Un juzgado de Madrid ha incoado diligencias por un presunto delito de prevaricación administrativa contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y los mandos policiales que ejecutaron sus órdenes y emplearon gases lacrimógenos para reducir las protestas celebradas en noviembre frente a la sede del PSOE en Ferraz.
La denuncia interpuesta por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces señala que la intervención de la Policía contra los manifestantes "no se ajustó a derecho", según consta en la denuncia y en el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En el presentado ante el Juzgado de Instrucción, los denunciantes califican que los hechos acontecidos en Ferraz son consecutivos de un delito de disolución ilegitima de una reunión pacífica, prevaricación, lesiones y un delito de tortura y contra la integridad moral.
La asociación describe "el descontento surgido en la sociedad" ante el anuncio de Pedro Sánchez de que se había acordado tramitar una ley de amnistía, para justificar la legitimidad de "miles de españoles a expresar su desacuerdo... mediante concentraciones ante sedes del PSOE, por toda la geografía nacional". La Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces defiende que los protestantes están amparados por los derechos de concentración, reunión y manifestación.
Apuntan a la "desproporcionada actuación policial" con el uso de gases lacrimógenos para dispersar a la multitud congregada en Ferraz. Asimismo, la denuncia hace alusión a un comunicado emitido por la Unión Federal de la Policía (UFP) donde exigía el cese del Delegado del Gobierno de Madrid tras la actuación policial de esos días.
Estos culpaban al Gobierno de Sánchez de una utilización "partidista" para "reprimir a ciudadanos que se
manifiestan legítimamente", recordando que se han vivido situaciones "bastante más graves" en materia de orden público y puso como ejemplos las "célebres manifestaciones de 'rodea el Congreso' y el asedio al que se vio sometida la Policía Nacional" de Vía Layetana con motivo del 'procés'.
El escrito presentado por la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces defiende que "las normas internas de intervención policial, establecen específicamente que el uso de estos gases lacrimógenos no está permitido frente a meras aglomeraciones de personas". Y que sólo estaría justificado ante agresiones "violentas" a la fuerza interviniente y "situaciones de emergencia.
Según los denunciantes, los agentes desplegados en Ferraz habrían hecho uso de dispositivos de tipo ATF de ocultación y gases AT lacrimógenos, los cuales tendrían un "carácter lesivo -que puede provocar problemas de salud en personas con antecedentes respiratorios".
La resolución emitida por el Juzgado Número 49 de Madrid no es firme y cabe interponer recurso de reforma y subsidiario de apelación, o bien, recurso de apelación directo.
Durante semanas, la sede del PSOE en Madrid se convirtió en el escenario del descontento de los españoles por el pacto de los socialistas con Junts y la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Miles de protestantes se personaban cada noche en Ferraz para reclamar al Gobierno la paralización de la amnistía.
Si todo sigue como planean los socialistas la norma podría ver la luz en el mes de mayo, tras pasar dos meses encapsulada -por obra del PP con mayoría en la Cámara Alta- en el Senado.
