Crece la cifra de policías nacionales investigados por su actuación durante el 1-O cuando apenas quedan unas semanas para el aniversario del referéndum ilegal. En este caso, son 13 agentes a los que el juez de instrucción número 7 de Barcelona, Francisco Miralles, imputa en un sólo auto al que ha tenido acceso Vozpópuli centrado en lo sucedido en el colegio Ramón Llull, donde un hombre llamado Roger Español perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma.
El juez relata que, una vez requisadas las urnas y las papeletas, “se producen diversos disparos de pelotas de goma, 17 en total, según el informe policial aportado”. En ese momento, la multitud impedía que los furgones policiales abandonasen el lugar. Uno de esos disparos “golpea directamente en la cara de Roger Español, el cual cae al suelo”. “No puede verse en las imágenes el número identificativo del agente que efectúa el disparo”, aclara el auto con fecha del pasado viernes.
Sin embargo, el juez acepta la petición de la Fiscalía de citar Roger Español como afectado, pero también como investigado ya que se observa en las grabaciones como “acomete en más de una ocasión a los agentes y, en concreto, en un momento determinado antes de sufrir sus graves lesiones lanza una valla metálica a un agente y también patea una de esas vallas, que choca por detrás con un agente”.
Más de nueve horas de vídeo analizadas
Este colegio fue uno de los centros de votación que congregó a más votantes, fuerzas de seguridad y cámaras de televisión durante las primeras horas de la consulta. El magistrado se ha basado en un total de 390 fotografías y más de nueve horas de vídeo, además de las grabaciones aportadas por la propia Policía.
“El número de personas allí congregadas fue realmente elevado pudiendo alcanzar un número superior al de mil personas”, advierte el juez, que recibió hasta 33 denuncias de votantes, incluyendo la del director del colegio, que reclamaba por los daños ocasionados en el edificio valorados en 4.344 euros. Además consta la querella presentada por Roger Español, quien denunció el impacto de una “bala de goma” en un ojo disparada por los agentes. Por su parte, la Policía alegó lesiones de cinco miembros de las fuerzas de seguridad.
Según el relato de hechos que recoge el auto, cuando los furgones policiales se personaron en el lugar, se encontraron con una multitud que colapsaba la calle. A partir de ahí, procedieron a empujar a los congregados para retirarlos. Algunos cayeron al suelo por “los empujones y los tirones de los agentes”.
"Una patada por detrás"
En un momento de la grabación -dice el juez- “puede observarse como una persona es sacada de entre la multitud, se queda en el suelo, y sin darle tiempo a levantarse” uno de los agentes “le coge por detrás del cuello y lo arrastra varios metros sin que se comprenda la necesidad de llevar a cabo tal maniobra”. En otro momento, un policía al que no logra identificar, “se dirige a un grupo de personas que está en un lateral y les golpea sin motivo aparente”. Relata el magistrado que una mujer que salía voluntariamente de entre la multitud recibió "una patada por detrás de un agente”.
Las fuerzas de seguridad tuvieron que romper la entrada para acceder al edificio donde apenas se produjeron altercados salvo un agente que “parece dar una patada a una persona”. Una vez requisadas las urnas, los siete furgones policiales trataron de abandonar el lugar, pero se toparon con la oposición de la gente. Se aprecia en los vídeos que había personas que se tiraban al suelo ante los vehículos para evitar su circulación, lo que obligó a la Policía a bajarse para retirarlos.
Esta situación de colapso se extendió media hora y contó con el intento de mediación de los bomberos que pedían a los policías que no se usase la violencia y a los concentrados que depusieran su actitud. El juez defiende que la Policía tiene el monopolio del uso de la fuerza y que sólo será objeto de castigo penal cuando sea claramente desproporcionada, pero añade que “en este caso existen actuaciones concretas que carecen de dicha proporcionalidad”.
El juez Francisco Miralles estudia en numerosas piezas separadas -una por cada colegio- todas las denuncias recibidas contra policías del 1-O que actuaron en Barcelona. Son ya varios los agentes investigados a los que se suman ahora estos trece funcionarios más. Precisamente, este martes se ha conocido la primera sentencia sobre la actuación policial durante el referéndum, que se ha saldado en un juzgado de Lleida con la absolución de un agente denunciado por haber pegado un golpe en la cara a una mujer.
