2019 será el año en el que se sentaron en el banquillo de los acusados los responsables del desafío soberanista en Cataluña. Fue la respuesta judicial a aquel otoño desafiante de dos años antes, que había alcanzado su clímax con la celebración del referéndum ilegal del 1-O. Fueron cuatro meses de sesiones de juicio televisado que acabó con condenas de entre nueve y trece años de cárcel. El fallo provocó la reacción airada del independentismo en las calles de Cataluña y una promesa a modo de amenaza: "Lo volveremos a hacer".
Al final fue sedición. El juicio celebrado en el Tribunal Supremo giró en torno al debate planteado por la dos acusaciones principales en torno a grado de violencia del procés. La Fiscalía consideró que los hechos se correspondían con una rebelión. El Ministerio Público llegó a hablar de “golpe de Estado” e incluyo en en la ecuación a los Mossos d’Esquadra como una suerte de ejército de 17.000 agentes armados al servicio del plan rupturista de la Generalitat.
La Abogacía del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, abandonó esa tesis pese a haberla defendido durante la instrucción. Fue después de que Pedro Sánchez llegase a La Moncloa tras la moción de censura que descabalgó del Gobierno a Mariano Rajoy y cesase al abogado del Estado al cargo de la causa. Los servicios jurídicos del Estado sostuvieron durante todo el juicio que la violencia empleada no formó parte estructural de los planes independentistas defendió sus penas de hasta 12 años por sedición.
La tesis de la "ensoñación" y el relato político
El tribunal que presidía el juez Manuel Marchena dio la razón a la Abogacía del Estado. En su sentencia de casi 500 folios estableció además la tesis de que el procés no había sido más que una quimera, "una ensoñación" sin efectos reales. La idea apreciada por los jueces que los líderes independentistas desarrollaron el procés no con vistas a alcanzar la independencia, sino como un plan para forzar al Gobierno a negociar el derecho de autodeterminación.
A lo largo de 52 sesiones de juicio hubo ocasión de apreciar estrategias jurídicas y relatos políticos como el que desveló el lehendakari Iñigo Urkullu. Aseguró ante el tribunal que le tocó jugar un papel de intermediario entre la Generalitat y La Moncloa. Dijo que el expresidente fugado Carles Puigdemont estaba dispuesto a aparcar la declaración de independencia y convocar elecciones. Añadió que a Rajoy tampoco le entusiasmaba la idea de aplicar el 155 en Cataluña.
El juicio quedó visto para sentencia un 12 de junio y la sentencia no se conoció hasta cuatro meses después. Hablaron los jueces y ardieron las calles de Cataluña
También compareció el exmayor de los Mossos d’Esquadra, José Luis Trapero, pendiente de ser juzgado en la Audiencia Nacional por los mismos hechos. Reveló al tribunal -y a los millones de personas que siguieron el juicio por la señal del Supremo- que la policía autonómica llegó a diseñar un plan para detener a Puigdemont. Y que la cúpula policial avisó a Oriol Junqueras, el expresidente y la cúpula de la Generalitat de los riesgos de seguridad que entrañaba seguir adelante con la convocatoria del referéndum.
Violencia y caos sin condena
El juicio quedó visto para sentencia un 12 de junio y la sentencia no se conoció hasta cuatro meses después. Hablaron los jueces y ardieron las calles de Cataluña, principalmente Barcelona. Fueron días de caos, violencia, barricadas en llamas y enfrentamientos con la Policía que provocaron decenas de detenidos y heridos. En aquellas jornada de violencia, que se desarrollaban casi siempre al caer la calle confluyeron los movimientos independentistas radicales con sectores antisistemas históricamente arraigados en Cataluña.
Entre los causantes de los graves disturbios había veinteañeros educados políticamente en la lógica del procés y las promesas de independencia. La sentencia del Supremo agitó su frustración. Junto a ellos, en primera línea, había elementos violentos de mayor edad y con experiencia en tácticas de guerrilla urbana. En sus pintadas ya no dibujaban lazos amarillos, sino simbología y lemas anarquistas.
Sin embargo, la reacción del independentismo, desde los medios de comunicación a la Generalitat que preside Joaquim Torra, fue de ambigüedad ante la violencia cuando no directamente de justificación. Apenas unas semanas antes de la sentencia, la Guardia Civil llevó a cabo la ‘Operación Judas’ contra un presunto grupo terrorista independentista. La respuesta del soberanismo fue acusar a las instituciones de practicar la represión.
La causa interminable
En ese caldo de cultivo emergió la plataforma Tsunami Democràtic, capitalizando el protagonismo en lo que a las protestas tras la sentencia se refiere como demostró el pasado 18 de diciembre en torno al clásico entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid. Este movimiento, al que la Audiencia Nacional investiga por terrorismo, cosechó un pinchazo en cuanto a convocatoria y no evitó que los aledaños del Camp Nou volvieran las barricadas y las cargas policiales.
Con todo, los litigios judiciales en torno al procés no acabaron con aquella sentencia. La Justicia termina el año pendiente de la respuesta a la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de Junqueras. Los condenados, todos ellos en cárceles catalanas, aguardan a que el departamento de servicios penitenciarios -que depende de la Generalitat- confirme su clasificación en segundo grado.
Eso abriría la puerta a estudiar los beneficios penitenciarios que contempla el reglamento penitenciario, incluyendo excarcelaciones. Mientras tanto el mensaje que emiten desde el independentismo, tanto desde dentro de la cárcel hasta la Generalitat pasando por la residencia del expresidente Puigdemont en Waterloo es de nulo arrepentimiento. Anuncian que lo volverán a hacer, como ya avanzaron algunos de los acusados en su turno de última palabra desde el mismo banquillo de los acusados.
