El futuro penitenciario de cuatro centenares de miembros de ETA está en manos de un gallego de 49 años de sólidas convicciones religiosas. Se llama José Luis de Castro Antonio y es el titular del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Por la mesa de su despacho de la Audiencia Nacional pasarán a partir de las próximas semanas las decenas de peticiones que los presos de la banda armada empezarán previsiblemente a cursar para poder disfrutar de beneficios penitenciarios y que serán rechazadas casi con toda seguridad en primera instancia por Instituciones Penitenciarias. Él será, por tanto, el encargado de decidir si el interno tiene derecho a la progresión de grado, al permiso o a la libertad condicional que muchos de ellos solicitarán después de que el comunicado del pasado sábado del colectivo de presos de la organización (el EPPK en sus siglas en euskera) diera luz verde a las peticiones indiviudalizadas. No será la primera vez que el juez De Castro tenga que tomar una decisión sobre las salidas de prisión de miembros de ETA. De hecho, por sus manos pasan todas las del colectivo, entre ellas las polémicas excarcelaciones por enfermedad de Iñaki de Juana Chaos y de Josu Uribetxeberría Bolinaga, el secuestrador de Ortega Lara, además de libertades condicionales 'célebres' como la del exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.
Fuentes cercanas al magistrado destacan lo "mal que lo pasó" por las críticas recibidas cuando tuvo que decidir sobre la excarcelación de De Juana y Bolinaga
Alineado con la asociación progresista Jueces para la Democracia, casado y con dos hijos, De Castro es un 'experto' en el tema carcelario. Tras pasar sus primeros tres años en la carrera judicial al frente de juzgados de Primera Instancia e Instrucción de su Galicia natal, en 1992 empezó a ejercer en órganos judiciales de vigilancia penitenciaria. En concreto, en el de Castilla y León, con sede en Valladolid, donde aún le recuerdan por su empeño en rebajar el precio de los productos de primera necesidad a la venta en el economato de la cárcel de Topas (Salamanca). De allí pasó en 1999 a Madrid con idéntico fin, hasta que en noviembre de 2004 consiguió la plaza que ocupa ahora. Desde entonces, ha tenido que bregar con la situación penitenciaria de decenas de presos, en su mayoría etarras, pero también narcos, mafiosos y 'celebridades' como Luis Roldán y Mario Conde, a los que flexibilizó el cumplimiento de sus condenas. Y en muchos casos lo ha hecho ante la incomprensión de un sector importante de la opinión pública hacia sus decisiones. "Lo pasó muy mal con las críticas que le cayeron por el caso del secuestrador de Ortega Lara, pero sobre todo por las que recibió durante la huelga de hambre de De Juana", recuerdan estas mismas fuentes.
En el caso del integrante del 'comando Madrid', De Castro apoyó la decisión del Gobierno socialista de suavizar su régimen penitenciario en plena huelga de hambre del etarra. Lo consideró "ajustado a derecho" y una medida "humanitaria". Le llovieron las descalificaciones y pocos salieron en su defensa. En el caso Bolinaga ocurrió algo parecido. La Fiscalía cambió por sorpresa de decisión y rechazó la excarcelación del secuestrador de Ortega Lara al considerar que el cáncer que sufría no era tan terminal como indicaban los informes médicos, lo que dejó a De Castro sólo ante una decisión muy cuestionada desde amplios sectores de la sociedad. Tuvieron que ser al final sus compañeros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional los que terminaran dándole la razón y pusieran en libertad al reo. Entonces, no dudó en recibir a las asociaciones de víctimas del terrorismo en su despacho para explicarles los fundamentos jurídicos de su decisión. De poco le sirvió. Siguieron echando en cara uno de los pocos logros de los que este magistrado discreto hace siempre gala: jamás se le ha muerto un interno entre rejas, fuera quien fuera, tuviera a sus espaldas los delitos que tuviera.
Afable y cercano
Quienes han tratado con él aseguran que es "afable" y "cercano", y que en los debates no elude ningún tema. "Se puede hablar con él a 'calzón quitado'", asegura un político vasco que ha compartido con él mesa y mantel en alguna ocasión y que reconoce en él una disposición "a dar pasos" en política penitenciaria con los presos de ETA "siempre que se sienta respaldado". "Si no es así, delegará en sus compañeros de la Audiencia Nacional la decisión final. No parece dispuesto a cargar sólo con más autos polémicos", augura esta misma fuente. Es lo que asegura que hizo el pasado mes de mayo con un permiso de salida solicitado por el etarra Valentín Lasarte, condenado a 340 años de cárcel por el asesinato de siete personas, entre ellos el concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez y el abogado socialista Fernando Múgica. El Ministerio del Interior se opuso a que se le concediera y él dio la razón al equipo de Jorge Fernández Díaz. Poco después, sus compañeros de la Sección Primera de la Audiencia Nacional le enmendaron la plana y concedieron la salida a Lasarte. Un fallo que, curiosamente, luego él aplaudió al considerar que el mismo sentaba "una doctrina importante para casos futuros".
A un etarra le denegó la libertad condicional porque no mostró "una mínima voluntad de resarcir a sus víctimas" con el sueldo de 1.300 euros que ganaba
Los que más tratan con él insisten en un interés por visitar 'in situ' a sus 'clientes', los presos, para lo que no ha dudado en recorrer una tras otra las cárceles españolas y entrevistarse directamente con ellos y con aquellos familiares que acuden a su despacho de la Audiencia Nacional a exponerle sus miedos y reclamaciones. Un interés por el contacto personal que también ha tenido en sus casos más polémicos. Así, De Castro se presentó en el Hospital 12 de Octubre de Madrid donde De Juana era alimentado a la fuerza para hablar con los tres médicos que le atendían. Y en agosto de 2012, se desplazó hasta el hospital de San Sebastián donde Bolinaga estaba internado para conocer de primera mano la situación médica del recluso antes de decidir su excarcelación. Sólo unos meses antes, en octubre de 2011, había acudido a la prisión alavesa de Nanclares de Oca a escuchar a la veintena de reclusos de la banda que habían sido expulsados de la organización tras abjurar de la violencia y apostar por la reinserción.
Días después de aquella visita a los arrepentidos de ETA concedía una entrevista al diario El País en la que fijaba cuál era el camino que, en su opinión, debían seguir los presos de la banda para obtener beneficios y adelantar su salida de prisión: "El perdón es la única vía para lograrlo". En esa misma entrevista también dejó claro que una futura disolución de la banda no evitaría que los reclusos etarras tuvieran que cumplir todos y cada uno de los requisitos que marcan la ley, entre ellos el escrito manifestando expresamente el arrepentimiento y el resarcimiento de las víctimas. Fue precisamente por la falta de intención de hacer esto último por lo que en 2007 negó la libertad condicional a un etarra, Vicente Sagredo. El juez De Castro consideró que el reluso no tenía "una mínima voluntad de resarcir a sus víctimas" pese a que cobraba un sueldo de 1.300 euros mensuales, vivía con su madre y la indemnización a la que tenía que hacer frente era pequeña.
Oubiña y los drogodependientes
Muy aplaudido fue el auto que dictó a finales de 2011 por el que otorgaba la libertad condicional al narcotraficante gallego Laureano Oubiña. En él, De Castro fijó unas medidas para su reinserción social sin precedentes para un condenado por delitos contra la salud pública: adoptar como “regla de conducta” la de colaborar con “una organización de asistencia a personas desfavorecidas o con un problema de drogodependencia”. En el auto, el magistrado se preguntaba qué podían hacer “aquellos internos condenados por delitos contra la salud pública en los que, más allá del cumplimiento de la condena, la responsabilidad ante la sociedad se diluye al no existir víctimas concretas” a las que resarcir. La respuesta la daba en el propio escrito: el arrepentimiento no era suficiente y era necesario un “plus”. Por ello, instaba a la prisión a buscarle “una organización, en función de las circunstancias personales, laborales y familiares del penado, que le permita al interno continuar con el proceso de introspección personal y de la asunción del daño que causa el tráfico de droga”.
A finales de 2011 accedió a excarcelar al narco gallego Laureano Oubiña si éste aceptaba trabajar con una ONG de ayuda a drogodependientes
De Castro, que en ocasiones se ha quejado del elevado número de expedientes que cada año pasan por sus manos (más de 9.000) y de ser el magistrado de vigilancia penitenciaria que más reclusos tiene bajo su jurisdicción (cerca de 3.500), tiene desde hace meses una juez de apoyo, María Reyes Jimeno, con quien coincidió en la época que ambos trabajaban en los juzgados madrileños revisando la situación de los presos de las cárceles más cercanas a la capital. Entonces, ambos tuvieron buena sintonía, como lo demuestra el hecho de que ambos denunciaran en diciembre de 2002 las supuestas presiones que otra magistrada estaba intentando ejercer sobre ambos para conseguir el régimen de semilibertad al entonces recluso Mario Conde, al que más tarde él flexibilizaría su situación penitenciaria. El Consejo General del Poder Judicial decidió hace unos meses que ese refuerzo durase seis meses. Con la previsible lluvia de recursos de presos de ETA que se avecina, nadie descarta que De Castro solicite su prórroga y pueda compartir con alguien más de su máxima confianza la decisión sobre el próximo futuro de los reclusos de la banda.
