El magistrado José Luis Calama Teixeira ha procesado por terrorismo al jubilado que envió seis cartas bomba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros organismos oficiales. El instructor de esta causa entiende que hay indicios suficientes para proceder contra Pompeyo G.P por estar detrás de esta remesa masiva de paquetes explosivos enviados en noviembre del año pasado a Moncloa y otros cinco entes.
El magistrado, que también le atribuye delito de fabricación y empleo de artefactos explosivos con finalidad terrorista, le impone una fianza de 6.000 euros por este envío masivo de cartas bomba. En su auto explica que no hay indicios de que pertenezca o colabore con banda terrorista, pero que las pruebas recabadas evidencian que actuó promovido por su respaldo a Rusia y como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos por su apoyo a Ucrania.
Tal y como informó este medio en abril, los investigadores trabajaban ya en el procesamiento del único investigado en estas diligencias a tenor de todas las pruebas recabadas en estos meses. Entre ellas destacan la compra por Internet del material explosivo y las cartas y sobres empleados, así como los vestigios de ADN encontrados en los seis artefactos que este jubilado de Burgos envió a diferentes entes oficiales.
Seis cartas bomba con un mismo ADN
La causa arrancó precisamente a tenor del artefacto que envió a finales de noviembre a la Embajada de Ucrania en España. La deflagración afectó a uno de los empleados de la sede diplomática que tuvo que ser atendido por heridas leves en la mano. Tras ello, tuvieron entrada en la Audiencia Nacional información de un sobre bomba idéntico que había llegado a La Moncloa días antes, así como los siguientes sobres que envió en aquel momento.
El jubilado que se sentará en el banquillo, remitió paquetes idénticos al director de una empresa de armamento zaragozana; a la base aérea de Torrejón de Ardoz; a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la Embajada de Estados Unidos en España. Las cartas bomba no llegaron a explotar en ninguno de estos casos ya que se activó el protocolo de seguridad y se deflagraron, como ocurrió en el caso del sobre enviado a la residencia oficial del presidente del Gobierno.
Este paquete contenía carga explosiva de perclorato/clorato de origen pirotécnico, mientras que el enviado a Robles estaba relleno de clavos, bolas de acero, un circuito electrónico y material orgánico. La investigación policial determinó rápidamente que todas estas cartas enviadas con apenas días de diferencia presentaban una serie de características comunes que les hicieron sospechar que tras ellas se ocultaba un mismo autor.
En concreto, todas tenían el mismo sistema de activación, de iniciación pirotécnica y una carga explosiva idéntica. Las primeras pesquisas llevaron a los agentes a Valladolid ya que los sobres dirigidos a la Embajada de Estados Unidos, a Presidencia y a la empresa zaragozana fueron matasellados de forma parcial en esta localidad. La Policía efectuó trazabilidad de los envíos hasta constatar que las cartas habían salido de diferentes buzones de Burgos. También los sellos dieron pistas hasta llegar al lugar físico donde los adquirió.
El rastro de la Policía
El golpe definitivo lo propiciaron al consultar en la empresa online que comercializa los sobres que este jubilado empleó. La firma reveló que se vendieron un total de 25 unidades a este jubilado que reside en Mirada de Ebro. También Amazon facilitó información sobre todo el material pirotécnico adquirido por el procesado. En concreto, entre los meses de junio y julio adquirió el nitrato, los cables con mecha o la tornillería que empleó para elaborar las cartas bomba.
Con todos estos indicios la Policía procedió a la entrada y registro del jubilado en enero de 203. Los agentes encontraron varillas cilíndricas que podían corresponder a las empleadas en los explosivos caseros, además de tornillos y taladros con brocas de precisión similares. De hecho, el material hallado hizo temer a los investigadores que planeaba crear un explosivo más potente que las cartas bomba.
"En el ánimo de dicho procesado está presente tanto alterar gravemente la paz pública, transmitiendo el mensaje de que nos encontramos ante una acciones efectuadas por personas vinculadas a Rusia como represión hacia los intereses de España y Estados Unidos consecuencia de su apoyo a Ucrania ante la ocupación rusa, como obligar a los poderes públicos de nuestro país a abstenerse del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa", reza el magistrado.
Al respecto, le atribuye la modalidad agravada del delito de terrorismo debido a que uno de los envíos se dirigió directamente al presidente del Gobierno con su nombre y primer apellido. De idéntica forma actuó en relación con la ministra de Defensa, a quien se le remitió el sobre con sustancia explosiva "de manera nominativa".
