La paciencia tiene un límite y la del juez José de la Mata ya ha llegado a su límite. El instructor del caso Gürtel ha dictado una providencia dirigida a dos organismos dependientes del Ministerio de Hacienda en la que muestra claramente su malestar por el retraso en remitirle cuatro informes "indispensables para el avance de las actuaciones". El magistrado que sustituyó a Pablo Ruz pone, de hecho, una fecha tope a la Agencia Tributaria y a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que dichos estudios estén sobre su mesa: el próximo 30 de septiembre. El escrito del magistrado incorpora un párrafo resaltado en negrita en el que recuerda a los responsables del departamento de Cristóbal Montoro que los plazos que se fijan han de cumplirse "y sólo para el caso de concurrir causa justificada" éstos se pueden retrasar.
El magistrado quiere tener sobre su mesa antes del 30 de septiembre dos informes sobre el Ayuntamiento de Arganda, otro sobre el de Boadilla del Monte y uno más de AENA
La providencia, fechada este miércoles y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, consta de tan sólo folio y medio, pero su contenido deja traslucir el malestar del magistrado. Así, destaca la necesidad de "agilizar la instrucción en curso" en lo referente a la segunda etapa del caso Gürtel y a la pieza separada abierta para investigar las supuestas irregularidades en la contratación de empresas de Francisco Correa por parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), la empresa pública dependiente del Ministerio de Fomento. Para conseguir ese impulso, el juez De la Mata recalca que necesita contar sobre su mesa con "diversos informes" encargados hace tiempo a la Agencia Tributaria y a la IGAE cuyo contenido califica de "indispensable para el avance de las actuaciones".
En concreto, reclama a la AEAT el "informe ampliatorio sobre la documentación analizada vinculada a la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas en relación con el Ayuntamiento de Arganda del Rey", el municipio madrileño donde la red de Correa dio su mayor pelotazo urbanístico. El instructor quiere que esté presentado como muy tarde el próximo 30 de septiembre. Esa misma fecha es la que ha impuesto al otro organismo dependiente de Hacienda, la IGAE; aunque en este caso son tres los estudios que le reclama con urgencia. Se trata, en concreto, de sendos informes sobre "la regularidad de la contratación seguida entre las sociedades y personas investigadas" con los ayuntamientos de Boadilla del Monte y, otra vez, Arganda del Rey, y con AENA. En este última pieza están imputadas colaboradores cercanos al que fuera vicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez Cascos.
Sólo retrasos "justificados"
La providencia de De la Mata quedaría en un mero recordatorio si no fuera por el último párrafo de la misma. Siete líneas resaltadas en la que insiste para que "en la totalidad de los oficios y requerimientos" se haga mención expresa para que "los plazos previamente indicados sean atendidos por las diversas unidades destinatarias". En este sentido, insiste en que "sólo para el caso de concurrir causa justificada que motivara un retraso o demora en cuanto a la presentación de los informes interesados, deberá ser puesta en conocimiento del Juzgado con la suficiente antelación, a fin de que pueda ser valorada por este instructor".
De la Mata ordena que a partir de ahora cualquier retraso en la entrega de un informe se le comunique "con la suficiente antelación" para decidir si aplaza la fecha o la mantiene
No es la primera vez que las investigaciones de Gürtel se ven frenadas por el retraso en el envío de informes sobre el contenido de documentación intervenida. De hecho, el anterior titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, se vio obligado en diciembre de 2013 a reclamar a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía siete análisis sobre documentos intervenidos en 2009, cuando se produjeron las detenciones, y que entonces, casi cinco años después, no habían sido concluidos. Los agentes remitieron entonces un informe de tres páginas en el que justificaban ese retraso en la abundantísima documentación intervenida, que se tardó casi un año en tener clasificada y disponible para su estudio, y en la continua entrada en la causa de nuevos datos gracias a las diferentes comisiones rogatorias enviadas a 21 países. Finalmente, la Policía entregó poco después todos esos documentos.
Meses más tarde, Ruz tuvo que reclamar de nuevo documentación, aunque en este caso el destinatario fue Hacienda. En una providencia de finales de julio de 2014, el entonces juez de la Audiencia Nacional reclamó a este organismo dependiente de Hacienda que le remitiese "a la mayor brevedad" un informe clave para la instrucción de la causa abierta por los 'papeles de Bárcenas'. Se trataba, en concreto, del análisis que encargó a sus expertos para determinar si había relación entre las donaciones presuntamente realizadas a la caja 'B' del PP por los empresarios entonces imputados y las adjudicaciones que las mercantiles de éstos recibieron del Estado. Lo más llamativo es que dicho documento, con el que se pretendía determinar si hubo delito de cohecho en dichas entregas de dinero, lo había encargado el magistrado el 19 de julio de 2013, más de un año antes.
