La causa abierta en los juzgados de Madrid por el inventario del Pazo de Meirás cobra fuerza. Tras admitir a trámite la querella de los Franco por el informe de Patrimonio Nacional, la magistrada Cristina Díaz Márquez ha requerido al organismo público una batería de documentos en aras a acotar si los bienes identificados en esta residencia de verano del dictador eran propiedad suya o bien, por el contrario, del Estado. Además, llama a declarar a varios altos cargos de Patrimonio, entre los que se encuentra su presidenta Llanos Castellanos.
Así lo acuerda en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que pone el foco en el informe del organismo del pasado mes de noviembre en relación a todos los bienes (como mobiliario y decoración) que la familia Franco conservaba en el interior del pazo coruñés. Se trata de una decisión que la titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Madrid acuerda después de admitir a trámite la querella interpuesta por los nietos del dictador por un total de cinco delitos, entre los que se encuentran prevaricación, falsedad en documento público y revelación de secretos. El impulso de esta investigación penal coincide con la decisión de un juzgado de La Coruña de suspender el plazo que tenían los nietos de Franco para retirar los bienes de esta propiedad que desde diciembre del año pasado es patrimonio del Estado.
Los querellantes llevaron a los tribunales a la jefa del Servicio de Conservación, Pilar Benito, y le acusaron de actuar de manera imparcial en relación a todos los bienes de los que habría disfrutado Franco. De acuerdo con la querella que dio origen a este procedimiento, Benito se "extralimitó en sus funciones" y elaboró el documento sin que lo reclamara la autoridad judicial. Denuncian que hizo una "genérica afirmación" del asunto sin realizar un peritaje para aclarar si las piezas fueron donaciones o regalos. La clave del asunto reside en que el informe atribuyó los bienes (muchos de ellos de la primera mitad del siglo XX) a instituciones dependientes de Patrimonio, tales como Fundación Generalísimo Franco, Industrias Artísticas, de acuerdo con lo recogido en la Ley de 7 de marzo de 1940.
La actuación de la querellada supone no solo una extralimitación de las funciones de auxilio sino que constituye en sí mismo un acto contrario a derecho.
Sin embargo, la familia Franco aduce a una sentencia del Tribunal Supremo de octubre de 1989 según la cual todas estas fundaciones serían "personalidades jurídicas diferenciadas" de Patrimonio Nacional. Así pues, la magistrada solicita una serie de diligencias en aras a acotar la naturaleza del informe que atribuye a Patrimonio la titularidad de las porcelanas, tapices y mobiliario encontradas. Entre los documentos que quiere incorporar a la causa destacan la resolución del juzgado de La Coruña en la que acordaba la elaboración del informe y la designación de Pilar Benito como perito de Patrimonio. También reclama que se identifique a todas las personas que participaron en la redacción del informe, además de las actas de traslado de todos los bienes que se encuentran en el Pazo de Meirás recogidas con posterioridad a la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975.
Citaciones para junio
La magistrada también requiere todas las comunicaciones que mantuvo Benito relacionadas con el informe y pide a la Junta de Galicia que indique el "soporte" en que recibió el documento en cuestión. Además de la testifical de la presidenta de Patrimonio Nacional, llama a declarar a la Directora de las Colecciones Reales de Patrimonio, Leticia Ruiz Gómez, y cita a ambas para el próximo 29 de junio. Igualmente adhiere la documental aportada por los Franco en la que también denuncian una filtración intencionada en prensa del peritaje y que Benito no tenía competencias para impulsar ese trabajo. "No existe resolución judicial que ampare la actuación de la querella fuera de las funciones de auxilio dispuestas, por lo que la elaboración de un dictamen pericial o anejo al mismo, distinto de lo ordenado, supone una extralimitación de la actuación encomendada", reza.
En su informe, Benito explicó que formó parte del grupo de cinco especialistas designados por la autoridad judicial de La Coruña para realizar el inventario de la residencia de verano de Franco hasta el mismo año de su muerte. Según recogió, el palacete construido a finales del siglo XIX contenía en su interior muebles que tenían su origen en Colecciones Reales Españolas y, por tanto, son de titularidad estatal. Pantallas de chimenea, tapices confeccionados en Francia, alfombras con diseños inspirados en el siglo XVI o vitrinas son algunos de los objetos que Patrimonio reclama como propios. Según el inventario, algunos de estos muebles pertenecieron a la reina Victoria Eugenia (mujer de Alfonso XIII) o al consorte Francisco de Asís de Borbón.
Lo mismo ocurre con los elementos de decoración del pazo. El informe apunta que las esculturas, porcelanas y vajillas analizadas se elaboraron por la Fundación del Generalísimo (más tarde Fundación del Gremio). En sus conclusiones, Patrimonio apunta que, además de todos los elementos fichados, no descarta encontrar más material de continuar con las investigaciones. "A mi juicio y sin perjuicio de lo anterior, hay que prestar especial atención al mobiliario y los bronces, pues hay más piezas de la aquí reseñadas cuya calidad hace sospechar que podrían tener su origen en las Colecciones Reales Españolas", razonó Benito. No obstante, la autoridad judicial que solicitó este informe ha suspendido el plazo de retirada de todos los enseres a la espera de que se resuelvan las dudas acerca de la titularidad de todo lo encontrado en el pazo.
