Las elecciones catalanas, previstas para el 14 de febrero, pueden poner fin al procés tal y como se conoce hasta ahora. El frente de izquierdas (ERC-PSC-Podemos) avanza y la pieza clave para, a su juicio, "resolver el conflicto territorial" es liberar a Oriol Junqueras de sus condenas. Y, así, repetir los equilibrios que les catapultó a La Moncloa y al Ayuntamiento de Barcelona.
El líder catalán de Podemos, Jaume Asens, es quien lleva la batuta de esta operación que cuenta con el aval de Pedro Sánchez y sus socios nacionalistas en Cataluña para "explorarla", explican las fuentes consultadas.
La única posibilidad para poder cumplir con los tiempos electorales en Cataluña es mediante el indulto, ya que la reforma del delito de sedición en el Código Penal, aunque sea por vía urgente y a la medida de Junqueras, requiere de unos procedimientos parlamentarios más extensos.
El Ministerio de Justicia ya tiene en sus manos la petición de indulto presentada por el abogado Francesc Jufresa, que solicitó el máximo posible de esta medida de gracia para que puedan volver al cargo público, como establece el Artículo 6 de la Ley de Indulto: las penas de inhabilitación para cargos públicos y derechos políticos y sujeción a la vigilancia de la Autoridad no se tendrán por comprendidas "si de ellas no se hubiese hecho mención especial en la concesión".
A instancias de Vozpópuli, Jufresa pone de ejemplo el indulto otorgado por el Gobierno de José María Aznar al juez condenado por prevaricación José Gómez de Liaño por el caso Sogecable, que pudo volver a ejercer tras beneficiarse de la medida de gracia. "Si quisieran, PSOE y Podemos podrían conceder mañana mismo el indulto. También pueden hacer una reforma exprés del delito de sedición que rebajaría la pena de inhabilitación, pero estos tiempos son más largos".
Indulto total
Es al Consejo de Ministros a quien le corresponde aprobar el indulto. Para su tramitación se requiere de tres informes preceptivos -pero no vinculantes- del tribunal sentenciador, en el caso en cuestión, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de la Fiscalía de Sala también del Supremo y de los servicios penitenciarios donde los dirigentes cumplen condena.
En el caso del indulto total -que incluye la anulación de la pena por inhabilitación- se necesita otro informe del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Estado. Y es el tribunal sentenciador quien debe valorar para aceptarlo o rechazarlo el tiempo de condena cumplidos o si se perjudica a terceros, entre otros criterios, según reza el artículo 25 de la Ley de Indulto.
Si alguno de estos informes se demorara, como ha ocurrido en algunas ocasiones, el Ministerio de Justicia tiene la capacidad de reiterar su requerimiento. Es decir, se podrían cumplir con los tiempos para que Junqueras pudiera presentarse a los comicios del 14 de febrero. Siempre y cuando el Supremo no se oponga a concederlo.
Así lo reconoce también el abogado de Junqueras, Andreu Van den Eynde, a Vozpópuli: "El procedimiento no tiene ningún impedimento formal para que se pueda hacer con los tiempos antes de las elecciones". Sin embargo, asegura que no participan "en estas hipótesis".
Oficialmente, el partido sigue defendiendo una ley de amnistía para los presos del procés. Pero cada vez más dirigentes admiten que Pere Aragonès, pese a ser un "gran gestor", no es el mejor perfil como candidato. Si el Gobierno de coalición aprueba esta medida de gracia será también visto como una victoria moral, ya que consideran que "los tribunales europeos les han dado la razón".
"Difuminar la responsabilidad"
Hasta ahora, y según publicó El Confidencial, el Ejecutivo venía trabajando en una reforma de "sedición impropia" a la medida de Junqueras que incluiría el empleo de fondos públicos, es decir, un tipo penal más complejo que consiga que se excluya en su caso particular la fórmula concursal y se castigue con una condena conjunta. De este modo, se podría agilizar el regreso del líder de ERC a primera línea de la política pero no daría tiempo -por muy exprés que fuera la reforma- a su candidatura a las elecciones.
Las fuentes jurídicas consultadas por este medio sostienen que esa sería una manera de "difuminar la responsabilidad del Gobierno", ya que serían las Cortes quienes aprobarían esta modificación de la sedición. El indulto, en cambio, es potestad del Ejecutivo en exclusiva. "El indulto no es un derecho, sino una gracia. Discrecional", afirman.
De momento solo Podemos admite abiertamente su disposición a aplicar los indultos: "Es muy posible que se apliquen". El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, también ha avalado la medida como la forma de resolver el "conflicto". El Consejo de Ministros será quien tenga la última palabra.
