La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aprobado este lunes el plan de actuación presentado conjuntamente por la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y el magistrado en comisión de servicio, Álvaro Martín, por el que éste asumirá, "en un marco de plena colaboración y entendimiento", la tramitación de las seis piezas en las que la magistrada ha dividido el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía. Entre estas seis piezas se encuentra la del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas abierta contra 52 ex altos cargos, entre ellos los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El Tribunal Supremo Andaluz decidió apartar a la juez Alaya de la investigacuón por su "clara voluntad de no colaboración", con la juez titular, María Núñez
Según ha informado el TSJA en un comunicado, esta propuesta se realiza conforme al acuerdo de la Sala de Gobierno del 13 de octubre sobre el plan de actuación en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, por el que se aprobó que el magistrado comisionado quedara "integrado plenamente" en el refuerzo para la tramitación de las diligencias previas de los casos de los ERE, de los avales concedidos por la agencia IDEA y el de las irregularidades en los cursos de formación. Hay que recordar que la magistrada acordó desgajar de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo y José María Sayago.
La propuesta ha sido "consensuada" entre la propia María Núñez Bolaños y el juez de refuerzo, todo ello después de que el pasado mes de octubre, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía apartara a la juez Mercedes Alaya de la investigación de los ERE y acordara que María Núñez y Álvaro Martín propusieran conjuntamente "la oportuna distribución de cometidos" en relación a las 'macrocausas', todo ello "sin perjuicio igualmente de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura". En virtud del mismo y "con el fin de agilizar y dar un mayor impulso a estas diligencias", la Sala de Gobierno del TSJA propone que el magistrado comisionado se dedique de forma exclusiva a la tramitación de estas seis primeras piezas de los ERE.
El TSJA recuerda que todas las decisiones parten de la premisa de que los comisionados colaborarán con la nueva titular
Para el conocimiento y tramitación de los asuntos ordinarios del Juzgado, se propone el nombramiento de un Juez de refuerzo, mientras que la titular continuará con la tramitación del resto de macrocausas que se siguen en el Juzgado, en concreto, las diligencias previas sobre los avales concedidos por IDEA y las irregularidades en los cursos de formación. La Sala señala en su acuerdo que el anterior plan y criterios de distribución podrá ser revisado y modificado, a petición de los interesados y en función de las necesidades del Juzgado, "a la vista de su efectivo desarrollo e incidencia en la tramitación de las causas complejas y en la normalización del citado Juzgado, aspectos que deberán ser objeto de especial control periódico por esta Sala de Gobierno".
Por ello, la Sala de Gobierno acuerda solicitar a la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que informe periódicamente a la Sala de Gobierno, en plazo no superior a tres meses, sobre la medida de apoyo y refuerzo adoptada. Además, la Sala de Gobierno toma conocimiento de la posibilidad de adscribir, en su momento, jueces o magistrados especializados como colaboradores técnicos procedentes de otras jurisdicciones, especialmente de la Contencioso-Administrativo en el marco de la Unidad de Apoyo para Causas de Corrupción (UACC) creada por el Consejo General del Poder Judicial. La propuesta de reparto de trabajo aprobada este lunes por la Sala de Gobierno del TSJA será elevada al Consejo General del Poder Judicial para su ratificación.
