Kepa Arronategui, el etarra condenado por querer matar al rey al que el Ministerio de Interior ha aceptado acercar al País Vasco por motivos de salud rechaza ser atendido por los especialistas médicos de la prisión. Así consta en un informe elaborado por el Instituto de Medicina Legal al que ha tenido acceso Vozpópuli, según el cual, tan sólo atiende a una psicóloga externa de su confianza.
Este terrorista se encontraba en la cárcel de Almería y el Ministerio ha aceptado trasladarle a Zuera (Zaragoza), una de las prisiones más próximas al País Vasco. Padece un trastorno mental que provocó su inclusión en el protocolo de prevención de suicidios. “Debe tenerse en consideración que el interno de forma reiterada rechaza la asistencia psiquiátrica y psicológica de los profesionales del centro penitenciario recibiendo tratamiento y seguimiento periódico por parte de un psicólogo externo”, dice el informe fechado el pasado 9 de agosto.
Tan sólo unas semanas después, el Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha decidido su traslado tal y como solicitó su psicóloga de parte. “La única manera de garantizar un tratamiento adecuado a su situación límite actual sería que el paciente estuviera en el País Vasco”, decía esta especialista en sus recomendaciones a las que también ha tenido acceso este periódico.
"Lo más cerca posible"
Esta psicóloga, que le visita periódicamente en prisión, añadía que “es imprescindible que esté lo más cerca posible y con mayor frecuencia posible con sus familiares y allegados más próximos para que de esa manera pudiera recuperar las ganas de vivir a través del apoyo y cariño que sólo ellos pueden proporcionarle”.
El presunto apoyo familiar choca, no obstante, con la apreciación de la Junta de Tratamiento de la prisión de Almería, según la cual, Arronategui cuenta con “una deficiente vinculación familiar”. Así se recoge, como un elemento desfavorable, en un auto de la Audiencia Nacional del pasado 26 de abril en el que se le denegaba la suspensión de su pena. Sus abogados habían solicitado su excarcelación apelando a que su situación era tan grave que ni siquiera era consciente del sentido de su condena.
El juez no consideró tal extremo, pero como medida alternativa, propuso a la Junta de Tratamiento de la cárcel de Almería que valorase si, atendiendo a sus problemas de salud, se podría plantear progresarle a un segundo grado (se encontraba en el régimen de aislamiento) o incluso aplicarle un artículo 100.2, que permite salir de prisión.
Prisiones destacó su "no evolución"
La respuesta de Prisiones llegó el 7 junio, ya con el nuevo equipo en el Ministerio del Interior. Sin entrar a valorar siquiera la cuestión de la enfermedad, la respuesta fue negativa. “De la conducta global del interno no se desprende una evolución favorable que permita inferir de momento su capacidad para una normal convivencia".
A su juicio, "la naturaleza y gravedad de los hechos delictivos por los que ha sido condenado vinculados con una actividad terrorista, la responsabilidad civil no satisfecha así como la cuantía de la condena impuesta y su estado temporal de cumplimiento determinan su continuidad en un régimen de vida cerrado para garantizar el fin de su internamiento y la seguridad del centro”, zanjó Instituciones Penitenciarias.
En cambio, el mismo mes de junio, según informó Interior en una nota de prensa, la Junta de Tratamiento de Almería sí propuso su traslado, una competencia directa y exclusiva de la Administración luego tiene que aprobar la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. El Ministerio hizo pública esta decisión la semana pasada a través de una nota de prensa en la que también daba cuenta del acercamiento de Marta Igarriz, actualmente en la prisión de Logroño.
Revisar la dispersión
Arronategui, con delitos de sangre será uno de los primeros presos de ETA en ser acercados al País Vasco dentro de la nueva política del Gobierno tras la disolución de la banda, que pasa por revisar la estrategia de dispersión de sus reclusos aplicada desde la década de los 80.
Según fuentes conocedoras de estos planes, el ministro tiene previsto que la medida afecte a una veintena de presos, la mayoría sin delitos de sangre y no necesariamente a cárceles del País Vasco. Arronategui, ingresó en prisión el 17 de octubre de 1997 y cumple una condena de 158 años, 8 meses y 20 días por asesinatos, tenencia de explosivos, daños, pertenencia a banda armada y atentado a la autoridad.
