El juez del caso Pegasus, José Luis Calama Teixeira, ha accedido a la petición de Félix Bolaños de declarar el próximo 5 de julio por escrito. El ministro de Presidencia, que fue el que anunció en rueda de prensa urgente la denuncia interpuesta por la Abogacía para investigar el espionaje con Pegasus al presidente del Gobierno, solicitó al juez cumplir con su obligación por escrito y evitar así tener que acudir de forma presencial a la Audiencia Nacional.
El magistrado que dirige la causa le responde que acepta esta solicitud conforme a la dispuesto en el artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que recoge que el presidente y los demás miembros del Ejecutivo "están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar". Por ese motivo accede a este reclamo aunque le sugiere que comparezca por videollamada.
El objetivo, según manifiesta en su auto, es conseguir una práctica bidireccional y en tiempo real “para asegurar el buen fin de la causa" y una interacción mayor con el testigo. En la petición del ministro de Presidencia, que se gestionó desde la Subsecretaría, Secretaría General Técnica, no se dio ninguna explicación de por qué prefería declarar por escrito a comparecer ante el juez. Simplemente se acogió al artículo que le permite hacerlo.
Proposición del juzgado
El magistrado, que ya ha permitido esta práctica en diligencias como el caso Popular (con la testifical del exministro Luis de Guindos), le sugiere, no obstante, que participe por videollamada. Al respecto le propone acogerse a esta posibilidad y que informe al juzgado las fechas y horas en las que pudiera comparecer por videoconferencia para no afectar a sus labores ministeriales.
El magistrado le citó a declarar tras levantar el secreto de sumario de estas diligencias que arrancaron a tenor de una denuncia de la Abogacía General del Estado. El instructor admitió a trámite la denuncia amparándose en la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos y alegando que los mismos podrían ser tipificados como descubrimiento y revelación de secretos. En su auto de admisión a trámite explicó que se iba a investigar las infecciones del teléfono de Pedro Sánchez con Pegasus los días 19 y 31 de mayo de 2021 y también de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
En este tiempo las pesquisas se ampliaron a un presunto espionaje al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también con el software israelí. En aras a esclarecer los hechos, el magistrado se dirigió en primer lugar al CNI, al que requirió toda la documental relativa a estos 'hackeos' y acordó las primeras declaraciones de la causa. En concreto citó a la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, y al funcionario del CNI encargado de elaborar los informes.
Tras ello, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decidió levantar el secreto de sumario y acordar la citación de Félix Bolaños, el ministro que anunció estos hechos en rueda de prensa el pasado 2 de mayo. En este tiempo resolvió también sobre dos peticiones de personación en la causa: por un lado la Generalitat de Cataluña, que se amparó en el presunto espionaje con Pegasus a líderes independentistas, y por otro la de Prolege. En el primer caso la desestimó, si bien en el segundo accedió a su personación como acusación popular.
