a una acción contra Sánchez Galán por parte de Florentino les llevó a poner la lupa en determinados altos cargos de Iberdrola (en concreto el director de servicios generales, José María Álvarez). El motivo fue la sospecha de que pudiera estar filtrando información negativa del presidente a empresarios ligados a Florentino. La trifulca entre los directivos imputados y el presidente del Real Madrid terminó en manos de la Sala lo de Penal que concluyó que había indicios para mantenerle la condición de víctima, tal y como avanzó este diario.
"Con relación a la ejecución de los trabajos de estos dos proyectos (Gipsy y Posy) hay que tener en cuenta además, las anotaciones personales realizadas en sus agendas por el investigado José Manuel Villarejo", explica al respecto el juez, el cual une a esta pieza el informe de Asuntos Internos relativo a los cuadernos personales del comisario. Además, sentencia que los encargos non fueron esporádicos, sino que tuvieron continuidad en el tiempo.
