El ‘caso de los papeles de Bárcenas’ languidece. Y lo hace muy a pesar de las acusaciones que lograron judicializarlo. Varias fuentes jurídicas personadas en la causa reconocen a este diario su temor porque el sumario que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, termine en las próximas semanas siendo ‘troceado’ e, incluso, fuera de la propia Audiencia Nacional. Los últimos autos del magistrado rechazando la práctica de numerosas diligencias, los recientes escritos de la Fiscalía dando por sentado que los delitos fiscales están en su mayoría prescritos, y los informes de Hacienda respaldando esta postura han reforzado la opinión de los que piensan que el magistrado dará carpetazo a su labor al frente de la investigación antes de que, según diferentes cálculos, se incorpore en la segunda quincena de diciembre el titular de la plaza, el aún vocal del Consejo General del Poder Judicial Miguel Carmona.
En octubre, el juez ya redujo a sólo cuatro apuntes la investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP recogida en los apuntes contables del extesorero
De hechos, los tres autos que el juez Ruz dictó el pasado 11 de octubre van en esta línea. Entonces, el magistrado dejó claro que iba a centrar la instrucción sólo en aquellos apuntes en los que las pesquisas hubieran encontrado indicios de un delito que, en opinión del magistrado, no hubiera prescrito aún. Es decir, los cometidos en 2007 o en ejercicios posteriores. Los apuntes contables del extesorero del PP dejaban, por tanto, de ser un fin en sí mismo -una vez que su credibilidad ha dejado de estar en duda- para pasar a ser un elemento de prueba más a partir del cual destapar supuestas corruptelas concretas.
Además, en aquellos escritos, el instructor reducía a cuatro los hechos puntuales a investigar: el supuesto pago con dinero negro de las obras de remodelación de la sede de Génova 13, la comisión presuntamente recibida por el partido en Toledo por la concesión en 2007 de un contrato de limpieza a una filial de Sacyr, la adquisición de un local para la formación política en La Rioja con fondos de origen no aclarado y la extraña devolución por parte de Pontevedra de una deuda con la dirección en Madrid. Estas tres últimas líneas las abrió formalmente aquel día.
De todas ellas, la primera es la que tiene más avanzada y la que le ha llevado a dictar la única orden de registro en toda la instrucción de la causa. Con ella pretende aclarar si, como apuntan los ‘papeles’ del extesorero, el PP pago supuestamente 880.000 euros de manera irregular al arquitecto Gonzalo Urquijo, dueño de la empresa de interiorismo Unifica que realizó la remodelación de la sede central del partido en Madrid. Una cantidad que nunca fue declarada a Hacienda por esta sociedad y que llevó al juez Ruz a imputar al empresario y ordenar a finales de septiembre la entrada y registro de la sede de su compañía. En esta parte, el magistrado aún está a la espera del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre la documentación hallada en las oficinas así como sobre el cruce de correos entre la compañía y dirigentes del PP que aún guardasen los servidores informáticos de Unifica. De hecho, Ruz ya dio hace dos semanas un aviso a los expertos policiales por el retraso en la elaboración de dicho análisis.
La destrucción de pruebas, ya en Plaza Castilla
Con éste en la mano, el juez debe decidir los pasos siguientes a dar y que incluyen, según diversas fuentes jurídicas, la citación de Urquijo para que declare como imputado sobre dichos pagos. No obstante, fuentes jurídicas consideran que puede ser también el momento de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 decida inhibirse en la causa y enviarla a los de Plaza Castilla si considera que los posibles delitos cometidos no son competencia de la Audiencia Nacional. En este sentido, las fuentes consultadas recuerdan que ya hizo lo mismo con la destrucción de los discos duros de los ordenadores de Luis Bárcenas, un suceso que finalmente archivo el magistrado madrileño a quien le cayó por reparto. No obstante, la investigación sobre esta supuesta destrucción de pruebas por parte del PP sigue viva en otro juzgado de la capital, en concreto en el número 49, donde su titular si ha aceptado la querella presentada por una de las acusaciones contra cuatro empleados del PP por la manipulación de los equipos informáticos y la eliminación de las agendas del extesorero.
Si el juez imputa a algún aforado en la investigación de la supuesta comisión recibida por el PP de Cospeal este caso será instruído por el TSJ de Castilla-La Mancha
Sobre la segunda línea de investigación, la referida a la supuesta comisión de 200.000 euros recibida en 2007 por el PP de Castilla-La Mancha para su campaña electoral de aquel año tras la concesión de la contrata de limpieza de Toledo a Sufi SA, una filial de Sacyr, el juez Ruz ha trabajado a fondo desde octubre. De hecho, el pasado miércoles tomó declaración José Ángel Cañas, gerente de la formación regional que preside María Dolores de Cospedal y supuesto receptor del dinero, y a los dos empresarios señalados como ‘donantes’: Luis del Rivero, quien fuera máximo responsable de Sacyr y ya estaba imputado en la cusa, y Manuel Manrique, actual presidente de esta compañía. Además, hizo que el PP le enviase la información sobre ese supuesto pago (que el partido negó en un folio) y que el Ayuntamiento de la capital castellano manchega remitiera toda la documentación de aquella adjudicación. Incluso sometió ese día a una prueba una prueba pericial caligráfica de la letra de Cañas para comprobar si las letras y los números que aparecen en los documentos manuscritos que entregó al juez el extesorero del partido fueron realizados realmente por este dirigente regional. El propio gerente castellano manchego terminó reconociendo que lo había escrito él, aunque “coaccionado” por Bárcenas.
En este mismo caso, Ruz ordenó que, una vez toda la documentación del expediente de la contratación de Sufi SA estuviera en su juzgado, se remitiera a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que sus expertos emitieran un "informe acerca de la regularidad en la tramitación de la adjudicación". El magistrado quiere saber si la misma se hizo conforme a la ley y bajo "los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia". Ese informe aún no ha llegado y hasta que no lo haga, el juez no dará grandes pasos en esta investigación. De hecho, el magistrado no descarta que a la vista de su contenido cite de nuevo a la secretaria general del PP y presidenta en esta comunidad, María Dolores de Cospedal, en cuyo interrogatorio como testigo del pasado 14 de agosto no dejó a las acusaciones que la preguntaran sobre este hecho.
Al TSJ de Castilla-La Mancha
No será ella, sin embargo, el único dirigente castellano manchega que esté pendiente de la evolución de las pesquisas sobre el supuesto pago de la comisión. Vicente Tirado, actual presidente de las Costes de la región, también se ha visto salpicado por las revelaciones de Luis Bárcenas, que incluyó su nombre entre los supuestos asistentes a las reuniones entre dirigentes del PP y responsables de Sacyr en los que presuntamente se fraguó el pago de los 200.000 euros. Su condición de aforado hace temer a las acusaciones que todo lo referido a esta comisión termine pasando al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en un paso más del temid ‘fraccionamiento’ de la causa.
Las pesquisas sobre dos de los apuntes que aún investiga el juez Ruz dependen de sendos informes de Hacienda, que hasta ahora ha negado la veracidad a los 'papeles de Bárcenas'
De los otros dos apuntes contables en los que Ruz ha centrado la investigación (el envío en 2008 de 200.000 euros desde Génova 13 a su partido en La Rioja para la adquisición de una sede en esta comunidad y el pago de 160.000 euros de una deuda de la formación en Pontevedra), el juez ha encargado sendos informes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) antes de tomar una decisión sobre la petición de algunas de las acusaciones de citar a declarar como testigos a responsables del partido en estos territorios. No obstante, las fuentes jurídicas consultadas son pesimistas sobre el avance de ambas líneas de investigación y se muestran convencidos de que ambas terminarán siendo cerradas por el propio Ruz. En este sentido recuerdan el último informe del organismo dependiente de Hacienda incorporado a la causa por la Fiscalía Anticorrupción, que en cuatro folios ponía en duda hasta la veracidad de los apuntes contables del extesorero. “Con estos antecedentes, dudo que en estos nuevos informes la Intervención General asegure haber encontrado indicios de delito”, reconoce con cierto pesimismo uno de los abogados personados en la causa.
Algunas acusaciones incluso ponen fecha al fin del ‘caso de los papeles de Bárcenas’ en la Audiencia Nacional: segunda quincena de diciembre. Para esa fecha está prevista la llegada al Juzgado Central de Instrucción número 5 del juez Miguel Carmona, titular de la plaza y actual vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Diversas fuentes apuntan que el acuerdo entre PP y PSOE para la renovación del órgano de gobierno de los jueces es inminente y que, con ello, Carmona y el resto de miembros del CGPJ volverán a sus puestos. El de Carmona es el juzgado que ahora ocupa su compañero Pablo Ruz que, en el mejor de los casos, se quedaría como juez de refuerzo, algo que no implica, ni mucho menos, seguir instruyendo ni este sumario ni el de la trama Gürtel. “Por ello va a intentar cerrar los dos antes de dejar su instrucción”, apunta un abogado personado en ambos, que insiste que mientras el que investiga la red de corrupción encabezada por Francisco Correa está prácticamente acabado –así lo indicaba el propio magistrado en uno de los últimos autos-, la salida que Ruz puede terminar dando al segundo para que no acabe en manos de su sucesor sea, precisamente, ‘trocearlo’ y sacarlo de la Audiencia. Para ello, encontrará el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, que durante toda la instrucción ha demostrado en varias ocasiones que el caso le incomoda. No así de las acusaciones que anuncian a este diario que entre sus planes está la de pedir nuevas diligencias para que el caso “no termine muriendo”.
