El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz asegura que los responsables de los departamentos de Tesorería y la Gerencia del PP dieron "cobertura a una facturación oficial ficticia" de las obras realizadas en su sede entre los años 2005 y 2011, en coordinación con la empresa del arquitecto Gonzalo Urquijo, informa Europa Press.
En un auto hecho público este viernes el magistrado indica, que esta facturación "sería liquidada con fondos existentes en el sistema económico vía cheque contra presentación de facturas y el abono de la parte restante de los trabajos ejecutados mediante fondos ajenos". El juez considera que los papeles enviados por el PP a través de la Fiscalía tienen "relevancia penal", lo cual ha motivado esta entrada en Génova.
Ruz destaca que estos fondos guardarían "correspondencia con las anotaciones contables reflejadas en los denominados 'papeles de Bárcenas'" en los que se reflejaban donaciones de empresas constructoras que superaban los límites establecidos por la ley.
Ruz pidió al PP toda la documentación
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó a la Policía recabar en la sede del PP toda la documentación relacionada con la reforma del edificio de la calle Génova, pero también "cualesquiera otros elementos que pudieran estar relacionados con los apuntes contables" del extesorero de la formación Luis Bárcenas que reflejarían una supuesta caja B.
En el auto en el que autorizó el jueves por la tarde la petición de información, el magistrado ordenaba requerir al partido que entregara "la totalidad de la documentación de cualquier género que obrare en las dependencias de tesorería, gerencia, contabilidad, caja, auditoría interna o cualesquiera otros archivos del Partido Popular albergados en la sede" referidos a esas obras.
El juez dice que hay 12 documentos que le son nuevos y "de relevancia para la presente instrucción"
En el escrito, el juez añadía que la Policía también debía recabar "cuanta documentación en soporte papel o digital que guarde relación con los hechos" y con los apuntes de Bárcenas, en especial los referidos a entregas de dinero al arquitecto que hizo las obras, Gonzalo Urquijo -que aparece en los papeles de Bárcenas como receptor de 888.000 euros-, y su empresa Unifica.
En el escrito, el juez establecía que si el PP no hubiera accedido al requerimiento se habría ordenado la entrada y registro de la sede.
El secretario judicial de Ruz y dos agentes de la Policía han permanecido catorce horas -desde el jueves a las 20.00 hasta este viernes hasta las 10.10 horas- en la sede del PP de Génova 13 recabando la información pedida por el juez sobre las obras en el edificio, que los investigadores creen que se pagaron, en parte, con dinero negro.
Doce documentos de "plena relevancia"
En el auto, de 16 páginas, el juez recuerda que pidió la información al PP el 30 de julio y que el partido le remitió varios documentos el 10 de agosto, pero añade que la semana pasada el partido entregó a la Fiscalía Anticorrupción diecisiete facturas fotocopiadas, algunas de las cuales no había remitido al juez en agosto.
En concreto, Ruz destaca que solo cinco de esos diecisiete documentos le habían sido remitidos en agosto y que otros doce le son nuevos y "de relevancia para la presente instrucción", consistentes en "órdenes de pago y recibís con diversas anotaciones manuscritas y firmas estampadas sobre los documentos".
A juicio del juez Ruz, "la actividad presuntamente delictiva investigada puede calificarse de grave"
Estos doce documentos, insiste, no habían sido "aportados antes por la formación política pese al requerimiento" del juez y, en algunos casos, "aportan matices respecto de la documentación" requisada en un registro a la empresa Unifica. El magistrado recuerda que en este caso se investigan delitos contra la Administración Pública como cohecho y tráfico de influencias y, en cuanto a Unifica, delitos fiscales que implicarían a Urquijo como autor y a los extesoreros y exgerentes del partido Luis Bárcenas, Cristóbal Páez y Álvaro Lapuerta como cooperadores.
A juicio del magistrado, "la actividad presuntamente delictiva investigada puede calificarse de grave" y por ello el requerimiento de información o, subsidiariamente, el registro de la sede era apropiado. En el auto, el juez afirma que la petición de información comprendía también que se aportaran los archivos informáticos o correos electrónicos que obrasen en los ordenadores de la sede relacionados con los hechos investigados y los imputados en el caso, "en particular respecto de quienes ostentaron las responsabilidades en las áreas de tesorería y gerencia durante el periodo temporal objeto de investigación: Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Cristóbal Páez.
