El magistrado Manuel García Castellón mantiene a dos de los policías personados en la causa de Tsunami Democràtic como perjudicados de la plataforma radical. El instructor ha desestimado la petición de uno de los imputados y ha ratificado la condición de víctimas de dos agentes que resultaron heridos de gravedad en los disturbios del movimiento.
El auto, al que ha tenido acceso Vozópuli, deniega la petición de Oriol Soler, a la que se adhirió también la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ya ha defendido en anteriores escritos que no contempla el delito de terrorismo y que los hechos por los que se investiga a Tsunami Democràtic se incardinan más en desórdenes públicos graves.
Al recurso de Soler -en el que se apunta a una falta de legitimidad de los agentes personados- se sumaron los también imputados Marta Molina y Xavier Vendrell, mientras que la plataforma Sociedad Civil Catalana se opuso. El magistrado, que está a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva sobre su petición de asumir el procedimiento, ha confirmado su auto del pasado 20 de noviembre y ha decidido mantener a estos agentes.
Los policías ven terrorismo en Tsunami
Los dos policías, que ya se han dirigido al Tribunal Supremo por si acepta la exposición razonada de García Castellón, pidieron personarse en este procedimiento después de que el instructor imputara por delito de terrorismo a Carles Puigdemont, Marta Rovira y otra decena de personas.
En su escrito de personación, los dos agentes, representados por el despacho Fuster-Fabra abogados, consideran que hay indicios en las actuaciones más radicales de Tsunami Democràtic que permiten la investigación de estos hechos por "terrorismo callejero". En concreto, aludieron a los disturbios que tuvieron lugar en Barcelona la jornada del 18 de octubre de 2019.
Esta fue una de las muchas protestas que Tsunami Democràtic convocó entonces contra la sentencia del procés que el Tribunal Supremo hizo pública el 14 de octubre de 2019. Durante aquellos días se vivieron batallas campales en la calle que terminaron con decenas de detenidos y mobiliario urbano destrozado. Uno de los objetivos de dichos ataques fue las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Vía Laietana, custodiadas entonces por efectivos de antidisturbios.
En ese contexto, aquel 18 de octubre se convocó una manifestación estudiantil por la huelga general. Pasadas las 14.00 horas, los manifestantes comenzaron a lanzar botellas y latas contra la sede de la Policía, según relataron los policías.
A las 20.00 horas los manifestantes se trasladaron a la Plaza de Urquinaona donde los agente se enfrentaron a lo que definieron como "terrorismo urbano o kale borroka". La violencia se acrecentó y los allí concentrados lanzaron "adoquines, piedras, bolas metálicas de petanca, bengalas, cócteles molotov, ácido y material metálico de bricolaje".
Los disturbios de Tsunami
Uno de los agentes recibió un impacto en el casco tras el cual perdió el conocimiento y cayó al suelo, mientras que el segundo recibió otro impacto en la mano que le provocó una fractura en su brazo derecho. Como consecuencia de las secuelas, fue jubilado a la edad de 45 años. Por todo ello, su defensa letrada expuso en entrevista con este medio que ven indicios para mantener el terrorismo y que sus clientes buscan que se les reconozca como víctimas de este delito.
Se trata de una línea de investigación que choca con lo defendido por la Fiscalía pero no con la tesis del instructor, que mantiene el delito de terrorismo por el que se abrieron estas diligencias en 2019. Al respecto, el magistrado pidió hace unas semanas a la Sala de lo Penal del alto tribunal que asumiera esta causa al encontrarse entre los señalados dos personas aforadas.
Se trata de Carles Puigdemont y del diputado de ERC Rubén Wagensberg, a quien el magistrado ha ordenado localizar recientemente tras su fuga a Suiza. Precisamente, la exposición razonada del magistrado ha provocado una profunda división en el seno de la Fiscalía General del Estado a tenor de la deliberación la semana pasada de una sección de la junta de fiscales de lo Penal del alto tribunal.
El foco, en la Fiscalía del Tribunal Supremo
Los fiscales, que se reúnen todos los martes, deliberaron sobre la ponencia del fiscal Álvaro Redondo, quien redactó en un primer momento un borrador favorable a la investigación por terrorismo de Carles Puigdemont, si bien luego entregó una versión opuesta; esto es, que no veía indicios para que el alto tribunal asumiera las pesquisas y que el magistrado instructor tendría que seguir investigando.
En la deliberación de esta ponencia se impuso por una amplísima mayoría el criterio de que los indicios contra el expresidente catalán eran pocos pero sólidos y que había cabida para investigar estos hechos por delito de terrorismo, teniendo en cuenta que se trata de una fase indiciaria del procedimiento.
La falta de concordancia entre el ponente y la mayoría de la Junta, unido a que los dos fiscales de Sala del órgano discrepaban en su criterio, forzó la aplicación del artículo 24 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. De esta manera, el asunto ascendió a su superior jerárquica y el pronunciamiento final de la Fiscalía lo efectuará la teniente fiscal del alto tribunal María de los Ángeles Sánchez Conde.
Se trata de un movimiento que, como informó este medio, muchos de los fiscales presentes entendieron como una maniobra para que finalmente emitiera el informe la 'número dos' de la institución que dirige Álvaro García Ortiz. Con todo, el criterio del Ministerio Público no es vinculante, por lo que la última palabra sobre la investigación a Tsunami la tendrá la Sala Segunda del alto tribunal.
