La compra de la sede del PP en Logroño sigue bajo sospecha dentro del 'caso Bárcenas'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha dictado un auto para recabar más información sobre el origen del dinero con el que el partido compró en 2008 los locales en los que la instaló. Y lo hace después de recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que le alerta de que algunos extremos de aquella adquisición no están del todo claros con la información que hasta ahora ha remitido la formación política. En concreto, la Policía cree necesario contar con la documentación de dos préstamos que concedió en aquellas fechas el Banco Santander a la formación por un importe superior al millón de euros. El magistrado ordena en su escrito que se requiera al director de la sucursal donde se tramitaron dichas hipotecas para que entregue toda la documentación sobre los mismos "de inmediato".
El juez quiere que el Santander le entregue los análisis de riesgo, las notas internas, las propuestas comerciales y las comunicaciones que generaron ambos préstamos al PP
El auto con el que el juez ordena las nuevas diligencias, y al que ha tenido acceso Vozpópuli, recuerda que una de las líneas de investigación surgidas de la célebre contabilidad manuscrita del extesorero del PP es la compra de varios inmuebles en la capital de La Rioja en 2008 para habilitarlos como nueva sede regional de los 'populares'. Uno de estos apuntes reflejaba la supuesta entrada de 200.000 euros de dinero negro en las arcas de Génova procedentes del partido en esta comunidad que posteriormente salieron presuntamente ya 'blanqueados' desde las cuentas oficiales del partido en Madrid de vuelta a Logroño para ser utilizados en dicha adquisición. Por ese apunte, ya han declarado en la Audiencia Nacional dos dirigentes regionales y el juez ha reclamado abundante documentación interna a la formación.
Sin embargo, del análisis que ha hecho de ésta, la UDEF no ha podido aclarar determinados puntos oscuros de la compra. En concreto, los detalles de los dos créditos concedidos por el Banco Santander al PP regional para hacer frente a la costosa operación urbanística, finalmente cercana a 1,5 millones de euros. Por ello, los agentes han pedido al juez que solicite "los expedientes de préstamos emitidos por el Banco Santander" ya que, a pesar de ser únicamente dos, se adquirieron con ellos cuatro inmuebles. Una solicitud de la Policía a la que ha accedido el juez Ruz, quien ya ha pedido al director de la "sucursal sita en la calle Bretón de los Herreros número 1 de Logroño toda la documentación que obre en sus archivos y expedientes" relacionados con ambas operaciones financieras.
El magistrado quiere desde los análisis de riesgo que la entidad debió elaborar, hasta las notas internas del banco, las propuestas comerciales y las comunicaciones. Y lo quiere rápidamente, como refleja el hecho de que en el mismo escrito autoriza a los funcionarios de Policía que se desplacen a Logroño a entregar dicho auto a recoger la documentación requerida. En concreto, pide los datos del crédito de 900.000 euros concedido el 28 de abril de 2008 ante el notario Juan García-Jalón, y el de 120.000 otorgado seis meses después, en concreto el 6 de octubre del mismo año, ante el fedatario Juan Francisco López Arnado. Según refleja Ruz, el PP utilizó ambos para adquirir cuatro inmuebles: una primera planta y tres locales comerciales en planta baja, ubicados todos ellos en el número 3 de la calle Duquesa de la Victoria, de Logroño. Allí se encuentra actualmente la sede regional del partido.
Un año de pesquisas
La investigación sobre la adquisición y remodelación de la misma la inició el juez Ruz el pasado mes de mayo, cuando solicitó los libros de contabilidad del partido en esta región junto a los de otras cinco delegaciones autonómicas y provinciales de la formación que figuraban mencionadas en los 'papeles de Bárcenas'. No obstante, no fue hasta octubre cuando el magistrado concentró buena parte de sus esfuerzos en investigar el verdadero sentido del apunte contable que reflejaba la supuesta entrada de 200.000 euros de dinero negro en las arcas de Génova procedentes del PP de La Rioja. Entonces, el juez dictó un auto en el que ordenaba a los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente de Hacienda) que realizara un informe sobre dicho movimiento y la posterior salida por transferencia de la misma cantidad de vuelta a las arcas de la formación regional.
Para ello, puso a disposición de la IGAE la contabilidad del PP que ya se había incorporado entonces a la causa, así como la transcripción de la declaración que Bárcenas hizo en julio ante el juez y copia de la documentación que éste había entregado en el juzgado aquel día. Tres meses después llegaba el análisis de la IGAE y el juez citaba como testigos a dos dirigentes riojanos del partido: su secretario general, Carlos Cuevas, y la gerente, Ana Elvira Martínez. Al término de las evasivas y ambiguas declaraciones de ambos, el magistrado les reclamó abundante documentación. Días después llegaban a la Audiencia Nacional 333 folios, entre los que había contratos privados de compraventa, escrituras, poderes notariales, estudios arquitectónicos, licencias municipales y trece facturas relacionados con la adquisición y la remodelación de dicha sede.
El PP gastó en total cerca de 1,5 millones de euros en su nueva sede. Algo más de 1 millón corresponden a créditos hipotecarios concedidos por el Santander
De ésta, el juez ya ha podido comprobar que los 'populares' adquirieron a Iberdrola Inmobiliaria un piso y dos locales por los que pagaron 800.000 euros mediante un cheque. Ese mismo día, el secretario general y la gerente de la formación, que habían recibido poderes notariales del propio Bárcenas y su antecesor en la tesorería de Génova 13, Álvaro Lapuerta, firmaron con el Santander un préstamo de 900.000 euros. Meses después, la formación consiguió adquirir otro local en el mismo inmueble a una particular, por el que pagaron 309.000 euros. También en la misma jornada, solicitaron un nuevo préstamo hipotecario, en este caso, de 120.000 euros, lo que elevó la deuda con el banco a algo más de 1 millón de euros. Un cifra que se quedaba ligeramente por debajo de lo que el PP había abonado por los tres locales y el piso, y que ascendía a 1.109.000 euros. A esta cantidad le sumaron posteriormente los 317.840 euros de la reforma que reflejan las trece facturas.
"A fondo perdido"
En total, el PP gastó cerca de 1,5 millones de euros en 2008 en dotarse de una nueva sede en la capital riojana que, según declararon ante el juez Ruz los dos dirigentes que comparecieron como testigos, se cubrieron con el dinero de los dos préstamos hipotecarios ahora bajo sospecha, los propios recursos del partido, donativos de los afiliados y "la ayuda de la sede nacional", en referencia a los 200.000 euros que investiga el magistrado. Según manifestaron en la Audiencia Nacional tanto Cuevas como su compañera, esta cantidad se la remitieron desde Génova "a fondo perdido" y sólo se enteraron de que les habían transferido al mirar el extracto de la cuenta en la que fue ingresado el dinero.
El juez también recela de otros elementos que se desprende de la documentación entregada hasta ahora por el PP sobre dicha sede regional. Así, ha detectado un sobrecoste en la reforma del edificio de más de 100.000 euros que no está justificado en los papeles entregados. También le ha llamado la atención los sorprendentemente bajos honorarios del arquitecto que se encargó del proyecto (poco más de 1.000 euros, IVA incluido) y las actas del Comité Ejecutivo regional de la formación que reflejan que éste órgano despachó la decisión de la compra de los locales en sólo veinte minutos.
