La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que juzga a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los ERE, retomará la vista oral este martes con las cuestiones previas después de que los tres días previstos inicialmente en diciembre para la presentación de las mismas se consumieran con la lectura de los escritos de acusación y de defensa.
De este modo, el juicio tiene previstas dos sesiones esta semana, concretamente el martes y el miércoles, y una vez que finalice la presentación de las cuestiones previas el tribunal requerirá del tiempo "suficiente" para resolverlas antes de proseguir con el juicio con la práctica de la prueba y las declaraciones de los 22 acusados, de 117 testigos y de una docena de peritos, según ya indicó en diciembre el magistrado ponente del juicio, Juan Antonio Calle Peña.
El juicio tiene previstas dos sesiones esta semana, concretamente el martes y el miércoles
Según subrayó Calle Peña, "habrá una pausa" en la celebración del juicio "para estudiar y resolver las cuestiones previas" antes de seguir con la vista oral, todo ello "salvo que prospere alguna cuestión previa que pide la nulidad y que el procedimiento sea devuelto", en alusión a la cuestión previa que planteará el abogado de José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, José María Mohedano.
De este modo, y salvo que alguna de las cuestiones previas prospere, el juicio se celebrará tres días a la semana, concretamente los lunes y martes en horario de mañana y el miércoles en horario de mañana y tarde.
Mohedano, cabe recordarlo, reclamará la nulidad de todas las actuaciones desarrolladas en la fase de instrucción por el juez de refuerzo Álvaro Martín al considerar que se vulneró el derecho al juez predeterminado por la ley que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, por su designación como encargado de la instrucción de la causa de los ERE, tras la llegada de María Núñez Bolaños como nueva titular del Juzgado.
Y es que el abogado considera que este nombramiento sólo habilitaba a Álvaro Martín para realizar labores de apoyo o asistencia a la juez titular, todo ello en un caso que comenzó a instruir en enero del año 2011 la magistrada Mercedes Alaya.
De su lado, el abogado de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo planteará como cuestión previa la "necesidad" de modificar el orden de practicar las pruebas en el juicio para que los acusados declaren tras los testigos y peritos y no antes, como sucede habitualmente.
Tres días de juicio
El juicio comenzó el día 13 de diciembre de 2017 con la lectura de los escritos de acusación formulados por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones que ejercen PP-A y Manos Limpias, tras lo que los dos días siguientes se centraron en la lectura de los escritos de defensa de los acusados.
Los abogados de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante la lectura de sus escritos de defensa, insistieron en que sus patrocinados ni conocieron ni pudieron conocer el presunto fraude. Así, el letrado de Chaves subrayó que éste "ni conoció ni pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas" a la concesión de ayudas sociolaborales.
Por su parte, el abogado de Griñán pide su absolución porque "nunca" intervino en la concesión concreta de las ayudas y "no se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos, dado que no era de la competencia de su Departamento de Hacienda".
Los 22 acusados
Los acusados, además de Chaves y Griñán, son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo; de Innovación, Francisco Vallejo; de Presidencia, Gaspar Zarrías, y de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez.
El juicio, para que el que se han acreditado 160 profesionales de 40 medios de comunicación, también se dirige contra los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá; de Innovación, Jesús María Rodríguez, y de Economía, José Salgueiro; los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez; el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
El listado de acusados se completa con los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete; el exjefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río; el ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa; el ex secretario general de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García; y los ex secretarios generales técnicos de este departamento Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo.
Las peticiones de Anticorrupción
La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación, por el que pide diez años de inhabilitación, mientras que también ve responsables de un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 ex altos cargos procesados.
Por ambos delitos, el Ministerio Público reclama seis años de cárcel y otros 30 años de inhabilitación para José Antonio Griñán, mientras que a Manuel Chaves le reclama una condena de diez años de inhabilitación por el delito de prevaricación, no acusándolo de malversación.
Por el delito de malversación, el Ministerio Público pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para Griñán, Martínez Aguayo y Manuel Gómez, mientras que, para otros 12 ex altos cargos, eleva su petición por el delito de malversación hasta los ocho años de prisión y la misma pena de inhabilitación.
En este último grupo se encuentran José Antonio Viera, Antonio Fernández, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Juan Francisco Sánchez García, Javier Aguado Hinojal, Lourdes Medina Varo, Jacinto Cañete y Miguel Ángel Serrano.
La Fiscalía pide que estos 15 acusados a los que se atribuye el delito de malversación respondan solidariamente de la "devolución a la Hacienda Pública andaluza del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E", y establece para ello distintas cuantías que tendrían que devolver.
741 millones
Así, cifra la cantidad que deben devolver estos 15 acusados por malversación en más de 741 millones en la década en la que estuvo funcionando el sistema (2000-2010), de los cuales considera que Griñán debe devolver solidariamente junto a otros acusados 483,9 millones de euros, por las ayudas concedidas entre 2005 y 2010.
De su lado, la acusación particular que ejerce la Junta en el caso ERE ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir los controles de la Intervención y conceder de forma arbitraria las ayudas de los ERE.
Por su parte, el PP-A, que a los delitos de prevaricación y malversación suma el de asociación ilícita, ha pedido dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán.
