Deberes para Navidad. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha dictado este lunes una providencia para "agilizar la instrucción en curso " del 'caso Gürtel' en el que ordena a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y a la Intervención General de la Administración dell Estado (IGAE), estos últimos dependientes del Ministerio de Hacienda, la entrega antes del próximo 15 de febrero de diez informes sobre la trama de corrupción que estos organismos tienen pendientes. La mayoría de estos estudios están relacionados con las contrataciones supuestamente irregulares que el grupo de Francisco Correa realizó en varios municipios de Madrid y con la documentación intervenida al comienzo del estallido de caso, allá por febrero 2009, en las sede de varias empresas de la trama. Hace escasos días la propia UDEF había reconocido en un informe remitido al magistrado que aún tenía sin finalizar siete análisis de documentación además de los datos remitidos por las autoridades judiciales extrajeras en virtud de 21 comisiones rogatorias.
Antes de que acabe el año, el juez quiere tener en su mesa un informe de la UDEF sobre la documentación intervenida en la 'sede central' de la trama y otro sobre los contratos de la red con el Ayuntamiento de Majadahonda
De hecho, es a la Policía a la que el juez Ruz pone más 'deberes' para las próximas semanas 'Deberes' que deberán entregar, además, de modo escalonado con tres fechas topes: el 31 de diciembre, el 31 de enero y el 15 de febrero. Los primeros informes que el magistrado quiere sobre su mesa antes de que acaba el año es el informe sobre la documentación intervenida en un piso del número 40 de la calle Serrano de Madrid, vivienda que la Policía considera la sede central de la trama de corrupción. En su último informe, la UDEF ya reconocía tener este estudio "en proceso de conclusión". Para un mes después, deberán llevar a la Audiencia Nacional otros cinco informes. El primero, uno sobre los documentos intervenidos en las oficinas de Easy Concept Comunicación SL, una de las mercantiles dedicadas al marketing claves de la trama. Relacionado con esta misma empresa, los agentes también deberán remitir un estudio sobre la documentación hallada en la nave industrial que la misma tenía en el Polígono Ventorro del Cano, en la localidad madrileña de Alcorcón.
Con el 31 de enero de 2014 también como fecha tope, la Policía deberá presentar otro sobre la información recabada en las dependencias en la calle Panamá de Madrid de Galher Servicios Administrativos SA, una de las sociedades a través de las que se gestionaba el entramado empresarial de la red. Los dos últimos informes que la UDEF deberá concluir antes de esa fecha son uno "global" sobre la memoria informática externa que se intervino en su domicilio a José Luis Izquierdo, el consideraod contable de la trama, y el que deben redactar sobre "la agenda personal" y los disposiitivos informáticos encontrados en el domicilio particular de David Luis Cerezo, una empleado de Correa que supuestamente intervino en la 'Operación Arganda', el mayor pelotazo de la Gürtel. Finalmente, para el 15 de febrero, los agentes deberán haber concluido el estudio de la documentación hallada en la sede de la sociedad Consultoría y Gestión de Inversiones SL, cuyas facturas fueron supuestamente utilizadas para ocultar dádivas a políticos.
A la IGAE y la ONIF
Otras dos organismos deberán también ponerse las 'pilas' en los próximos días para entregar al juez Ruz informes pendientes sobre la Gürtel. Así, la IGAE deberá entregar tres. El primero, antes de fin de año, sobre la existencia o no de irregularidades en los contratos firmados entre las empresas de la trama y el Ayuntamiento de Majadahonda. Treinta días más de plazo tendrán para finalizar otros dos muy similares , pero con otras administraciones públicas. Uno, sobre los contratos firmados por la red con el también madrileño consistorio de Pozuelo de Alarcón. El segundo, es una ampliación sobre el ya emitido refeirdo a los que les adjudicó la Comunidad de Madrid. Por último, el juez pide a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, que presente antes del 31 de enero varios estudios, cuyo número no concreta, que tiene pendientes respecto a la información remitida por la Justicia de varios países a la Audiencia Nacional en respuesta a distintas comisiones rogatorias enviadas por el magistrado en los últimos meses.
