"Me linchan para amedrentar a jueces que investigan a otros banqueros", asegura el juez del caso Blesa, Elpidio José Silva, condenado 17 años y medio de inhabilitación por un delito de prevariación y dos contra la libertad de Miguel Blesa y Díaz Ferrán. "Es un mensaje a los otros jueces que mantienen imputados a más de 100 miembros de bancos y consejos de administración", aseguró el juez anoche en el programa La Otra Red de Cuatro. "Sólo así se explica el voto discrepante del presidente de la sala --argumentaba Silva-- que asegura que no ha habido delito".
Deberá pagar 10.000 euros de multa a Díaz Ferrán "en concepto de daños morales"
Silva niega que sea un ex juez y asegura que sigue ostentando ese título porque caben todavía un recurso en casación y otro ante Estrasburgo. "No me han liquidado", aseguró, "porque todavía cabe un recurso de casación que vamos a presentar de manera inmediata", dijo en referencia al voto particular emitido por el presidente de la sala, Arturo Beltrán que aunque afirma en su escrito que "su conducta es contraria a la esperable de un garante de los derechos ajenos" y que "no se puede instruir así", añade que "no existe instrucción prevaricadora". Silva aseguró anoche que el juez Beltrán ha sido sometido a presiones para que la condena fuera unánime pero que finalmente no ha cedido a ellas.
Las tarjetas "black" de Caja Madrid
El magistrado acusó a la Justicia de haber frenado su causa en la que se comenzaron a investigar los correos electrónicos de Miguel Blesa en los que se mencionaba por primera vez las tarjetas opacas que se usaron para pagar a los directivos y ejecutivos. "Ha habido encubrimiento y sólo la presión de algunos partidos pro-regeneración está haciendo aflorar el escándalo", aseguró el magistrado condenado que sostiene que pueden haberse comprometido algunas pruebas en el caso de las tarjetas opacas.
Silva, que deberá indemnizar con 10.000 euros de multa a Gerardo Díaz Ferrán "en concepto de daños morales" y que fue acusado por Blesa de haberle hecho un "enorme daño a su honor" cuestionó también esa parte del fallo y denunció lo que en su opinión era una doble vara de medir ya que los beneficiarios económicos de su sanción "no han tenido que demostrar esos supuestos daños al honor", zanjó.
